La Ley de defensa de consumidores y usuarios establece un plazo de tres años desde su entrega en el caso de bienes, y de dos años desde la prestación en el caso de los servicios o contenidos digitales.
En la venta de bienes de segunda mano, el plazo será también de 3 años, aunque se permite que las partes pacten uno menor, siempre que no sea inferior al año.
Estos plazos son los mínimos impuestos por la ley, de modo que en caso de que el fabricante o vendedor ofrezca una garantía superior, será de aplicación esta.