Se acaba de hacer público el contenido de la Sentencia de 16 de octubre de 2018 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se ha declarado la nulidad del artículo 68.2 del Reglamento de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, que estipulaba que en las constituciones de hipotecas el obligado a liquidar el impuesto era el prestatario y no el banco.

Esta sentencia pone fin a la controversia iniciada con la jurisprudencia en relación a qué parte de los gastos de las hipotecas tenía que soportar cada parte. El Tribunal Supremo estableció que, desde la óptica civil, este gasto corría a cargo del prestatario, pero sin entrar en valoraciones relativas a la normativa fiscal.

En cambio, el Tribunal Supremo se pronuncia ahora respecto de la fiscalidad de la concesión de los préstamos hipotecarios en general, ya que, al anular el precepto anteriormente señalado, modifica la Jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo, que tenía declarado que los gastos de Actos jurídicos documentados las tenían que soportar los prestatarios y no los bancos. A partir de ahora queda establecido que este tributo, por ley, debe soportar el prestamista (el banco) y no el prestatario. Respecto de los impuestos ya pagados por los prestatarios con anterioridad a la Sentencia, existe todavía debate respecto de si se podrán reclamar como ingresos indebidos a la Administración Tributaria (los últimos 4 años) o directamente a los bancos.