FAQs

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No, pero sí es muy recomendable.

Se recomienda para el inquilino contratar un seguro de hogar que cubra su responsabilidad civil por daños y el contenido propio del inmueble. 

El seguro de responsabilidad civil es fundamental para un inquilino, no solo para cubrir los daños que pueda ocasionar a terceros y que no estarían cubiertos por el seguro del propietario, sino también para cubrir los daños que pueda causar en la vivienda mientras la tiene alquilada.

Por otra parte, asegurar el contenido  propio es fundamental, incluso en el caso de que la vivienda se haya alquilado amueblada y el seguro del propietario ofrezca cobertura. Todos los enseres personales del inquilino quedan fuera de la cobertura del seguro contratado por el propietario, en caso de que lo tenga contratado, pero además la responsabilidad civil derivada de éste no quedaría garantizada.

 

Si se presenta con un modelo 036:

Por regla general, hasta los 30 días posteriores a la fecha de alta, baja o modificación de las obligaciones o actividad.

Aunque esta norma general, la Agencia Tributaria también acepta la presentación de los impresos con 10 días de antelación a la fecha de la obligación o actividad.

Si se presenta un modelo 840:

Siempre se presentará durante los treinta días siguientes a la fecha de alta, baja o modificación.

En este caso la Agencia Tributaria no permite la presentación del modelo fuera de este plazo.

Para que el arrendamiento de inmuebles se considere actividad económica se necesita que para la ordenación de la actividad se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral ya jornada completa.

No obstante, la doctrina y jurisprudencia vienen exigiendo que el volumen de actividad que se genere justifique razonablemente el trabajo de la persona contratada, que deberá ser de tipo administrativo.

Desde el pasado 1 de enero de 2015, ya no es necesario disponer de local afecto a la actividad.

Los requisitos para la consideración de actividad económica a efectos del IRPF no han de ser necesariamente los mismos a efectos de otros tributos.

El/la trabajador/a recibe dos copias del parte de baja, del de confirmación y del de alta: una para su constancia y otra para presentar a la empresa –el ejemplar destinado a esta– dentro del plazo de tres días, contados a partir de la fecha de expedición del comunicado.

  • Partes médicos de baja y confirmación: dentro del plazo de tres días.
  • Partes médicos de alta: dentro de las veinte-y-cuadro horas siguientes.

Los días se consideran hábiles y el cómputo se efectúa a partir del día siguiente de la expedición.

Si se ha extinguido la relación laboral, el trabajador tiene que presentar el comunicado de confirmación y/o de alta directamente ante la entidad gestora o la Mutua en el mismo plazo indicado, como si se tuviera que librar a la empresa.

En los procesos de duración muy corta (de duración inferior a cinco días naturales), el/la trabajador/a tiene que presentar a la empresa la copia del parte de baja/alta destinada a esta dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del alta.

Excepcionalmente, si el facultativo emite el primer comunicado de confirmación porque considera que el trabajador no ha recuperado la capacidad laboral, el trabajador lo tiene que presentar a la empresa dentro de las 24 horas siguientes a la expedición, junto con el parte de baja inicial.

Incumplimiento de estas obligaciones.

Se considera infracción leve el hecho de no facilitar a la entidad correspondiente o a la empresa, cuando se le requieran, los datos necesarios para la afiliación o el alta a la Seguridad Social y, si procede, las alteraciones que se produjeran, las de la situación de pluriocupación y, en general, el incumplimiento de los deberes de carácter informativo. (Ley sobre Infracciones y Sanciones de la Orden Social aprobada por Real decreto legislativo n.º 5 /2000, del 4 de agosto).

Fuente: http://www.seg-social.es/

 

 

 

 

Tras el Real Decreto de 1 de marzo de 2019, la duración mínima del alquiler de viviendas es de 5 años si el propietario es una persona física y de siete años si el propietario es una persona jurídica.

Por ello, todos los arrendamientos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor del decreto (06/03/2019), aunque se pacten por un plazo inferior, el arrendatario siempre tendrá derecho a que se prorrogue hasta los 5 o 7 años, según que el arrendador sea persona física o jurídica, respectivamente.

Los contratos celebrados antes del 06/03/2019 seguirán rigiéndose por el plazo mínimo de 3 años, sin distinción de persona física y jurídica, que establecía la legislación anterior.

Un certificado digital es un documento electrónico identificativo que sirve para identificaros en internet, garantizando vuestra identidad, y os permite firmar documentos electrónicos con validez legal.

Según el nivel de seguridad deseado hay diferentes tipos de soportes en los cuales se pueden alojar los certificados.

  1. Software: consiste en un fichero software, que no tiene apoyo físico más que el mismo ordenador o servidor donde se instala.
  2. Certificado de tarjeta: se encuentra alojado en una tarjeta (por ejemplo: el DNI electrónico).
  3. Dispositivos USB criptográficos.

 

 

 

 

El trato fiscal a efectos del impuesto sobre sociedades de las entidades que no tienen como principal objetivo de la su actividad la obtención de lucro se caracteriza por su exención parcial, y queda dividido en dos regímenes especiales:

1) las entidades que cumplen los requisitos para que les sea aplicado la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin finalidades lucrativas y de les incentivos del mecenazgo.

El régimen especial, en cuanto a su tributación para el impuesto sobre sociedades, se caracteriza por la distinción entre las rentas exentas y las no exentas. Las no exentas corresponden a las procedentes de explotaciones económicas que no gozan de exención, mientras que las exentas son las restantes. La Ley especifica cuales explotaciones económicas se consideran exentas.

En consecuencia , la base imponible estará constituida exclusivamente por las rendas derivadas de explotaciones económicas no exentas, y a partir de la base imponible se calcula la cuota íntegra mediante la aplicación de un tipo del 10%.

2) y las entidades sin ánimo de lucro a las cuales no sea aplicable el régimen mencionado y otras entidades que enumeramos en el siguiente párrafo, a las cuales es aplicable el régimen de exención parcial que regula la misma ley del impuesto.

Además de aplicarse a las entidades sin ánimo lucro a las cuales no sea aplicable el régimen expuesto en el punto anterior , este se aplica a uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, colegios profesionales , asociaciones empresariales , cámaras oficiales, sindicatos, fondos de promoción de ocupación, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la entidad Puertos del Estado y las autoridades portuarias.

Por tanta, la base imponible corresponderá a las rentas no exentas. El tipo de gravamen aplicable es el 25%.

Para aquellos contribuyentes que reciben sus notificaciones de Hacienda por vía telemática, bien porque están obligados a ello, o bien porque han optado por ello, existe la posibilidad de solicitar, a través de la web de la Agencia Tributaria, un total de 30 días al año durante los cuales Hacienda no podrá notificar nada al contribuyente. Son los llamados «días de cortesía» o «vacaciones fiscales».

Los rasgos fundamentales del sistema son los siguientes:

  • Los días solicitados no deben ser necesariamente consecutivos.
  • Los días de cortesía deben ser solicitados al menos con siete días de antelación al comienzo del plazo deseado.
  • Los días de cortesía se pueden solicitar también si tenemos apoderado a un tercero para recibir las notificaciones.
  • Se deben marcar expresamente los sábados y domingos para evitar que se practiquen notificaciones en estos días.
  • En caso de suscripción voluntaria al sistema de notificaciones electrónicas, los días de cortesía sólo serán de aplicación a los procedimientos respecto de los que el contribuyente esté suscrito a este sistema.
  • Si se cumplen los requisitos mencionados, la concesión de los días de cortesía es automática e instantánea.

Si usted es particular o autónomo, y no está suscrito al sistema de notificaciones electrónicas, no podrá solicitar estos días de cortesía, y por tanto, es posible que Hacienda intente notificarle por vía ordinaria (normalmente correo postal certificado) durante su ausencia, con todas las consecuencias desfavorables que esto puede tener para usted.

Se debe distinguir entre Servicio Privado y Servicio Público.

Para Servicio Privado, la autorización será para aquellos vehículos que superen los 3.500 Kg de peso y sin tener en cuenta la antigüedad de los vehículos.

Para Servicio Público, la autorización la deberán tener todos los vehículos a partir de 2.000 kg de peso y además deberán cumplir toda la normativa en relación a la antigüedad de los vehículos, solvencia económica de la empresa y disponer de título de transportista.

Si mientras estás cobrando la prestación de desempleo tienes derecho al permiso de baja por maternidad paternidad tienes derecho a que esta prestación te la abone el Instituto nacional de la Seguridad Social. Deberás solicitar la suspensión de la prestación de desempleo para cobrar la de maternidad / paternidad. La prestación de desempleo durante este periodo de maternidad / paternidad no se consume y cuando finalizas la maternidad / paternidad la podrás retomar.

 

Si. Aunque la Ley de Expropiación forzosa en el artículo 49 establece que el pago del precio está exento de toda clase de gastos, impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado, provincia o municipio, la Administración entiende que la Ley se refiere exclusivamente a los impuestos que pudieran gravar el pago del justiprecio, no siendo extensible a la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de los elementos expropiados. Por lo tanto, a producirse la expropiación, deberé incluir en mi declaración del IRPF, la ganancia o pérdida patrimonial, que es la diferencia del valor de adquisición y el de transmisión (el justiprecio recibido) de la finca expropiada.

En base a lo que se establece en el Reglamento, el consentimiento debe realizarse claro y afirmativo, siempre tiene que manifestar una voluntad libre, informada, inequívoca y específica de quien firma.

El consentimiento según establece el RGPD debe cumplir los siguientes requisitos:

– Libre: La persona interesada es consciente sobre todas aquellas cuestiones de las que manifiesta su acuerdo con el tratamiento de datos. Además, afirma no estar condicionado por terceros de la decisión y sobre todo, debe ser informado y consiente del derecho al olvido, es decir, a pedir que se retire su consentimiento en cualquier momento.

– Específico: Se deben relacionar explícitamente cada uno de los tratamientos que se van a realizar con esos datos y la persona que firma, debe declarar el consentimiento individualizado para cada uno de ellos de manera voluntaria y explícita.

Informado: Antes del consentimiento se debe informar expresamente de las actividades de tratamiento de datos previstas por la empresa.

– Inequívoco: El consentimiento debe ser claro y a través de una firma clara, que no de lugar a dudas.

A diferencia de otras declaraciones, la del Impuesto sobre Sociedades no tiene un plazo único para su presentación, puesto que depende de la fecha de finalización del ejercicio fiscal de cada empresa.

La presentación se debe llevar a cabo durante los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal. Por tanto en condiciones normales, una sociedad que cierra el ejercicio el día 31 de Diciembre de 2018 podrá presentar su declaración del Impuesto sobre Sociedades entre el 1 y el 25 de Julio de 2019 (26 de Julio para las empresas ubicadas en localidades en las que el día 25 sea festivo)

Si tenías un contrato indefinido y has hecho baja voluntaria en una empresa para incorporarte en una nueva y no superas el periodo de prueba y no han pasado tres meses de la finalización de la primera relación laboral no tendrás derecho a cobrar una prestación de paro.

 

Si eres persona residente en España y quieres montar un negocio como autónomo y quieres capitalizar tu paro pero tu último trabajo ha sido en el extranjero dentro de la comunidad económica europea debes saber que no podrás optar a la capitalización del paro si cuando vuelves a España no  tienes un contrato temporal de al menos 30 días de duración.

 

 

 

Aunque realicen operaciones exentas tales como las entregas de bienes destinados a la exportación o asimiladas, o a otro Estado miembro de la Comunidad, que en el régimen general del Impuesto dan derecho a deducción, los comerciantes minoristas en régimen especial del recargo de equivalencia no pueden deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones o importaciones de bienes de cualquier naturaleza o por los servicios que les hayan sido prestados, en la medida en que dichos bienes y servicios se utilicen en la realización de las actividades a las que afecta el régimen especial (artículo 154.Dos de la Ley del Impuesto)

Esta limitación pone de manifiesto que el régimen del recargo de equivalencia no está pensada para comerciantes minoristas que efectúen entregas de bienes destinados a la exportación, ya que en estas operaciones el comerciante no repercute el Impuesto pero sin embargo soporta el mismo (y el recargo de equivalencia) en sus adquisiciones y no lo puede deducir ni recuperar, salvo en el caso del Régimen de Viajeros.

En España pueden trabajar los siguientes extranjeros:

–          Los ciudadanos comunitarios que tengan el Certificado de Residente Comunitario (para los que tengan contrato de menos de dos meses, basta con el NIE).

–          Los que dispongan de tarjeta de Familiar de Residente Comunitario.

–          Los que dispongan de Permiso de Residencia y Trabajo.

–          Los que tengan Permiso de Residencia por Circunstancias Excepcionales (arraigo laboral o social).

–          Los familiares reagrupados,  cónyuge o hijos, de los residentes con Permiso de Trabajo y Residencia en activo.

–          Los que tienen Permiso de Estudiante, si han pedido una autorización para trabajar.

–          Los que tienen Permiso de Residencia Permanente o de larga duración.

 

La suspensión del contrato -más conocida por “permiso”- por maternidad y paternidad ha pasado a llamarse suspensión por nacimiento, y las prestaciones de maternidad y paternidad, resultantes de estas situaciones, ahora se denominan “prestación económica por nacimiento y cuidado de menor”.

La maternidad (ahora suspensión del contrato de la madre biológica) tiene una duración de 16 semanas, ampliables, en el supuesto de parto múltiple, en 2 semanas más por cada hijo a partir del segundo.

La paternidad (ahora suspensión del contrato del progenitor distinto  de la madre biológica) a partir del 1 de abril de  2019 tiene una duración de 8 semanas, a contar des del día del nacimiento.

Para el 2020 se amplía a 12 semanas, y a 16 semanas para el 2021.

Esta situación de suspensión por nacimiento de hijo (antes maternidad y paternidad) implica para la empresa, principalmente, la interrupción de la prestación laboral. La remuneración del trabajador va a cargo de la Seguridad Social, pero la cotización es de cuenta de la empresa.

Se pueden promover elecciones a) a partir de los 6 meses de inicio de las actividades en un centro de trabajo, b) cuando haya terminado el mandato de los representantes de los trabajadores, c) cuando se declare la nulidad del proceso electoral por el procedimiento arbitral o por el órgano jurisdiccional competente, d) cuando se revoque el mandato electoral de todos los representantes de una empresa o centro de trabajo, e) cuando se hayan producido variaciones de plantilla.

Los contribuyentes que superen las siguientes magnitudes quedaran excluidos de tributar en el Método de Estimación Objetiva de IRPF y en el Régimen Simplificado de IVA:

  • Volumen de ingresos superiores a 250.000€, para el conjunto de sus actividades. Las operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea un empresario, no podrán superar los 125.000 €.
  • Volumen de compras superior a 250.000€, quedando excluidas de estos límites las adquisiciones de inmovilizado.

Si el local no es de nueva construcción, en general estará exento de IVA, si bien entre empresarios podrán renunciar a la exención y tributar al 21% de IVA, a fin de poderlo desgravar, y evitar así la tributación por la modalidad de transmisiones Patrimoniales Onerosas, soportando solamente la modalidad incrementada de Actos Jurídicos Documentados (2,5%).

Si el local es de nueva construcción y comprado directamente a la promotora, la operación estará sujeta en todo caso a IVA (21%), y a la modalidad ordinaria de Actos Jurídicos Documentados (1,5%).

 

Sí. En principio, todos los gastos reflejados en la contabilidad o en los libros registro son deducibles si son necesarias objetivamente para la actividad y se pueden justificar con facturas, recibos … … Aunque este tipo de seguro pueden no ser necesarios para la actividad, la ley especifica que un autónomo se las puede deducir por sí mismo, por su conjugue y por sus hijos menores de 25 años con los que conviva con un límite de 500 euros anuales por persona (1500 € si es discapacitada ).

 

Sí. Las prestaciones de la Seguridad Social por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o invalidez provisional hay que declararlas como rendimiento del trabajo.

Cuando heredamos un vehículo es obligatorio realizar una transferencia por herencia, un trámite para modificar la titularidad del vehículo de la persona fallecida al heredero.

 

Documentación necesaria:

• Solicitud en impreso oficial para cambios de titular.

• DNI, pasaporte o tarjeta de residencia en vigor del interesado.

• Liquidación del Impuesto de Sucesiones (varía por comunidades autónomas).

• Escritura de herencia en la que figure el vehículo y el beneficiario.

 

¿Puedo circular con él ?

Si , está permitido circular con un vehículo heredado durante el período de tramitación de la transferencia, siempre que toda su documentación esté en regla (itv-seguro del vehículo).

¿Y puedo venderlo?

Si , para vender un vehículo heredado, primero hay cambiar la titularidad a la del heredero y después tramitar la venta. Es decir, se han de realizar dos transferencias.

En el caso de contribuyentes muertos durante 2018, el impuesto se meritará en el momento de la muerte y el período impositivo resultará inferior al año natural.

La declaración del muerto deberá presentarse en modalidad individual.

En caso de resultar a devolver, para tramitar la devolución se deberá de aportar la siguiente documentación:

  • Para importes inferiores o iguales a 2000 €:
    • Certificado de defunción.
    • Libro de Familia completo.
    • Certificado del Registro de últimas voluntades.
    • Testamento (solo si figura en el certificado de últimas voluntades).
    • En el caso de que haya diversos herederos y se quiera que el importe de la devolución sea abonado a uno de ellos, autorización escrita i firmada con fotocopia del DNI de todos ellos.
    • Certificado bancario de titularidad de la cuenta a nombre de las personas que cobraran la devolución.
  • Para importes superiores a 2000 € además de lo anterior:

Tendremos que tener  en cuenta  el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD). Hay casos particulares, como por ejemplo el local de nueva construcción y comprado directamente a la promotora,  en este caso la operación podría estar sujeta al porcentaje del 21% de iva.

Pueden promover elecciones a delegados de personal o miembros del comité de empresa a) las organizaciones sindicales más representativas, b) las que cuenten con un mínimo del 10% de representantes a la empresa y c) los trabajadores del centro de trabajo por acuerdo mayoritario, que se acredita mediante acta de la reunión celebrada al efecto.

Para poder dar de alta a un empleado de hogar, es necesario que el titular del hogar familiar, esté inscrito como tal en la Seguridad social. Una vez tengamos asignada una cuenta de cotización se puede proceder a tramitar el alta del trabajador en la web de la Seguridad social. Para ambos trámites, es necesario que el titular del hogar familiar tanga firma electrónica o bien usuario + contraseña o Cl@ve.

 

Sí. El artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos i el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores legitiman al empresario a adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana.

No obstante, para cumplir con la normativa de protección de datos, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores y en su caso a sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos de GPS.

Para ser considerado como autónomo económicamente dependiente es necesario que hagas una actividad económica o profesional como persona física, de forma habitual, que se ejecute directa y principalmente para una persona física o jurídica denominada cliente, y que dependa económicamente de este cliente porque perciba de él, como mínimo, un 75% de sus ingresos por rendimientos del trabajo y de actividades económicas o profesionales.

 

 

 

No, solo las personas integradas en una unidad familiar (si fueran matrimonio y no pareja de hecho) pueden optar, si así lo desean, a hacer la declaración de manera conjunta, por lo tanto en este caso tendrán que tributar de manera individual.

Cuando hablamos de parejas de hecho con hijos, solo uno de sus miembros puede formar unidad familiar con los hijos y optar por la tributación conjunta, el otro miembro deberá hacerla individualmente.

 

Si. Por una parte, existe la opción de aplazar el pago de la Declaración de la Renta, pero no en su totalidad: mientras el 60% del importe deberá pagarse en el momento en que se presenta la declaración (límite el 01/07/2019), el 40% restante se podrá ingresar en un plazo que ronda los 5 meses (hasta el 05/11/2019). Para esto, se debe de indicar la opción de pago fraccionado. Recordar que para optar a esta modalidad de pago, la Declaración de la Renta se tiene que presentar dentro de plazo y no se puede aplicar en los casos de declaraciones complementarias.

Otra alternativa es el aplazamiento del pago en su totalidad. En este caso, se tiene que hacer la solicitud a la Agencia Tributaria indicando el importe que se quiere aplazar, en cuanto tiempo y en que plazos se quieren hacer los pagos, el motivo por el cual se pide el aplazamiento y un numero de cuenta bancaria para que nos hagan el cargo del aplazamiento solicitado. Una vez presentada la solicitud de aplazamiento, la Agencia Tributaria nos enviará una notificación para darnos respuesta.

 

DNI/NIE/ Pasaporte del comprador y del vendedor. CIF en caso de Sociedad. Contrato de compra/venta o factura del vehículo que se transmite.

Original del permiso de circulación y fotocopia de la ficha técnica. Recibo pagado de ITVM.

La documentación que se necesita es:

  • Documentación original del vehículo ( la del país de origen )
  • Fotocopia del DNI del propietario
  • Mandato firmado ( lo proporciona GESTIÓ GIRONA )
  • En el supuesto que el vehículo proceda de una compra entre particulares , si el vehículo tiene menos de 10 años se tendrá que pagar impuesto de transmisiones , en caso que la compra sea a una empresa y con factura con IVA , estará exento de este impuesto
  • Ficha técnica española del vehículo ( se tiene que pasa una itv previa a la matriculación)
  • Impuesto municipal pagado(del municipio donde tendrá la residencia)
  • Impuesto de matriculación (este impuesto se calcula según el modelo y el año del vehículo o la factura o contrato de adquisición )

El coste de la matriculación será de 194.60€ de honorarios mas tasas fijas. A estos honorarios y tasas , se tendrá que añadir el impuesto de matriculación y el impuesto de transmisiones si es el caso.

Las declaraciones de renta de 2018 se pueden presentar por Internet desde el 2 de abril hasta el 1 de julio de 2019.

En caso de que salga a pagar y esté domiciliado por el banco, el plazo acaba el 26 de junio de 2019.

En cuanto a la declaración de patrimonio, los plazos son los mismos que para la declaración de la renta.

Si soy mayor de 65 años, no. Si no he cumplido los 65 años tributaré por la ganancia patrimonial que haya obtenido (diferencia entre el valor de venta y el valor de compra). Como excepción, no tributaré, total o parcialmente, si reinvierto (total o parcialmente) la cantidad obtenida de la venta en un nuevo inmueble que deberá convertirse en mi vivienda habitual en un plazo no superior a 2 años.

En primer lugar, debemos diferenciar entre la tributación de los anticipos a efectos de IVA y a efectos de impuesto de sociedades o de IRPF.

a) Por lo que se refiere al IVA, el cobro anticipado de una parte o la totalidad de una venta o prestación de servicio origina la obligación de emitir factura en la fecha del cobro, e ingresar el IVA correspondiente al cobro , en el período de liquidación que corresponda a la fecha de emisión de esta factura. Cuando se entregue la mercancía o se preste el servicio, sólo se tendrá que declarar IVA por la parte del importe que quede por cobrar.

b) En cambio, a efectos del impuesto de sociedades y del IRPF, el cobro anticipado no determina el momento en el que se debe declarar el ingreso fiscal, pues éste se produce, como regla general, cuando se devenga la entrega de la mercancía o la prestación del servicio.

En primer lugar, los rendimientos obtenidos por el arrendamiento de bienes inmuebles no afectos a ninguna actividad económica tributan en la base general del IRPF, como rendimientos del capital inmobiliario. En segundo lugar, la operación no tributa por IVA.

En el caso de alquiler por semanas (turístico), el contribuyente podrá deducir fiscalmente, de sus ingresos, los gastos periódicos de la vivienda (contribución, seguro, etc) en proporción al tiempo que haya tenido el inmueble alquilado.

No obstante, el propietario no podrá disfrutar de la reducción del 60% del rendimiento neto, prevista para el arrendamiento de viviendas, al no destinarse este alquiler a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, ya que se trata de un alquiler vacacional.

Cualquier persona física residente fiscal en España que tenga en el extranjero cuentas corrientes, valores o inmuebles, y que el valor total de alguna de estas categorías de bienes o derechos supere los 50.000 euros, deberá presentar a Hacienda, de forma telemática , una declaración informativa sobre los mismos (Modelo 720).

No obstante, si a pesar de superar los 50.000 euros a final de año, en un ejercicio no se han producido variaciones superiores a los 20.000 euros en cada una de las categorías anteriores, no será necesario volver declarar estos bienes o derechos hasta que esta circunstancia se produzca .

Hay que recordar que también deben presentar esta declaración aquellas personas que, sin ser titulares de las mismas, figuren como autorizadas a cuentas corrientes abiertas en el extranjero, con los límites ya indicados.

Esta declaración informativa se presentará entre el 1 y el 31 de marzo del ejercicio posterior al que hace referencia. En caso de incumplimiento, o de consignación de datos erróneos, el obligado enfrenta a sanciones muy elevadas, así como la no prescriptibilitat los capitales no declarados.

En la coyuntura actual de incertidumbre y crisis de mercado, es imprescindible realizar un continuo análisis de los posibles riesgos del patrimonio del empresario, la optimización de su estructura societaria y el diagnóstico de su salud financiera para alcanzar los objetivos marcados.

Es necesario reorganizar, ordenar y planificar el conjunto del patrimonio del empresario (empresarial, inmobiliario, mobiliario y financiero), la protección del mismo, implementar el ahorro, la optimización de impuestos y delimitar los posibles riesgos.

 

 

Due diligence es un término utilizado en el ámbito de las adquisiciones empresariales, para referirse al proceso de búsqueda de información sobre una empresa. Incluye aspectos como: su área de actividad; las posibilidades y perspectivas de futuro del negocio; y el estado de su activo y de su pasivo. En definitiva, busca obtener toda la información necesaria para valorar y fijar de forma objetiva; el precio final de una operación de adquisición de empresas; la forma de estructurar la transacción; y la exigencia de garantías o, en su caso, la conveniencia de dar marcha atrás a la compra por la detección de riesgos o por la aparición de nuevas informaciones.

Se diferencias en dos tipos de análisis:

  • Análisis económico-financiero: consiste en una auditoría de compra rigurosa y pormenorizada que afecta tanto a los estados financieros, como a la valoración de activos materiales e inmateriales (inmuebles, marcas, cuota de mercado, etc).
  • Análisis legal: que se basa en la revisión y estudio de los contratos, la revisión de los temas societarios y el estudio de los posibles litigios. También incluye la revisión fiscal y laboral. Su importancia estriba en evitar que se encuentren ocultos compromisos o acuerdos que podrían poner en peligro la operación.

La valoración de una empresa sirve de ayuda para la consecución de un fin específico, bien sea un asesoramiento en una posible operación de compraventa, a efectos de control interno, para la solicitud de préstamos, etc. En unos y otros casos para un mejor conocimiento del rendimiento de su empresa es necesario tener un conocimiento exacto de su valor, lo cual servirá también para una toma de decisiones ágil y con conocimiento de causa.

Para realizar la valoración de una empresa deben tenerse en consideración  las características de la  misma, la actividad que realiza y el sector en que opera.

Los métodos utilizados con mayor frecuencia para determinar el valor de una empresa son el Valor neto contable ajustado, Valor según múltiplos del Cash Flow, Valor en función de los Resultados futuros esperados, Valor según operaciones similares realizadas en el mercado.

La empresa que recibe un requerimiento de un organismo por el embargo de un salario de un trabajador, debe tener presente que a éste se le tiene que aplicar a la nomina y que solo le resultará embargable aquel importe que exceda del salario Mínimo Interprofesional, excepto de los casos de pensiones por alimentos a los hijos, impuesta por sentencia judicial ya que es el juez quien decide el importe a embargar, indiferentemente de los ingresos del trabajador.

Todo el salario que este por encima del salario mínimo interprofesional, será embargable en base a unos porcentajes que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es un pacto entre la empresa y el trabajador que se formaliza en el contrato durante el cual, cualquiera de las partes puede poner fin a la relación laboral sin necesidad que exista una causa que lo justifique, sin preaviso y sin que corresponda ninguna indemnización.

El convenio colectivo vigente en la relación laboral delimitará la duración del periodo de prueba.

El permiso de maternidad tiene una duración de 16 semanas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo, a partir del segundo.

El permiso de paternidad tiene una duración de un mes a cargo de la seguridad social. Se debe tener presente, que por convenio colectivo aplicable a la relación laboral con el trabajador, le corresponden adicionalmente unos días que estipula el mismo convenio a cargo de la empresa.

El permiso de paternidad y maternidad implica para la empresa, la interrupción de la prestación laboral. La remuneración del trabajador es a cargo de la seguridad social por la cotización es a cargo de la empresa.

La seguridad social, así como otros organismos, obligan a las empresas y a las personas físicas a obtener un certificado digital para poder operar a través de sus páginas web. De esta manera, se permite autentificar y garantizar la confidencialidad de las comunicaciones entre los ciudadanos, empresas o otras instituciones y la seguridad social.

Estos certificados, a nivel operativo, permiten obtener información de las empresas o de los particulares y, al mismo tiempo, permite apoderar a terceros para las comunicaciones con la seguridad social.

El porcentaje de jornada que se trabaje no influye en los días de vacaciones del trabajador. El número de días de vacaciones anuales es legalmente de días naturales o 22 laborables (excepto que por convenio se regule un nombre de días diferente) y se usan en proporción al número de días trabajados al año, independientemente que los días trabajados sean a jornada completa o a tiempo parcial.

La ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, asegura el uso correcto que hacen las empresas y las entidades de los datos de carácter personal de las personas físicas.

La ley recoge una serie de Derechos Fundamentales de los ciudadanos (Acceso, Rectificación,Cancelación y Oposición – A.R.C.O.) que las empresas han de asegurar que se cumplen en todo momento. A tal efecto, la “Agencia Española de Protección de Datos” ( www.agpd.es ) establece una normativa que toda entidad que disponga de datos de carácter personal debe cumplir para garantizar dichos derechos. Se trata de una normativa más o menos estricta en función de la naturaleza que tengan los datos y las características propias de cada empresas o ámbito de negocio. Es muy aconsejable encargar a un profesional el estudio y asesoramiento de las medidas a adoptar en cada caso.

Según el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital, en el supuesto de auditorías obligatorias, el nombramiento lo tiene que hacer la Junta General de Socios, antes de finalizar el ejercicio que se tiene que auditar.

Respecto a las auditorías voluntarias, el nombramiento lo puede hacer tanto la Junta General de socios como el Órgano de Administración. No existe un plazo establecido, pero es aconsejable hacerlo antes de finalizar el ejercicio por a auditar.

Están obligados a auditar sus cuentas anuales todas aquellas empresas que durante dos ejercicios consecutivos (la obligación deviene el segundo año), superen dos de los tres requisitos siguientes:

  • Total del Activo: 2.850.000€
  • Importe neto de la cifra de negocios: 5.700.000€
  • Número de trabajadores:  50

También estarán obligadas todas aquellas empresas o entidades que reciben subvenciones o ayudas del Estado y de otros Organismos Públicos dentro de los límites establecidos reglamentariamente, mediante Real Decreto, por el Gobierno. El límite establecido en 600.000€, se extiende para ejercicio en que se reciben subvenciones y  a los siguientes en los que se desarrollen las operaciones o se ejecuten las inversiones.

El coste de una auditoría depende de diversos factores y en consecuencia, no se pueden calcular sin antes haber realizado un estudio previo del caso. Este estudio es costumbre realizarlo en el contexto de una o diversas reuniones con la entidad a auditar. A partir de la información obtenida, el auditor evaluará las horas que necesitará para realizar el encargo, siendo el número de hora la base para determinar sus honorarios.

Una auditoría sirve fundamentalmente, para dotar de credibilidad las cuentas anuales de una entidad y por lo tanto, para que terceras personas puedan depositar su confianza para tomar las decisiones necesarias.

Una auditoria es un examen de cuentas anuales de una entidad, realizado por un auditor reconocido oficialmente. Este examen se realiza aplicando una serie de técnicas y procedimientos de análisis, siguiendo escrupulosamente un conjunto de normas técnicas de auditoría que son de obligado cumplimiento por el auditor.

La ventaja de contratar un seguro a través de un corredor reside en el hecho que, al tratarse de un profesional independiente, está capacitado para asesorar de forma objetiva a los clientes en cuanto a sus necesidades de aseguramiento, realizando una oferta más amplia y prestando su ayuda para la resolución de dudas y tramitación de siniestros.

La cobertura de pólizas de PIME que contratamos habitualmente incluye cobertura en la Unión Europea. En caso que se necesite una cobertura más amplia, se puede solicitar su inclusión.

Si como consecuencia de cualquiera de los riesgos cubiertos de la póliza y los riesgos amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros (riesgos extraordinarios) se produce el cierre del negocio, con la cobertura de pérdida de beneficios encontrará una indemnización diaria, dentro de los términos pactados, por cada día laborable.

Si tiene problemas para cobrar el alquiler de su piso debe contratar un seguro de protección jurídica  Con este seguro contará con un abogado que le asesorará y le dará cobertura por reclamación de daños extracontractuales o defensa penal, entre otros.

Puede contratar un plan de pensiones cualquier persona física sin límite de edad. Es aconsejable que tenga rendimientos de trabajo y/o actividades económicas para que se pueda deducir las aportaciones que realice.

Como autónomo que desarrolla una actividad profesional, debe contratar un seguro que cubra la responsabilidad Civil, por los posibles daños que puedan ocasionarse en el desarrollo de la misma.

Se debe dar de alta a un hijo recién nacido desde la fecha del nacimiento, con un plazo máximo de 10 días, ya que así evitaremos posibles carencias en algunos servicios y tener que hacer el cuestionario de estado de salud.

 Sí, se debe contratar otro seguro con la comunidad porqué como propietario de una vivienda integrada a una Comunidad no está totalmente protegido con un seguro de Hogar. Por lo tanto, es necesario cubrir determinados riesgos, que afectan a elementos de la Comunidad donde usted es copropietario.

Puede conducir el coche cualquier conductor que disponga del carné de conducir tipo B en vigor salvo que sea menor de 25 años que tiene que declararse en la póliza. Es muy importante comunicarlo a la compañía durante la contratación del seguro.

 

 

Para dar de alta un Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se necesitan los siguientes datos:

  • La identificación del interesado.
  • La dirección de la actividad.
  • Los M2 donde se va a desarrollar la actividad.
  • Los elementos tributarios de la actividades si son necesarios.

Para solicitar la inscripción al Registro de Empresas Acreditadas (REA) es necesario:

  • Tener una actividad relacionada con la construcción.
  • Tener trabajadores asalariados.
  • Disponer de un sistema de prevención de riesgos laborales.
  • Acreditar que los trabajadores y al personal directivo han realizado la formación en riesgos laborales.
  • Liquidación de la tasa administrativa correspondiente.

Para solicitar el el Número de identificacion de Extrangeros (NIE) es necesario:

  • La primera página del pasaporte y Documento de Identidad del interesado, si es comunitario. Si no es comunitario, pasaporte completo. Se pueden presentar fotocopias legitimadas por notario.
  • Una acreditación del motivo para solicitar el NIE (adquisición de vivienda, constitución de una sociedad….)
  • La liquidación de la tasa administrativa correspondiente.

Para obtener una tarjeta de transporte de servicio privado se necesita:

  • Disponer de uno o más vehículos con peso superior a 3.500 Kg de PMA.
  • Facturas que acrediten la actividad de la empresa.
  • Estar al día de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
  • Liquidación de la tasa administrativa correspondiente.

La documentación que se necesita para realizar una transferencia de vehículos es la siguiente:

  • Documentos de identidad de los intervinientes.
  • Documentación del vehículo (permiso de circulación y ficha técnica).
  • Contrato o factura de compraventa.
  • Autorizaciones firmadas por adquirente y transmitente.
  • Liquidación de la tasa administrativa correspondiente.
  • Presentar anualmente el modelo 347, Declaración de operaciones con terceros, para aquellas operaciones con terceras personas que, durante el ejercicio económico, hayan superado los 3.005,06€(pagos a proveedores, subvenciones recibidas, etc.).
  • Trimestralmente, la declaración de IVA modelo 303 en el caso de que alquilen locales propios o una azotea para anuncios de terceros, antenas de telefonía móvil, etc.
  • Como consecuencia, deberán presentar anualmente el modelo 184 de atribución de rentas siempre y cuando el importe supere los 3.000€.

Ante el  impago de una factura de un cliente, es posible recuperar la cuota de IVA , aunque se debe diferenciar en dos casos concretos:

  • Si el deudor se encuentra en una situación de concurso de acreedores, por lo que disponemos de tres meses desde la declaración del concurso para realizar el procedimiento.
  • Si ha transcurrido un determinado plazo (entre seis meses y un año, dependiendo de tamaño de la empresa) desde la emisión de la factura impagada.

Dependiendo de los productos o servicios que entregue o preste la empresa, habrá de aplicar un tipo u otro de IVA (IVA general, reducido y súper-reducido). Solamente en algunos casos excepcionales, la normativa reconoce exenciones. Fuera de dichas exenciones reconocidas por la ley, el resto se debe facturar con IVA.

 

Sí, siempre que se haga un contrato de préstamo entre la sociedad y la persona, y se satisfagan intereses a precio de mercado por el dinero prestado.

En el modelo 347 se deben incluir las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios, sujetas y no exentas en el IVA, así como las no sujetas o exentas de este impuesto, siempre que se esté obligado a emitir factura por dichas operaciones.

Con carácter general, puedo dotar la morosidad de un cliente cuando hayan transcurrido 6 meses desde el vencimiento de la obligación. También serán deducibles las pérdidas por deterioro de créditos cuando el deudor esté declarado en situación de concurso, procesado por delito de alzamiento de bienes, o en el caso que las deudas se hayan reclamado judicialmente, sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

Se pueden aplazar todas las cuotas tributarias, excepto las retenciones y tributos pagados mediante efectos timbrados. En función de los importes a prorrogar, la Administración marca un máximo de plazos a solicitar. Dependiendo del importe a aplazar, la Administración puede exigir la constitución de garantías, como el aval bancario o hipoteca.

Presentar el pago del Impuesto sobre Sociedades no siempre es obligatorio, pueden darse diversos casos:

  • Volumen de negocio: Estarán obligados en todo caso, las empresas cuyo volumen de negocio del ejercicio anterior, haya superado los 6 millones de euros y por lo tanto, estén obligadas a presentar mensualmente sus impuestos.
  • Opción escogida: Para las empresas con facturación inferior a los 6 millones de euros, Hacienda permite el cálculo en base a la cuota del último impuesto de sociedades presentado o en base a los resultados del año en curso. Si del resultado de los cálculos se desprende una cuota cero, no habrá obligación de presentar el pago a cuenta.

La forma jurídica a escoger dependerá de la naturaleza de la actividad, pues la sociedad mercantil limita, por norma general, la responsabilidad de los socios a su aportación, mientras que el empresario individual responde a las deudas de la empresa con todo su patrimonio presente y futuro.

No obstante, los costes de gestión y administración de la sociedad son superiores, ya que conlleva su constitución ante notario, la obligación de llevar la contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio y depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

En general, el régimen de módulos se aplica solamente a empresarios y profesionales que cumplan los siguientes requisitos:

  • Que cada una de sus actividades esté autorizada para incluirse en este régimen.
  • Que no supere determinados límites como por ejemplo, de ventas (125.000 o 250.000€ anuales, IVA excluido), de compras (150.000€ anuales, IVA excluido) o de personal asalariado (variable según actividad).

No, porqué las clases no las desarrolla de forma habitual y mediante una ordenación de materiales propios, con lo cual no la podemos calificar de actividad profesional.

Por tanto, se trataría de un rendimiento de trabajo por el cual, no debería de emitirse ningún tipo de factura, sino simplemente firmar un recibo que la escuela presentaría y con una retención a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

La escuela por su parte deberá de ingresar dicha retención como rendimiento del trabajo y no como rendimiento de actividad económica.

Los gastos derivados del uso del vehículo, tales como amortización anual, impuestos, seguro, o gastos de reparación, conservación y combustible, tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles siempre y cuando, se cumplan las condiciones legalmente establecidas en términos de inscripción contable, devengo, correlación de ingresos y gastos y justificación documental.

El importe de la deducción, será por la parte proporcional en que dicho vehículo sea empleado por el empresario o profesional exclusivamente en el desarrollo de su actividad.

Tradicionalmente, la normativa del IRPF sólo permitía la deducción de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, como pueden ser las amortizaciones, IBI, la tasa de basuras o los gastos de la comunidad de propietario, siempre que la parte de la vivienda estuviera afectada al desarrollo de la actividad.

Los gastos se prorrateaban en función de los metros cuadrados que ocupaba la parte afectada a la actividad en relación a los m2 de la totalidad de la finca. Este criterio no era admitido para los suministros (luz, agua y teléfono etc.) de forma que, la Administración Tributaria exigía la exclusividad de los mismos a la actividad económica. No obstante, y a raíz una resolución del TEAC, se ha producido un cambio normativo que establece un criterio claro y objetivo para determinar esta deducibilidad, y consiste en un 30% del consumo de suministros de agua, gas, telefonía e Internet, prorrateado por la superficie destinada a la actividad.

Las retenciones derivadas de los rendimientos de actividades profesionales son del 15% con carácter general. Para aquellos profesionales que empiezan por primera vez la actividad en el régimen de autónomos, el tipo será del 7%.

IRPF: Con carácter general, están obligados a hacer la declaración de renta todos los contribuyentes, personas físicas residentes en España, que hayan obtenido rentas sujetas al Impuesto. No obstante, no existe obligación de declarar cuando se perciben:

  • Rendimientos del trabajo de 22.000€ y especialmente de 12.000€ en circunstancias especiales (por ejemplo, más de un pagador.)
  • Rendimientos de capital mobiliario o ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a cuenta cuando las percepciones sean inferiores a 1.600€.
  • Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujeto a retención derivados de letras del Tesoro y subvención para la adquisición de viviendas de protección oficial o precio tasado con el límite conjunto de 1.000€.

También están obligados a declarar, los contribuyentes que quieran aplicar determinadas deducciones, reducciones, o obtener determinadas devoluciones (como por ejemplo, la deducción por maternidad).

En todo caso, están obligados a presentar declaración en modelo ordinario:

  1. Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas (empresarios, profesionales, agricultores, ganaderos, etc.).
  2. Los que perciban determinados rendimientos no sujetos a retención.

El plazo para la presentación de la declaración se inicia a principios de abril y acaba el 30 de junio del año posterior al que se refiere la declaración.

A nivel fiscal, se deberá conservar durante cuatro años. Si existen pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, durante el año en curso y los diez anteriores.

Las facturas de bienes de inversión, se deben guardar como mínimo hasta 5 años después de su baja en la empresa (por venta, obsolescencia, etc.).

A nivel mercantil, la documentación contable se deberá conservar durante 6 años.

A partir del ejercicio 2016, las sociedades civiles con objeto mercantil, pasan a tributar por el impuesto de sociedades, lo cual comporta presentar anualmente la liquidación de este impuesto. Como consecuencia, deberán llevar la contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio. Los rendimientos de la actividad ya no se imputaran a la declaración de la renta de los socios, sino que estos percibirán su retribución vía nomina o dividendos.

Las facturas tienen que tener un número en forma de serie. La numeración dentro de cada serie, tiene que ser correlativa en fecha y número. El Reglamento de facturación no comenta en ningún caso, de iniciar una nueva numeración para cada ejercicio, aunque está muy extendida la numeración por ejercicios, por ejemplo 001/2016 que correspondería a la primera factura del ejercicio 2016.

El empresario dispone, dentro de sus facultades de dirección, la potestad de modificar unilateralmente las condiciones de los trabajadores.

Se debe matizar que la ley establece, en el artículo 41 del Estatuto de Trabajadores, una limitación a esta potestad y que se produce cuando implica una modificación sustancial de las condiciones. Afecta a los siguientes materias: jornada laboral, horario y distribución del tiempo de trabajo y régimen de trabajo por turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo, rendimiento y funciones, cuando se excedan de los límites para la movilidad funcional establecidos en el Estatuto de Trabajadores, es decir, cuando el cambio sea para realizar las funciones que correspondan a otros grupos o categorías profesionales no equivalentes a la actual.

La movilidad geografía, es decir, el traslado del trabajador al centro de trabajo diferente al que habitualmente desarrollaba sus tareas y que implique cambio de residencia, también es una modificación sustancial.

Estas modificaciones sustanciales tan solo se pueden realizar cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Las modificaciones sustanciales pueden afectar a un trabajador o pueden ser colectivas.

 

El empresario, dentro de su poder de dirección, tiene la facultad de sancionar a un trabajador que incurra en alguna infracción que establezca la Ley, por disposición reglamentaria o por convenio colectivo.

Normalmente, el convenio colectivo aplicable a la relación laboral entre empresario y trabajador que establece cuales son las faltas sancionables, clasificadas entre leves, graves y muy graves, y las sanciones aplicables a cada una de ellas.

Hay que tener presente que las sanciones tienen un plazo de prescripción y de acumulación.

El Estatuto de Trabajadores establece que las infracciones de los trabajadores prescriben: las faltas leves a los 10 días, las graves a los 20 y las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de que se produjeron o en todo caso, a los 6 meses de haberse producido. En todo caso, se debe tener en cuenta que la mayoría de convenios colectivos también delimitan el tiempo de prescripción.

Las sanciones se deben comunicar por escrito al trabajador y en caso que este no quiera firmarlas, se recomienda que se envíen vía burofax a su domicilio familiar.

Las sanciones correctamente comunicadas y que se puedan acumular en el tiempo, siempre que no prescriban, pueden ayudar a una desvinculación del empleado en la empresa sin que suponga inicialmente un coste económico.

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de resolver en cualquier caso. No obstante, la Ley prevé que cuando no se ha resuelto en el plazo establecido (entre dos y seis meses normalmente) intervenga el denominado silencio administrativo.

Por medio de este mecanismo, se podrán entender estimadas o desestimadas nuestras pretensiones, pudiéndose solicitar el correspondiente certificado en caso de silencio positivo, y pudiéndose impugnar contra las desestimaciones producidas como a consecuencia del silencio negativo.

Si el inquilino no paga el alquiler se puede realizar una reclamación extrajudicial vía burofax.

Si el requerimiento no es atendido, la vía judicial permite acumular las acciones de desahucio y de reclamación de cantidades. De manera que, con un solo procedimiento podemos echar al arrendatario que no está cumpliendo con sus obligaciones e intentar cobrar la deuda que mantiene con nosotros.

Para constituir una sociedad mercantil, se tiene que obtener la denominación social del Registro Mercantil Central, dotarla de un capital social (mínimo 3.000€ en la SL y 60.000€ en la SA), redactar los estatutos (objeto, domicilio, transmisión de participaciones, etc.) y designar el órgano de administración.

Evidentemente, dentro del capital se pueden efectuar aportaciones dinerarias o no dinerarias (acciones o participaciones en otras sociedades, inmuebles, negocio etc.). Es aconsejable que los estatutos se redacten teniendo en cuenta la voluntad y las preocupaciones de los socios, contando con un asesoramiento adecuado.

Cualquier acuerdo o medida que conste en una sentencia de divorcio podrá ser modificada judicialmente, cuando se produzca una modificación sustancial en las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de la sentencia.

Las modificaciones sustanciales más habituales son: un incremento de los gastos de los menores, una disminución en los ingresos del progenitor, un cambio de residencia del progenitor que ostenta y guarda la custodia, etc.

La legítima es aquella parte de nuestros bienes de los cuales no podemos disponer, al estar reservada a determinados herederos o legatarios, denominados legitimarios.

Tienen derecho a la legítima, en primer lugar, los hijos y descendientes y en caso de no haberlos, serán legitimarios los padres.

La cuantía de la legítima corresponde a una cuarta parte de la herencia que se deberá distribuir entre la totalidad de legitimarios del causante, a partes iguales.

La Ley prevé que para la presentación de la petición inicial de un procedimiento monitorio no es necesaria la intervención de un procurador y un abogado.

No obstante, hay que precisar que en caso de oposición del deudor, si la deuda es superior a 2.000€, será necesaria la intervención de estos profesionales en el juicio verbal u ordinario (si la reclamación excede a 6.000€). De la misma forma, en el supuesto de que el deudor no se oponga y se deba ejecutar el Decreto que pone fin al procedimiento monitorio, también será necesaria su intervención.

Ante la existencia de una deuda que llegado a su vencimiento resulta impagada, es aconsejable iniciar su reclamación, ya sea judicial o extrajudicialmente.

Para una reclamación extrajudicial recomendamos el envío de un burforax, puesto que es en el caso de que se llegue a la reclamación judicial, sirve para la acreditación de la reclamación previa.

En cuanto a la vía judicial, existen diferentes procedimientos (monitorio, verbal, ordinario, etc.); debiéndose en cada caso, valorar el más adecuado.

No obstante, es imprescindible disponer de toda la documentación acreditativa de la deuda.

Los administradores responderán, no solo delante de los acreedores, sino también delante de la sociedad y de sus socios, cuando hayan causado algún daño por actuaciones o omisiones contrarias a la ley, a los Estatutos o a los deberes inherentes a su cargo.

Es decir, en aquellos casos en los que el administrador no haya actuado de manera diligente y cumpliendo sus deberes inherentes a su cargo y se pueda acreditar, se le podrá derivar la responsabilidad de la sociedad.