FAQs

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Las viviendas habituales que las empresas alquilan a sus empleados están exentas del pago del IVA siempre que en el contrato de arrendamiento:

1.- Figure específicamente que el arrendamiento se realiza para un uso en exclusiva de vivienda habitual, sin posibilidad de realizar ninguna actividad empresarial.

2.- Que en el contrato de arrendamiento se especifique qué persona o personas físicas residirán en la vivienda.

3.- Debe estar expresamente prohibido la posibilidad de subarrendar o ceder el inmueble a personas físicas distintas a las consignadas.

 

 

Las primas de seguros de salud que se concierten a favor de los trabajadores, su cónyuge y descendientes, cotizan a la Seguridad social. Por contra, están exentas de IRPF hasta un máximo de 500€ anuales por cada una de las persones indicadas anteriormente.

El arrendatario puede desistir del alquiler siempre que hayan pasado 6 meses desde la celebración del contrato, comunicándolo al propietario con, al menos, 30 días de antelación.

Si las partes no han acordado otra cosa, el desistimiento no obliga al arrendatario a indemnizar al arrendador, pero se admite el pacto por el cual el arrendatario deba pagar una mensualidad de renta por cada año del contrato que deje de cumplir.

El Tribunal Supremo ha establecido el criterio interpretativo de que para aplicar la exención en el IRPF por reinversión en vivienda habitual no es necesario emplear en su totalidad el dinero obtenido de la venta si no que es suficiente con aplicar para el mismo fin dinero tomado a préstamo de un tercero, ya sea directamente o como consecuencia de la subrogación en un préstamo previamente contratado por el transmitente del inmueble”.

 

A la finalización de los contratos de obra y servicio y de circunstancias de la producción, los trabajadores tienen derecho a recibir una indemnización de 12 días de salario por cada año de servicio.

Si, están exentas para los siguientes beneficiarios.

Los beneficiarios de esta franquicia y exención en el IVA son:

  • Entidades públicas.
  • Organismos privados de carácter benéfico, caritativo o filantrópico que hayan sido autorizados.
  • También podran beneficiarse de esta medida, otros operadores que importen por cuenta de un ente público o de un organismo privado autorizado y de mismo modo cuando el operador importe para la posterior donación del material adquirido a un ente público o a un organismo privado autorizado.

Las vacaciones deben disfrutarse en el año natural al que correspondan, el derecho a disfrutarlos caducaría el 31 de Diciembre de cada año. Se prohíbe su acumulación en años sucesivos excepto pacto en contrario; y en casos excepcionales.

En caso de que el propietario quiera vender a un tercero la vivienda arrendada, debe comunicarlo al arrendatario, haciéndole saber el precio y demás condiciones para la venta. El arrendatario tendrá derecho a adquirir la vivienda con preferencia a este tercero para las mismas condiciones que el propietario le ha notificado.

Si la vivienda se acaba vendiendo al tercero, el arrendatario tendrá derecho a continuar en el arrendamiento del piso durante la duración legal mínima que quede por cumplir, o durante toda la duración pactada con el vendedor si el arrendatario hubiera inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad o si el comprador hubiera conocido por otra vía la existencia del arrendamiento.

Debido a la falta de personal de la Oficina de Extranjería de Girona, y como consecuencia de la pandemia, todos los trámites se deben realizar con cita previa y debido a que la administración no da nuevas citas previas, muchos de los trámites se pueden realizar de forma telemática, a través de una nueva plataforma habilitada para ello.

Esta tramitación la pueden hacer los propios interesados o por profesionales, pero siempre con certificado digital.
Con ello se evita el tener que pedir cita previa y las horas de espera en la Oficina de Extranjería, pero los expedientes continúan con mucha demora y no cumplen casi nunca el plazo de los tres meses para la resolución del expediente .

Degut a la falta de personal de l’Oficina d’Estrangeria de Girona, i que a conseqüència de la pandèmia, tots els tràmits s’han de realitzar amb cita prèvia i que l’administració no dona noves cites prèvies, molts dels tràmits es poden fer de manera telemàtica, a traves de la plataforma habilitada expressament.

Aquesta tramitació la poden fer els propis interessats o per els professionals, però sempre amb certificat digital.

Amb això s’evita el tenir que demanar cita prèvia i les hores d’espera a l’Oficina d’Estrangeria, però els expedients continuen amb força demora i no complint quasi mai el termini dels tres mesos per a la resolució de l’expedient.

Libro registro de factures emitidas, libro registro de factures recibidas, libro registro de bienes de inversión y libro registro de operaciones intracomunitarias. La normativa mercantil obliga a conservar estos libros durante seis años.

 

Cuando sucede esta situación, el trabajador tiene la consideración de desplazado. Se debe solicitar ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administraciones de la misma, la expedición del correspondiente certificado de desplazamiento. Este trámite permite obtener cobertura ante la Inspección de Trabajo del país de destino y asistencia sanitaria. En el caso que el desplazamiento se realice dentro de la UE se recomienda, a más, la solicitud de la Tarjeta Sanitaria Europea.

Si, la ayuda  del  “Plan Renove-2020” para la compra de vehículos tributa en IRPF como una ganancia patrimonial. Cuando el importe de esta ayuda es superior a 1.000,00 euros se pasa a estar obligado a hacer la Declaración de la Renta.

La obligatoriedad de tener y registrar el plan de igualdad, para las empresas de 150 o más personas trabajadoras, entró en vigor el día 7 de marzo de 2020, antes de la afectación del COVID-19, por lo tanto, la obligatoriedad es vigente.

 

 

La comisión a pagar a una agencia inmobiliaria por su intervención en un contrato de alquiler, como norma general, no cuenta con regulación legal, por lo que aquella podrá exigirla a quien considere según lo que, en cada caso, convenga con las dos partes.

No obstante, esta regla tiene una excepción cuando se trata del arrendamiento de una vivienda y esta sea propiedad de una persona jurídica. En este caso la LAU establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato son siempre de cargo del arrendador.

La retribución flexible permite a los empleados destinar hasta un 30% de su salario bruto anual a servicios cuotidianos quedando exentos de IRPF, como pueden ser el menú diario en restaurante, guardería, transporte, seguro médico, cuotas de Gimnasio, Tarjeta de transporte, plan de pensiones, ordenadores y equipos electrónicos, formación externa, etc. De este modo, obtienen un importante ahorro, a la vez que maximizan su salario neto anual.

 

Los beneficios son varios, aumenta la retribución neta de tus empleados sin aumentar los costes salariales, asimismo su motivación, atrae y retiene el talento en tu empresa ofreciendo servicios de calidad adaptado a las necesidades de los colaboradores y el plan es totalmente configurable, elige los servicios que quieras ofertar. Contacta con tu asesor fiscal para que te informe dependiendo del servicio ofertado que ahorro supone en el Impuesto de Sociedades.

Sí, si son personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la cual se requiera la colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de la actividad profesional referida y los que representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

Están obligados desde el 1.10.2016 y de acuerdo con la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas aunque la ATC no empezó a practicarlas hasta el 1.10.2018.

Asímismo, de acuerdo con el Decret 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital, los autónomos también están obligados a recibir notificaciones electrónicas cuando deriven de su actividad profesional.

Si el periodo de vacaciones coincide con un periodo de baja médica, el trabajador tiene derecho a recuperar esos días de vacaciones que no se han podido disfrutar por estar de baja, disfrutando de las vacaciones una vez finalizada la baja.

El periodo de baja laboral es para recuperar la salud, por lo que el trabajador tiene que hacer todo lo posible para recuperarse en el menor tiempo. Por eso, la posibilidad de seguir o irse de viaje estando de baja dependerá de la enfermedad que se tenga. Se deberá tener el consentimiento del médico o la mutua que gestione la prestación.

El depósito de cuentas anuales es de carácter obligatorio y no hacerlo puede comportar consecuencias fatídicas de las cuales queremos destacar la imposibilidad de inscribir documentos societarios y la derivación de responsabilidad contra el órgano de administración.

Para más información poneros en contacto con nuestros asesores.

El acta de titularidad real es un acta notarial en la que el compareciente manifiesta quiénes son los titulares reales de las sociedades mercantiles o otras personas jurídicas.

Se entiende que son titulares de una sociedad las personas físicas que, directa o indirectamente, posean o controlen más del 25% del capital social o de los derechos de voto de la misma, o que, por cualquier otra vía, ejerzan el control de la persona jurídica.

El acta de titularidad real es necesaria para cualquier operación jurídica, mercantil o financiera que se realice ante notario, registros, administración, entidades bancarias, etc.

 

Motivarán un aumento del rendimiento del capital inmobiliario. Sin embargo, los rendimientos de alquiler descubiertos por la administración, bien sea por afloramiento de ingresos, o bien por reducción de gastos no deducibles, gozarán igualmente de la reducción del 60%, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que pone fin a años de criterios contradictorios.

 

 

Durante el estado de alarma ocasionado por la crisis sanitaria del COVID19, procede la imputación de rentas inmobiliarias por un inmueble considerado segunda vivienda, en la que el contribuyente no reside y que no tiene arrendada ni está afecta a una actividad económica.

La DGT señala que dicha imputación de rentas no tiene en cuenta la utilización efectiva de la segunda vivienda si no su disponibilidad a favor de su titular. Solamente, según consulta vinculante CV 28-5-18, estará excluida la imputación de rentas, si se tratase de un inmueble vacío con ocupación ilegal por terceros en contra de la voluntad del propietario siempre, en todo caso, que se haya iniciado un proceso judicial de desahucio.

 

Cuando llega la muerte del empresario, las obligaciones tributarias pendientes se transmiten a los sucesores o al representante de la herencia, mientras ésta no se haya aceptado.

Por otro lado, los herederos tienen la obligación de presentar el modelo 303 de todas las operaciones que se hayan realizado hasta el fallecimiento.

También se deberá presentar el modelo 390 salvo algunas excepciones.

 

Es bastante frecuente que la cuota del Impuesto de Actividades Económicas varíe en función del municipio en que se ubique la actividad, incluso tratándose de municipios con características similares.

Esto es debido a los coeficientes que resultan de aplicación a la cuota base del impuesto. En concreto, los municipios tienen la potestad de aplicar un coeficiente de situación, dependiendo de la ubicación concreta de la actividad dentro del municipio.

 

 

En el derecho catalán, el plazo de prescripción de las acciones para reclamar el cumplimiento de las obligaciones depende de la naturaleza de estas.

Así, las relativas a pagos periódicos anuales o de plazo más breve, las relativas a las remuneraciones de prestaciones de servicios o ejecuciones de obra o las relativas a las compras de consumo, se pueden reclamar dentro del plazo de tres años.

Las relativas a situaciones posesorias, en el plazo de un año.

Y todas las que no tengan otro plazo establecido por las leyes, prescriben en el plazo de diez años.

La obligatoriedad de los planes de igualdad viene dada por el número de personas que la empresa tiene en su plantilla, independientemente de que sean mujeres u hombres. Por otra parte, si la empresa está feminizada, es decir que la mayoría del personal es femenino (segregación horizontal) hay que hacer el plan de igualdad ya que uno de los objetivos que persiguen los planes de igualdad es eliminar los desequilibrios respecto a la presencia de hombres y mujeres en determinados puestos de trabajo.

No, la fianza legal en el contrato de arrendamiento responde de los incumplimientos del arrendatario al fin del contrato. Ni el arrendador puede, vigente el contrato, pedir la restitución de la fianza al INCASÒL si el arrendatario no paga una renta, ni el arrendatario puede dejar de pagar una mensualidad en consideración a la fianza inicialmente entregada.

 

Las cantidades recibidas a través del SEPE por estar en ERTE se consideran rendimientos íntegros del trabajo. Así, los trabajadores que hayan cobrado de su empresa y, además, de un ERTE tendrán que hacer la declaración de la renta si los rendimientos del trabajo superan los 14.000 euros, siempre y cuando la cantidad recibida del segundo pagador (o sucesivos) supere los 1.500 euros.

 

Cuando hacemos limpieza de documentación a veces sólo tenemos presente la prescripción en materia tributaria, pero seguidamente adjuntamos un calendario de conservación según documentación:

  • CONTABLE Y MERCANTIL, prescripción 6 años (Art 30 Código de Comercio).
  • FISCAL para liquidar o exigir pago deuda tributaria, prescripción 4 años (Art 66 Ley 58/2003), si bien según reciente doctrina administrativa, Hacienda también podrá reclamar documentación con trascendencia fiscal de los últimos seis años.
  • FISCAL para comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensar o deducciones aplicadas o pendientes de aplicar. Prescripción 10 años (Art 66 bis Ley 58/2003).
  • DELITOS CONTRA HACIENDA PÚBLICA, prescripción 10 años (Art 131 Ley Org 10/1995).
  • PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES, documentación en la que se formalice el cumplimiento de las obligaciones, prescripción mínimo 10 años (Art 25 Ley 10/2010).

En condiciones normales, la respuesta dependerá de la modalidad de cálculo de pago a cuenta por la que la empresa haya optado: si en su día optamos por el cálculo en base al resultado corriente, el resultado del pago a cuenta reflejará más fielmente el resultado del ejercicio actual, de manera que en caso de pérdidas no se tendrá que avanzar el pago del tributo.

No obstante, incluso si se optó por el cálculo en base al resultado del último impuesto presentado, y en atención a las circunstancias derivadas de la crisis del COVID-19, se permitirá cambiar, excepcionalmente, al el sistema de cálculo según el resultado corriente, simplemente presentando la declaración del segundo pago fraccionado en el mes de octubre (aunque sea negativo) por dicha modalidad de cálculo, quedando vinculado a esta opción hasta final de año.

Puesto que esta opción solamente estuvo disponible, en el primer pago fraccionado (abril), para empresas con facturación inferior a 600.000 euros en el ejercicio anterior, quien ingresó por este concepto en abril, no podrá pedir la devolución hasta la presentación del impuesto de sociedades de 2020.

No es obligatorio, pero si muy recomendado, ya que la gestoría realiza un seguimiento de las comunicaciones que la empresa pueda recibir, ahora bien, en caso de no querer realizar el apoderamiento, será necesario informar a Hacienda una dirección electrónica para que podáis recibir las notificaciones que ésta envía.

La muerte del arrendatario no determina la extinción automática del contrato de alquiler. La Ley de Arrendamientos Urbanos reconoce el derecho de las siguientes personas de continuar en el contrato:

a) El cónyuge o pareja de hecho del arrendatario que en el momento de la muerte conviva con él (respecto de la pareja de hecho, no se contempla, sin embargo, la constituida en escritura pública, sólo por convivencia o descendencia común).

b) Los descendientes del arrendatario sujetos a su patria potestad o tutela, o que hayan convivido habitualmente con él durante los 2 años precedentes.

c) Los ascendientes del arrendatario con el mismo requisito de la convivencia durante los 2 años anteriores.

d) Los hermanos del arrendatario que hayan convivido con él durante los dos últimos años.

e) Los parientes hasta el tercer grado colateral que tengan una minusvalía igual o superior al 65% y que hayan convivido con el arrendatario durante los últimos dos años.

Si en el momento de la muerte del arrendatario no existe ninguna de estas personas, el arrendamiento queda extinguido.

 

Como norma general, la declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo. Así, en el caso de empresas cuyo ejercicio fiscal es coincidente con el año natural, el plazo finalizará el 27 de julio de 2020, al ser el día 25 inhábil.

No obstante, en el caso del ejercicio 2019, y debido a las particularidades derivadas de la crisis del COVID-19, que han supuesto la prolongación del plazo para formular y aprobar las cuentas anuales, el modelo de declaración aprobado incorpora la posibilidad de presentar , sin recargo, una segunda declaración, cuando las cuentas anuales aprobadas con posterioridad a la presentación de la primera declaración difieran respecto de ésta. El plazo voluntario para esta segunda declaración termina el 30 de noviembre de 2020, y tendrá la consideración, bien de declaración complementaria, bien rectificación, de la presentada anteriormente, en función del sentido en que varíe el resultado respecto de la primera declaración presentada.

Cuando la Administración tributaria realiza una liquidación por cualquiera de los procedimientos previstos en la ley, a menudo aflora no solamente una cuota del impuesto, sino otros elementos, como sanciones, recargos o intereses de demora que el contribuyente ha de satisfacer. A efectos de su consideración como gasto deducible en el impuesto de sociedades:

  • Las cuotas del impuesto serán gasto fiscalmente no deducible si se trata del impuesto de sociedades , retenciones o IVA. Otros tributos, como el IAE o el IBI, que permiten deducir la cuota regularizada por la administración, dado que su naturaleza es en todo caso, deducible.
  • En cuanto a las sanciones y recargos que se deriven, no constituirán, en ningún caso, gasto deducible.
  • Por lo que respecta a los intereses de demora, según la reciente jurisprudencia, si se derivan de la propia cuota no satisfecha voluntariamente, tienen carácter sancionador, y por tanto, no son gasto deducible. Pero, por ejemplo, si se decide aplazar el pago de las cuotas tributarias exigidas, los intereses devengados por este concepto, al provenir de un acuerdo con la administración, podrán deducirse en el impuesto de sociedades.

El divorcio notarial es una vía más ágil que el tradicional procedimiento ante los tribunales; en contrapartida, sin embargo, no es posible en todos los casos, sino solo cuando se dan los requisitos siguientes:

  • Que hayan transcurrido, al menos, tres meses desde la celebración del matrimonio.
  • Que haya mutuo acuerdo entre los cónyuges.
  • Que no haya hijos menores de edad no emancipados o con la capacidad judicialmente modificada que dependan de los cónyuges.
  • Que los hijos mayores de edad o emancipados presten su consentimiento a las medidas que les afecten.
  • Que los cónyuges comparezcan personalmente ante el notario.
  • Que estén asistidos por un abogado en ejercicio, que deberá firmar con los cónyuges la escritura.

La escritura de divorcio, que deberá contener el convenio regulador de sus efectos, sólo puede otorgarse ante el notario del último domicilio común de la pareja o del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes.

La persona que disponga del título de transportista, tiene que ser una persona física asalariada a tiempo completo, en las cuentas de cotización 1 o 2, o un accionista, que cotice como autónomo y que tenga más del 15% de las acciones en el caso de las sociedades, de forma directa.

Con la normativa, ya no será necesario, en ninguno de los dos casos, que sea administrador o que deba tener poderes en la empresa.

Requisitos para hacer el examen:

  • Tener el domicilio en el ámbito territorial catalán de acuerdo con el DNI, el NIE o el pasaporte.
  • Disponer de título de Bachiller o equivalente, o bien cualquier de los tres siguientes:
  1. Título de Técnico que acredite haber superado las enseñanzas de cualquier formación profesional.
  2. Título de Técnico Superior que acredite haber superado las enseñanzas de cualquier formación profesional de grado superior.
  3. Cualquier título que acredite haber superado unos estudios universitarios de grado o postgrado.

El ajuar doméstico, debido a una falta de concreción del Impuesto de Sucesiones, habitualmente se calcula aplicando un 3% sobre el total del caudal relicto, con independencia de los bienes heredados y se dejaba a criterio del contribuyente probar que el valor era inferior (cosa que podía resultar muy complicada).

Pero una reciente sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a eliminar de la valoración del ajuar doméstico, ciertos bienes: los bienes inmuebles, el bienes susceptibles de producir renta, el dinero y los valores mobiliarios. Por lo tanto, si sólo se hereda dinero o fondos de Inversión, no deberían tenerse en cuenta para el cálculo del ajuar doméstico, y por consiguiente no se debería pagar nada por este concepto, sin que sea necesario aportar prueba alguna.

 

El Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que modifica algunos aspectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos con ella y alcanzar la igualdad de derechos tanto en el trato como en la contratación del personal, establece la obligación de realizar un plan de igualdad a todas las empresas que superen los 50 trabajadores.

Concede la norma una serie de plazos para la elaboración de éstos a las entidades, que difieren acorde al tamaño de las entidades:

  • Las empresas de entre 150 y 250 trabajadores cuentan con un año para la elaboración de sus Planes de Igualdad;(7 de marzo de 2020).
  • Aquellas con tamaño entre 100 y 150 empleados, con dos años de plazo;(7 de marzo de 2021).
  • Para las empresas más pequeñas, de entre 50 y 100 trabajadores, la moratoria será de 3 años.(7 de marzo de 2022).

La intención del legislador del impuesto de patrimonio es otorgar exención a todos aquellos bienes que, bajo una serie de condiciones, estén afectos a una actividad económica.

En este sentido, los depósitos bancarios se consideran patrimonio gravable del contribuyente, en la medida en que no se utilizan para una actividad económica, y ello con independencia de que su titularidad sea directamente del contribuyente o de una sociedad propiedad del mismo, pues los elementos no afectos a la actividad, propiedad de sociedades mercantiles, son igualmente objeto de tributación.

La única manera de que esta aportación monetaria a la sociedad estuviera exenta en el impuesto de patrimonio sería que se pudiera acreditar que su destino tiene que ver con la actividad de la sociedad, como sería el caso de una amortización de deuda o la realización de una inversión productiva en un plazo relativamente corto.

En la inmensa mayoría de contratos de alquiler, tanto de vivienda como de locales de negocio, la renta debe pagarse anticipadamente dentro de los 5 o 7 primeros días de cada mes. La falta de pago en este plazo (o cualquier otro que se haya pactado) supone un incumplimiento del contrato por parte del arrendatario ante el cual el arrendador puede instar la resolución del alquiler.

Por ello, excepto que en el contrato de arrendamiento se hubiera estipulado otra cosa, es suficiente que el arrendatario haya dejado de pagar una sola renta mensual para que el arrendador pueda ejercitar la acción de desahucio, y no es necesario esperar a que se acumulen más impagos.

 

Leasing: Está destinado a la compra definitiva del bien desde el momento en que se firma el contrato, sujeta al ejercicio de una opción de compra al final del contrato. Al considerarse contablemente una compra, deben efectuarse las amortizaciones correspondientes, de manera que se reconocerá tanto un activo, por el valor de adquisición del elemento, como un pasivo, por la deuda viva pendiente. Sus cuotas no son deducibles en el impuesto de sociedades, salvo la parte correspondiente a los intereses.

Renting: Es un arrendamiento del uso de un bien por un periodo de tiempo determinado, que generalmente incluye los gastos corrientes asociados al elemento. Como alquiler, es un gasto que se reconoce contablemente como tal, y sus cuotas son deducibles en el impuesto de sociedades.

No. Si una factura reúne todos los requisitos exigidos por el R.D. 1496/2003 pueden deducirse las cuotas soportadas que figuren en la misma y tengan la consideración de deducibles, sin que el derecho a deducir se vea perjudicado por darse la circunstancia de que en la misma factura se incluyan, junto con operaciones cuyas cuotas son deducibles, otras cuyas cuotas no pueden ser objeto de deducción.

Cuando aceptamos una herencia adquirimos, no sólo los bienes de que era titular el causante sino también sus deudas y obligaciones, de los cuales responderemos con los bienes de la herencia y con los nuestros propios; por ello es necesario ser cauteloso en aceptar aquellas herencias cuya composición no conocemos bien.

En caso de que tengamos dudas sobre el contenido de una herencia que nos ha sido deferida tenemos la opción de aceptarla a beneficio de inventario, con el efecto principal de que sólo responderemos de las deudas hereditarias con los bienes existentes en la propia herencia, quedando a salvo nuestro patrimonio personal.

Cuando una persona es residente en una residencia y hace 2 años o más que no vive de manera habitual en este inmueble debe declarar la ganancia o pérdida patrimonial que obtenga y no le será de aplicación la exención prevista en el artículo 33.4 de la LIRPF. Por lo tanto, si se da la circunstancia es mejor hacer la transmisión antes de 2 años para no tributar.

 

 

 

Si la obra que tenemos proyectada no afecta a elementos comunes del edificio, podremos hacerla sin el consentimiento de la comunidad, pero tendremos que comunicar previamente nuestra intención de hacerlas al presidente o al administrador.

En caso de que las obras vayan a afectar a elementos comunes (paredes de carga, forjados, cerramientos, fachadas, etc.) sí será necesario el acuerdo de la junta de propietarios.

En ningún caso se podrán hacer obras que perjudiquen a los demás propietarios o que alteren la solidez, la accesibilidad o el aspecto exterior del edificio.

 

El Reglamento (UE) 1169/2011, de 25 de octubre, sobre la información alimentaria, especifica la necesidad de informar a los consumidores de los alimentos que pueden provocar alergias o intolerancias.

En el caso de bares, restaurantes y establecimientos de restauración en general, se debe informar con carteles, paneles o rótulos colocados en uno o varios lugares del establecimiento, y que sean fácilmente perceptibles para los consumidores (por ejemplo, en la zona de recepción del establecimiento, en el lugar de atención, en la caja) así como en las cartas, las pizarras que se escriben diariamente a mano, y en la página web -si tiene-.

Los principales alimentos que pueden provocar alergias, entre otros, son: cereales, crustáceos y moluscos, pescado, huevos, soja, leche, cacahuetes, frutos secos, etc, a los cuales se añadirán sus derivados.

 

Las mujeres con hijos menores de 3 años podrán minorar la cuota diferencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 100 euros mensuales siempre que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.

En el caso de ERTE en los que se suspenda el contrato de trabajo, el contribuyente se encuentra en situación de desempleo total.

Por tanto, en los casos de suspensión del contrato de trabajo durante todo el mes como consecuencia de la aprobación de un ERTE, dejan de cumplirse los requisitos para disfrutar de la deducción por maternidad y el correspondiente abono anticipado.

 

Con efectos desde el 5 de julio de 2018 se incluye un nuevo supuesto al que será aplicable la deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  1. Que el cónyuge con discapacidad no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.
  2. Que no genere el derecho a las deducciones previstas en las letras c) y d) del número 1 del artículo 81 bis de la LIRP (descendiente con discapacidad o ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo).

La deducción es de 100 euros mensuales.

La documentación técnica relativa a la construcción que hay que verificar antes de adquirir una finca de segunda mano es la siguiente:

  • Certificado de eficiencia energética (CEE), exigible tanto para las viviendas como para los locales de negocio.
  • Informe y Certificado de Inspección Técnica del Edificio (ITE). Exigible para los edificios de más de 45 años de antigüedad donde haya uso de vivienda. A pesar de que su entrega sólo es obligatoria en la transmisión de viviendas, es conveniente exigirla al vendedor también en la transmisión de locales ubicados en edificios con uso residencial, ya que las obligaciones relativas a la inspección técnica obligatoria recaen en la comunidad de propietarios en su conjunto.
  • Cédula de habitabilidad. Exigible sólo en la transmisión de viviendas.

Hay que asegurarse de que la documentación recibida sea vigente, y también debemos tener presente que la ley exonera en ocasiones la entrega de estos certificados al comprador.

No. Las piscinas no se consideran edificios o partes de los mismos destinados a vivienda, por lo tanto, aunque se contraten directamente con el promotor de una edificación tributaran al tipo impositivo general del 21 por ciento.

 

 

Todo e-commerce, para que pueda considerarse un espacio seguro y confiable, debe necesariamente contar con los siguientes elementos legales que deberán estar accesibles, visibles y adaptados a la actividad y las regulaciones vigentes:

Aviso Legal: El titular de la web o e-commerce debe permitir a usuarios y a la autoridad competente, acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil directa y gratuita a una seríe de información sobre el responsable de la web que permita identificarlo claramente.

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Condiciones de contratación: Dado que un e-commerce lleva a cabo contratos on-line, deberá añadir información con carácter previo al proceso de contratación: La plataforma deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales del contrato de forma que puedan ser almacenadas y reproducidas.

Sí. Las personas físicas no residentes deben tributar en España por el Impuesto sobre el Patrimonio, por los  bienes y derechos de que sean titulares, cuando los mismos “estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español” (artículo 5.1.b) Ley 19/1991 del IP). Lo normal es que tributen únicamente sobre los inmuebles que puedan tener en España (cuando su valor supere el mínimo exento de 700.000€, según la normativa estatal), pues si residen en otro estado que tenga suscrito con España un convenio de doble imposición, en principio (1), no deberán tributar aquí por otros bienes que puedan tener (dinero, vehículos, acciones o participaciones de sociedades, obras de arte, etc.).

 

(1)      Determinados convenios de doble imposición, los más recientes, establecen que también tributan en España los no residentes por acciones o participaciones de sociedades cuyo principal activo sean inmuebles en España. Por ejemplo, el nuevo Convenio de Doble Imposición con Alemania, vigente desde el 1 de enero de 2013, y el nuevo Convenio con el Reino Unido, vigente desde el 1 de enero de 2015.

 

Sí. Les persones físiques no residents han de tributar a Espanya per l’Impost sobre el Patrimoni, pels béns i drets de què siguin titulars, quan aquests “estiguessin situats, poguessin exercitar-se o haguessin de complir-se en territori espanyol” (article 5.1.b) Llei 19/1991 de l’IP). El normal és que tributin únicament sobre els immobles que puguin tenir a Espanya (quan el seu valor superi el mínim exempt de 700.000€, segons la normativa estatal), perquè si resideixen en un altre estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni de doble imposició, en principi (1), no hauran de tributar aquí per altres béns que puguin tenir (diners, vehicles, accions o participacions de societats, obres d’art, etc.).

 

(1) Determinats convenis de doble imposició, els més recents, estableixen que també tributen a Espanya els no residents per accions o participacions de societats que el seu principal actiu siguin immobles a Espanya. Per exemple, el nou Conveni de doble imposició amb Alemanya, vigent des de l’1 de gener de 2013, i el nou Conveni amb el Regne Unit, vigent des de l’1 de gener de 2015.

 

La documentación específica relativa al régimen de propiedad horizontal que conviene verificar antes de adquirir una finca sometida a dicho régimen es la siguiente:

  • Copia del título constitutivo del régimen: la escritura de división horizontal, donde se describen las unidades que forman el régimen y la cuota de participación que corresponde a cada una.
  • Copia de los estatutos, si los hay. Deberían formar parte del título constitutivo pero también puede haberlos fuera de este.
  • Copia de las normas de régimen interior. Regulan los detalles de la convivencia en el edificio, pero su existencia no es frecuente.
  • Certificado de estar al corriente de las cuotas de la comunidad. El elemento privativo que compremos responderá de las cuotas vencidas del año en curso y de los cuatro anteriores.
  • Certificado de las derramas aprobadas pendientes de recaudación.

Cada convenio colectivo o bien el propio contrato de trabajo determinará los permisos y las condiciones de los permisos de los trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores establece unos permisos mínimos que serán los que se aplique si no lo mejoran el convenio colectivo o el propio contrato.

Los permisos son retribuidos y, por lo tanto, el trabajador tiene derecho a cobrar, por el tiempo del permiso, la misma retribución que cobra habitualmente por este tiempo.

 

 

 

El próximo día 31 de marzo finaliza el plazo para presentar el modelo 720 informativo.

Están obligados a presentar la declaración las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español siempre que superen los 50.000 € en cuentas en entidades de crédito, valores, fondos, seguros, rentas y bienes y derechos sobre bienes inmuebles.

En caso de incumplimiento de la obligación de informar, las sanciones son cuantiosas: una multa fija de 10.000 € a la cual se pueden sumar 5.000 € por cada dato no comunicado, incompleto, inexacto o falso.

En caso de que se presente fuera de plazo, la sanción será de 1.500 € con incrementos de 100 € por cada dato o conjunto de datos.

De acuerdo con la normativa comunitaria que existe actualmente, dentro de las fronteras de la Unión Europea, hay la libre circulación de trabajadores. Aún así, hay ciertas limitaciones relacionadas con los puestos de trabajo de la Administración. Así pues, se puede ejercer cualquier trabajo por cuenta propia o ajena en las mismas condiciones que cualquier nacional del Estado miembro del cual se trate.

 

El PGC (Plan General Contable) propone la cuenta 141 de Provisión para Impuestos. Sirve para registrar el importe estimado de deudas tributarias, importe del cual aún es indeterminado o no se sabe la fecha exacta en que se producirán.

Cuando nos planteamos la adquisición de un inmueble es esencial exigir al vendedor que nos facilite la documentación básica que refleje la situación física y jurídica de la finca. Si el inmueble se halla arrendado es conveniente asegurarse, en concreto, de los detalles del contrato de alquiler vigente, pidiendo al vendedor la siguiente documentación:

  • Copia del contrato de arrendamiento en vigor, con todos sus anexos, novaciones o modificaciones que le afecten. Deberemos fijarnos especialmente en la fecha en que se firmó para saber qué régimen legal le es de aplicación.
  • Copia del certificado de depósito de la fianza legal. Puesto que seremos nosotros, como nuevos arrendadores, quienes estaremos obligados a restituirla al arrendatario al fin del contrato, debemos asegurarnos de que el propietario anterior la depositó en el INCASÒL y de los datos de este depósito.
  • Copia de los documentos de garantía adicional (fianza, aval, depósito, cheque…) con que, si es el caso, se hubiere asegurado el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario.
  • Justificación documental (con comprobantes bancarios de los ingresos mensuales, por ejemplo) de que el arrendatario ha estado pagando puntualmente las rendas del alquiler.
  • Cualquier otro documento que, en vista del contrato, sea relevante para conocer las obligaciones que nos incumbirán como arrendadores.

 

No se debe presentar cuando más del 70 % de los ingresos de la actividad profesional están sujetos a retención. En caso contrario, sí que se deberá de presentar. Recordemos que cuando un profesional factura servicios a un particular no practica retención.

Para vender un vehículo heredado, primero hay que cambiar la titularidad al heredero (es importante que el vehículo este indicado en la escritura de herencia y estén liquidados los impuestos), después se podrá tramitar la venta al comprador mediante transferencia.

Como norma general no, pero lo será, siempre y cuando la empresa acreedora esté declarada en concurso de acreedores y éste se encuentre ya en su fase de liquidación final declarada por el juez.

 

El responsable del pago de las cuotas del trabajador autónomo, a partir del dia  61 de la situación de baja médica con derecho a prestación económica, es la mutua colaboradora con la Seguridad Social, o la entidad gestora, o si se tercia el servicio público de ocupación estatal.

 

Existen dos modalidades para determinar la base de los pagos fraccionados del impuesto de sociedades:

1º.- En función de la cuota líquida de la última declaración (artículo 40.2 LIS), aplicable con carácter general.

2ª.- En función de la base imponible del ejercicio (artículo 40.3 LIS), opcional u obligatoria si el importe neto de la cifra de negocios es superior a los 6 millones.

Se puede optar por la segunda modalidad presentando el modelo 036 de declaración censal en febrero del año a partir del cual debe surtir efectos siempre que el período impositivo coincida con el año natural.

La renuncia a su aplicación se tendrá que hacer igualmente presentando el modelo 036 en el mes de febrero.

Es obligación de la comunidad de propietarios la de conservar los elementos comunes del edificio para que reúnan las condiciones estructurales, de habitabilidad, accesibilidad, estanqueidad y seguridad necesarias. Asimismo, es competencia de la junta de propietarios aprobar la realización de las reparaciones o actuaciones que el cumplimiento de aquellas condiciones exija.

Por ello, si un propietario sufre daños en su piso o local por la existencia de alguna deficiencia en los elementos comunes del inmueble (por ejemplo, humedades provenientes de un mal aislamiento de las fachadas), debe requerir a la comunidad para que adopte los acuerdos necesarios para repararla, y si la comunidad no lo aprueba, el propietario puede acudir a los tribunales solicitando que se condene a la comunidad a ejecutar las obras que sean necesarias

En tributación conjunta no es posible compensar las pérdidas del juego de un cónyuge con las ganancias obtenidas por el otro cónyuge, ya que las pérdidas del juego solo pueden compensarse por el contribuyente que las haya obtenido con cargo a las ganancias obtenidas también por este último.

 

La situación de incapacidad temporal (IT), tendrá una duración de:

En caso de accidente o enfermedad, cualquier que sea su causa, 365 días prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que, durante ellos, el trabajador pueda ser dado de alta médica por    curación.
En caso de periodos de observación por enfermedad profesional, 6 meses prorrogables por otros 6 cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

El contrato de prácticas está destinado a personas que tengan un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, que esté obtenido dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al momento de la contratación, o bien dentro de los últimos siete años si el trabajador tiene alguna discapacidad. Su finalidad es que la persona obtenga la práctica profesional adecuada al nivel de sus estudios.

En cambio, el contrato para la formación va dirigido a personas de más de 16 años, pero menos de 21, que no tengan una titulación necesaria para realizar un contrato de prácticas. Tiene como finalidad la adquisición de formación teórica y práctica por parte del trabajador con el fin de poder llevar a cabo un oficio o tener un lugar de trabajo que requiera un cierto nivel de cualificación.

 

 

El plazo de presentación del modelo 347 es el mes de febrero se debe recordar que los obligados tributarios acogidos al SII no están obligados a dicho impuesto.

Pueden existir discrepancias entre los importes declarados por un cliente y proveedor en el caso de que se reciba la factura por el cliente y se registre en un período trimestral distinto al de la emisión de la misma por el proveedor  surgirán diferencias.

Se pueden declarar importes negativos en el modelo siempre que el importe anual de las operaciones supere, en su valor absoluto (sin signo), los 3.005,06€. Dicho importe se consignará en la declaración con el signo negativo.

Se deben incluir en la declaración informativa las subvenciones públicas recibidas si estas no son reintegrables y se han percibido en relación a la actividad empresarial o profesional y supere los 3.005,06 euros procedentes de cada Administración Pública. A efectos de determinar si supera o no el importe mencionado en el año se entenderán satisfechos el día en que se expida la correspondiente orden de pago, o de no existir esta, cuando se efectúe el pago.

 

Todos los sujetos pasivos del IVA, por cualquier concepto, están obligados a presentar la declaración recapitulativa Intrastat, que es una declaración de tipo estadístico a nivel de la Unión Europea, y que tiene periodicidad mensual, siempre que se alcance el umbral de operaciones con países de la Unión Europea  (actualmente 400.000 euros anuales).

El plazo para presentar la declaración es hasta el día 12 del mes siguiente al mes natural al que se refieren las operaciones declarada.

El propietario de una vivienda arrendada, mientras el arriendo permanezca vigente, sólo puede entrar en él con el consentimiento del arrendatario.

Dado que la vivienda arrendada constituye el domicilio del arrendatario, es inviolable, y por ello son ilegales las cláusulas contractuales que autoricen al propietario a acceder al inmueble bajo pretextos como verificar su conservación o enseñarlo a potenciales compradores.

Incluso en el caso de que el propietario tenga la seguridad que el arrendatario ha abandonado el piso definitivamente, no podrá acceder a él hasta que el contrato se haya extinguido, ya sea por acuerdo con el inquilino, ya por resolución judicial.

Será una elaboración de perfil toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física.

 

Si se quiere capitalizar la prestación por desempleo para iniciar un negocio, se entiende como inversión todo gasto que se efectúe para adquirir bienes o derechos que integran el patrimonio del negocio como parte del activo, como por ejemplo maquinaria, mobiliario o un inmueble, entre otros, y que sean necesarios para la puesta en marcha de la actividad.

Se podrá destinar la prestación capitalizada a los gastos para poner en funcionamiento el negocio, así como el pago de las tasas y tributos.

También se puede destinar hasta un 16% de la cantidad de la prestación capitalizada al pago de servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender.

Además, son considerados como inversión los gastos previstos durante los tres primeros meses de funcionamiento como podrían ser cargas tributarias o alquileres, entre otros.

Si tu contrato de alquiler es anterior al 01/01/2015, puedes tener una deducción del 10.05% de las cantidades pagadas por el alquiler, siempre que cumplas una serie de requisitos.

Además de la deducción comentada en el párrafo anterior, si resides en la comunidad autónoma de Cataluña, también podrás tener derecho una deducción del 10% del importe pagado por el alquiler, siendo el importe máximo de ésta 300 euros anuales si la declaración es individual o 600 euros anuales si la declaración es conjunta. Para ello es necesario que cumplas una serie de requisitos de renta y de circunstancias personales.

 

El Ministerio de Trabajo e Inmigración asigna un crédito para la formación que permite a la empresa formar a sus trabajadores. La empresa se bonifica de los costes de la formación a cargo de la cotización a la Seguridad Social a través de la Fundación Tripartita, que es la encargada de la gestión de la bonificación.

 

 

Si somos propietarios de un elemento privativo (piso o local) de un edificio en régimen de propiedad horizontal, el título constitutivo de éste lo definirá según el uso a que se destine: vivienda o local de negocio.

De entrada, cualquier modificación del título constitutivo exige el acuerdo unánime de la junta de propietarios, pero como excepción (entre otras) a este régimen, el propietario puede hacer, por sí solo y sin necesidad de ningún acuerdo comunitario, la modificación de este destino.

De modo que, si queremos destinar a habitación un local de negocio, o convertir en tienda, oficina o almacén una vivienda, podemos modificar el título constitutivo de la propiedad horizontal sin necesidad de obtener el consentimiento del resto de propietarios y con la única limitación de que la normativa urbanística permita la implantación de dicho uso en nuestro elemento privativo.

No, por norma general, deberán comunicarse con las administraciones públicas exclusivamente de forma telemática los siguientes sujetos:

  • Las personas jurídicas (por ejemplo, sociedades mercantiles).
  • Las entidades sin personalidad jurídica (por ejemplo, comunidades de bienes y sociedades civiles).
  • Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, aunque sea a título particular.
  • Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electróni­camente con la Administración.

Para ello, será necesario disponer de un certificado digital, y en algunos casos, será posible apoderar a un tercero para que gestione la comunicación con la administración.

 

La cesión de trabajadores de una empresa a otra, excepto en el caso de las ETT (Empresas de Trabajo Temporal) está prohibida segun el Ordenamiento Jurídico. En caso que se infrinja esta prohibición, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades, tanto la empresa cedente como la cesionaria responden solidariamente de las obligaciones salariales y de Seguridad Social respecto los trabajadores cedidos.

Las entregas intracomunitarias de bienes entre empresarios, es decir, las ventas de mercancías remitidas a una empresa de cualquier país de la Unión Europea, por norma general, están exentas al IVA. No obstante, al margen de cuál sea la realidad de la operación, para poder aplicar esta exención, debemos estar en disposición de acreditar que la mercancía se ha vendido a un empresario habilitado administrativamente para realizar operaciones intracomunitarias, y que aquella ha salido efectivamente del territorio español con destino a otro país de la UE.

En primer lugar, debemos verificar que el comprador de la mercancía está dado de alta como operador intracomunitario, lo que se puede verificar consultando el censo VÍAS (Vat Information Exchange System), y en segundo lugar tenemos que poder acreditar documental y fehacientemente el transporte de la mercancía con destino a otro país de la Unión Europea, tanto si éste se realiza por el comprador o el vendedor, o por un tercero subcontratado por cualquiera de los dos.

En la medida en que el cliente no esté dado de alta como operador intracomunitario (aunque sea empresario), o no disponemos de pruebas suficientes para acreditar el transporte de la mercancía en el país de destino (bien sea a través del documento de transporte CMR, o cualquier otra prueba admitida en derecho), procederá repercutir IVA al cliente como si fuera residente en territorio español.

El importe se establece cada año y depende de dos factores. En primer lugar, la cantidad ingresada por cada empresa el año anterior en concepto de cuota de formación profesional y, en segundo lugar, cuántos trabajadores tiene.

Cada empresa con al menos un trabajador en Régimen General, tiene un importe mínimo de 420 euros anuales asignados.

 

Aunque no se perciban rendimientos dinerarios durante el periodo de carencia pactado, estos pactos suelen tener causa en la necesidad, por parte del inquilino, de efectuar reformas o mejoras en el inmueble que, en un algún momento futuro, revertirán en el propietario . Por lo tanto, esta operativa se considera, a efectos de IVA, una permuta de servicios, por lo que el propietario deberá emitir la factura por el valor de las obras realizadas por el inquilino, y éste deberá facturar dicho valor al propietario.

 

¿Para qué sirve el distintivo?

Es una clasificación en función de los niveles de contaminación de tu vehículo. En algunas ciudades se está ya utilizando este distintivo ambiental a la hora de restringir el tráfico en los días de alta contaminación, prohibiendo la circulación a los vehículos que carecen de él.

¿Dónde debo colocarlo?

El distintivo debe ir adherido en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, si se dispone de él. En su defecto (en el caso de motocicletas), en cualquier sitio visible del vehículo.

¿Estoy obligado a colocarlo en mi vehículo?

No. La colocación del distintivo es voluntaria. Sin embargo, existen ordenanzas municipales que pueden regular o incluso limitar la circulación de tu vehículo en función del distintivo que tenga, por lo que te aconsejamos que consultes las ordenanzas de tu municipio en este sentido, por lo que aconsejamos que lo lleves puesto.

Si no llevo el distintivo colocado ¿Puedo beneficiarme de las ventajas?

No. Dada que la utilidad del distintivo es que los agentes puedan discriminar fácilmente los vehículos más ecológicos de un vistazo (por ejemplo en días de alta contaminación), si no lo llevas visible es imposible que lo hagan, por lo tanto aunque tu coche cumpla con los requisitos, no vas a poder beneficiarte de las ventajas que conllevan los distintos distintivos.

El fallecimiento del arrendatario no determina necesariamente la extinción del contrato de arrendamiento. Hay diversas personas que pueden ocupar el lugar de aquél y continuar el contrato en las mismas condiciones pactadas inicialmente entre arrendatario y arrendador. Estas personas son las siguientes:

El cónyuge que conviva con el arrendatario en el momento del fallecimiento.

La pareja de hecho que haya convivido con el arrendatario durante los dos años anteriores al fallecimiento. Si hay descendencia común, basta con la convivencia.

Los descendientes y los ascendientes que hayan convivido con el arrendatario durante los dos años anteriores a su muerte.

Los hermanos del arrendatario con el mismo requisito de convivencia.

Otros parientes hasta el tercer grado colateral (tíos y sobrinos) con una minusvalía igual o superior al 65%, que hubieran convivido con el arrendatario durante los dos años anteriores a su muerte.

Si, a través del mecanismo de compensación de pérdidas. El importe que se obtiene por la venta de un Fondo se incluye en la Renta del Ahorro, de esta forma, si se genera una pérdida, la podré compensar, en primer lugar, con otra ganancia patrimonial obtenida en el mismo ejercicio, y si después de realizar la compensación, el saldo es negativo, se podrá minorar la base imponible del Ahorro procedente de intereses de cuentas, dividendos, ingresos de seguros…con el límite del 25% de estos rendimientos. Si después de realizar la compensación, el saldo continua siendo negativo, se podrá recuperar durante los siguientes cuatro ejercicios, tanto con ganancias patrimoniales de la misma naturaleza, como con el 25% de los rendimientos del capital mobiliario positivos.

 

En función del tipo de solicitante, éstos se dividen en:

  • Certificados de Usuario o persona física
  • Certificados de Persona Jurídica o Entidad

En función del emisor, hay:

  • DNI-e: Emitidos por la Dirección General de la Policía
  • FNMT-RCM: Emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda
  • Otros: Emitidos por otras entidades certificadoras reconocidas

Si ya se le ha abonado el importe total de la prestación contributiva ya sea en un único pago o en pagos mensuales para la subvención de cuotas de Seguridad Social, se considera que la prestación está agotada. Aun dándose de baja en la actividad realizada, no tendría derecho a recibirla de nuevo.

En el caso en el cual no se le haya abonado la totalidad de la prestación contributiva y aun quedara pendiente una parte, se podría volver a recibir la prestación una vez transcurrido un tiempo equivalente al que hubiera cobrado la prestación si no la hubiese capitalizado, es decir, si la hubiera recibido en mensualidades. Se tienen que cumplir unos requisitos para reiniciar la prestación que se encuentran disponibles en la página web del SEPE.

 

Teniendo presente que la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de un vehículo turismo por parte de un empresario, depende del grado de afectación a la actividad que estemos en disposición de acreditar, tendremos la obligación de repercutir en la factura de venta del turismo el mismo porcentaje que se dedujo en el momento de la adquisición.

Por lo tanto, si no se aplicó deducción en el momento de la compra, por considerarlo elemento no afecto a la actividad de la empresa, no tendremos que aplicar repercusión de IVA en la factura de venta.

Si en el momento de la adquisición del turismo, se optó por deducir el 50% de la cuota de IVA soportado, en el momento de la venta del vehículo deberemos aplicar iva sólo sobre la mitad del precio de venta que acordado.

 

La nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI) dispone que son necesarios 12 impagos para que el banco pueda desahuciar al deudor hipotecario. Según la norma, esta regla solo se aplica a los vencimientos anticipados posteriores a su entrada en vigor.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en dos sentencias de finales de este 2019, resuelve que no obstante esta previsión legal, la regla de los 12 impagos resulta igualmente aplicable a los vencimientos anticipados anteriores a la entrada en vigor de la LCCI.

 

La respuesta será afirmativa en caso de que el trabajador autónomo tengo a su cargo trabajadores por cuenta ajena y, por lo tanto, se convierta en empresario.

Tiene que tener en cuenta que:

  • Los trabajadores autónomos tienen que ajustar su actuación a los deberes de coordinación impuestos por el artículo 24 de la Ley 31/1995 i el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, participando en las medidas de actuación coordinada y cumpliendo las instrucciones del coordinador, o en su defecto, de la dirección facultativa. Son sujetos responsables del incumplimiento de estas medidas de coordinación.
  • Los trabajadores autónomos están obligados a cumplir el Plan de Seguridad y Salud, pero los contractistas y subcontractistas serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en Plan de Seguridad y Salud en lo relacionado con las obligaciones de los trabajadores autónomos contractados por ellos, conforme el artículo 11.2 del Real Decreto 1627/1997.

Nos podemos encontrar tres supuestos, según cuál haya sido la cifra de negocio que consta en la última declaración del impuesto de sociedades:

  1. a) Las empresas que hayan empezado a superar el millón de euros de cifra de negocio, deben presentar declaración de IAE para dejar de tener exención por este concepto de cara al próximo ejercicio.
  2. b) En el caso inverso, si se deja de superar el millón de euros, se debe presentar la declaración para comenzar a disfrutar de exención.
  3. c) Si no se ha atravesado dicho umbral en ninguno de los dos sentidos, no es necesario presentar esta declaración.

Dicha declaración, que únicamente afecta a las sociedades, se presentará durante el mes de diciembre anterior al ejercicio en que deba surtir efectos.

Todo ello sin perjuicio de que, por norma general, todas las sociedades podrán disfrutar de exención durante los dos primeros años de ejercicio de la actividad.

 

La Ley establece que los citados documentos deberán conservarse durante el plazo de prescripción de los impuestos (en general, cuatro años a contar desde la fecha de la factura, en caso de gastos e ingresos, y desde la finalización de su vida útil, en caso de inversiones). No obstante, en caso de existir bases negativas procedentes de períodos anteriores, se deberá analizar cada caso concreto.

Los documentos se deberán conservar con el contenido original y de manera ordenada.

Cuando las facturas recibidas o emitidas hagan referencia a adquisiciones por las que se hayan soportado cuotas del IVA cuya deducción esté sometida a un período de regularización, deberán conservarse durante dicho periodo, y los cuatro ejercicios siguientes.

Todo ello sin perjuicio de las exigencias de la normativa mercantil al respecto.

 

De acuerdo con lo que dispone el Estatuto de los Trabajadores, las faltas de los trabajadores prescriben a los 10 días en el caso de faltas leves. Si son faltas graves, tardarán 20 días. Serán 60 días en el caso de las muy graves, a contar desde que el empresario tiene conocimiento de la falta que se ha cometido y, en todo caso, prescribirán a los seis meses de haberse cometido.

Si. Cualquier empresario o profesional que tiene intención de iniciar una actividad económica y realiza los primeros gastos de inversión o emprendimiento es considerado sujeto pasivo del IVA, y al actuar como tal, tiene derecho a deducir las cuotas soportadas por los gastos efectuados sin esperar al inicio de la actividad. Es muy importante poder acreditar que dichos gastos se han utilizado única y exclusivamente para la actividad empresarial desarrollada inmediatamente después.

La respuesta es afirmativa: bajo ciertas condiciones se pueden aplicar deducciones en IRPF, así como disfrutar de exención respecto de las plusvalías que se apliquen a una nueva inversión de las mismas características.

En el caso de Cataluña, a la deducción estatal prevista en el IRPF, se le podrá sumar otra de autonómica por este mismo concepto.

 

 

Ni el RGPD ni la LO 3/2018 establecen la obligación de informar respecto a la contratación de un Encargado de Tratamiento. Pese a esto, en determinadas circunstancias (atendiendo, por ejemplo, a la naturaleza del tratamiento o de los datos tratados, o por otras circunstancias concurrentes) puede ser aconsejable dar esta información para una mayor transparencia en el tratamientode los datos personales.

Sólo la junta de propietarios, por unanimidad y mediante una modificación de los estatutos, puede prohibir el desarrollo de determinadas actividades en los locales del edificio, siempre que ello venga justificado por el interés de la comunidad.

Los tribunales amparan este tipo de restricciones cuando afectan a discotecas, bares musicales, talleres mecánicos y otros negocios que, por los ruidos, vibraciones, olores, humos o cualquier otra inmisión que puedan generar resulten perjudiciales o molestos para el resto de vecinos. En actividades inocuas o en que las molestias que causen sean meramente puntuales o esporádicas, la jurisprudencia se decanta por la protección del interés legítimo del propietario de implantar en su local la actividad que más le convenga de entre las permitidas por la normativa administrativa.

 

La durada máxima se establecerá en los Convenios Colectivos y, en su defecto, la duración no podrá exceder los seis meses para los técnicos titulados o los dos meses para el resto de trabajadores.

En las empresas con menos de 25 trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder los tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

 

Con carácter general, los rendimientos derivados del alquiler de apartamentos turísticos tendrán la consideración de rendimientos del capital inmobiliario, si se limitan a la simple puesta a disposición de un inmueble durante un periodo de tiempo, sin que vaya acompañado de la prestación de servicios propios de la industria hotelera.

Los servicios de limpieza realizados antes de la llegada de los inquilinos o después de la salida de estos o la entrega y recogida de llaves, no se consideran servicios de hostelería.

A los rendimientos obtenidos no se les podrá aplicar la reducción del 60% prevista ya que éstos no tienen por finalidad satisfacer una necesidad permanente de vivienda, y además, los períodos de tiempo en que el inmueble no haya sido objeto de cesión, generan la correspondiente imputación de renta inmobiliaria.

 

 

 

No. Los trabajadores autónomos no cotizan a la Seguridad Social en concepto de formación profesional. Así pues, no se puede beneficiar del sistema de bonificaciones. No obstante, los trabajadores del Régimen General que pertenezcan a su empresa sí que lo podrán hacer.

La documentación que se necesita es:

  • Documentación original del vehículo (la del país de origen).
  • Fotocopia del DNI del propietario.
  • Mandato firmado (lo proporciona GESTIÓ GIRONA).
  • En el supuesto que el vehículo proceda de una compra entre particulares, i si tiene menos de 10 años, se deberá pagar impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. En caso de que la compra sea a una empresa y con factura con IVA, estará exenta de este impuesto.
  • Ficha técnica española del vehículo (se debe pasar una ITV previa a la matriculación).
  • Impuesto municipal pagado (del municipio donde tendrá la residencia).
  • Impuesto de matriculación (este impuesto se calcula según el modelo y el año del vehículo, o la factura o contrato de adquisición).

La tasa de matriculación es de 97.80€. A este importe se deberá añadir los honorarios de la tramitación y, cuando proceda, el impuesto de matriculación y el impuesto de transmisiones patrimoniales.

Sí, excepto que los estatutos les exoneren de contribuir.

La regla general es que todos los departamentos privativos (pisos y locales) del régimen de propiedad horizontal, con independencia del uso que hagan de los servicios y cosas comunes, deben contribuir a todos los gastos de la comunidad, de acuerdo con su cuota de participación en la misma.

No es infrecuente que los estatutos de las comunidades exoneren a los locales que no hacen uso de determinados servicios comunes de pagar los gastos que estos ocasionen, pero si no se ha previsto así, los propietarios de los locales no pueden excusarse de contribuir a ninguno de los gastos de la comunidad bajo el pretexto de no usar de ellos o de no obtener de ellos provecho alguno.

Cuando se pide el informe de vida laboral a través de la web de la Tesorería General de la Seguridad Social, se genera un número de referencia que el solicitante tiene que conservar. Puede consultar el estado de su petición dentro del apartado “Consulta del estado de solicitud de informes”.

En el caso que se indique que en envío no se ha realizado, los motivos son porque la dirección facilitada en la petición no corresponde con la base de datos de la Seguridad Social. Así pues, se tendrá que ir presencialmente a una administración y actualizar los datos personales.

Si el Reino Unido sale de la Unión Europea significa que el flujo de mercancías entre España y el Reino Unido ya no tendrá la consideración de operación intracomunitaria, lo que implicará que ya no tendrá que presentar el modelo 349 (obligatorio en las transacciones intracomunitarias). Las transacciones con el Reino Unido se consideraran exentas de IVA como las exportaciones y estarán sujetas a las siguientes formalidades:

• Declaración aduanera de importación y exportación.

• Realización de controles aduaneros.

• Pago de derechos arancelarios.

• Certificaciones sanitarias o de otro tipo para disponer de las mercancías.

Las empresas que no hayan exportado nunca a países terceros deberán obtener el número de identificación fiscal EORI (Economic Operator Registration Identification) para poder continuar exportando al Reino Unido. El organismo que emite el EORI es Hacienda y es válido y único para toda la UE.

Si ambos trabajadores se rigen por el EBEP, no se puede dar la cesión de semanas, en cambio si la madre biológica se rigen por el estatuto de los trabajadores y el otro progenitor se rige por el EBEP sí que se puede producir la cesión.

 

 

Los bienes corporales, muebles o inmuebles, que por su naturaleza y función utilizaras en tu negocio más de un año. No tienen esta consideración:

  • Los accesorios y piezas de recambio que compres para reparar un bien de inversión.
  • Las obras que realices para reparar un bien de inversión.
  • Los envases y embalajes.
  • Los uniformes de trabajo.
  • Cualquier otro bien que su valor sea inferior a 3.005,06 euros sin IVA y teniendo en cuenta que el limite es por unidad y no por lote.

Las sociedades que disponen de exención al IAE, por no superar la cifra de negocios del millón de euros, cuando superan este límite ( o al contrario si dejan de superarlo), tienen que hacer una presentación del modelo 840 de IAE a la Agencia Tributaria o en el ayuntamiento que corresponda, para empezar a liquidar IAE o dejar de liquidar.

Esta presentación se tiene que hacer al mes de diciembre inmediatamente anterior al ejercicio que se tenga que empezar a liquidar o dejar de liquidar.

La no presentación de esta variación puede tener sanciones y recargos al Impuesto.

No, solo la madre biológica puede ceder semanas, porque dispone de más semanas que el otro progenitor, es para intentar que haya más igualdad.

No se pierde el derecho. Según sentencia del TEAC 00/3277/2006 de 18/12/2008, el hecho de no informar en la Declaración de renta la exención por reinversión de la vivienda habitual, no impide estar total o parcialmente exenta siempre que se cumplan con los requisitos para aplicar la exención.

El recurso contencioso-administrativo es un procedimiento judicial que se interpone contra las disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa.

 Tipos de procedimiento:

 • Procedimiento ordinario: Se encuentra regulado en los artículos 43 a 77 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo (LJCA). Se interpone para el caso de que no proceda otro tipo de procedimiento.

• Procedimiento abreviado: Se regulada en el artículo 78 LJCA. Se inicia este procedimiento cuando los asuntos traten de cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y sobre admisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuestiones cuya cuantía no supere los 30.000€.

• Procedimiento especial de protección de derechos fundamentales: Se regula en el artículo 114 LJCA. Se interpone para el amparo judicial de las libertades y derechos previstos en el artículo 53.2 de la Constitución.

 

La madre biológica puede ceder 4 semanas de su prestación de maternidad al otro progenitor.

El NIF lo necesita cualquier persona para realizar una operación comercial, mientras que el NIF-IVA ( VAT)  es necesario para realizar determinadas  operaciones intracomunitarias de compra de bienes o servicios. Se identifica con las siglas del país + 9 dígitos (aunque en algunos países puede tener una combinación diferente).

El VAT es el número de identificación fiscal de una empresa que va a realizar operaciones a nivel europeo. La principal diferencia con el NIF es que con éste sólo podrás realizar actividades dentro del territorio nacional de cada país.

Antes de instalar un sistema biométrico de este tipo en nuestra empresa, debemos tener en cuenta si el mismo se ajusta a la normativa de protección de datos y si uso es adecuado, pertinente y no excesivo en relación a las finalidades que tenga.

Por tanto, antes de implantar en el entorno laboral un sistema de control de huella digital será necesario tener en cuenta lo siguiente:

  • Su presencia deberá estar justificada, por lo que se tendrá que determinar cuál es la finalidad por la que se recogen y tratan los datos biométricos.
  • Ver si su implantación es idónea , proporcional y equilibrada a la finalidad buscada.
  • Garantizar que se respeta la normativa de Protección de Datos, tanto por el responsable del fichero como por el encargado del tratamiento. Para ello se deberán aplicar las medidas de seguridad correspondientes atendiendo a que son datos de carácter sensible.
  • Se deberá realizar por parte de la empresa una evaluación de impacto por el uso de este sistema.

En definitiva, es legal utilizar sistemas de control de huella digital en el entorno laboral pero siempre que se respeten las medidas que acabamos de mencionar.

El testamento vital o documento de voluntades anticipadas (DVA) es el documento otorgado por personas mayores de edad ante notario o tres testigos, por el cual se disponen instrucciones sobre las curas y atenciones que se quieren recibir del personal médico llegado el caso de que el otorgante no pueda expresar su voluntad.

Puede contener cualesquiera instrucciones -entre ellas la prohibición de prolongar la vida por medios artificiales- siempre que no sean contrarias a la ley o a la buena práctica médica.

El DVA forma parte del historial médico del paciente y puede inscribirse en el registro creado a tal efecto.

La negociación colectiva o acuerdos de empresa son los encargados de la organización y documentación del registro horario. En el supuesto de que no haya convenio o acuerdo colectivo es el empresario el que tiene que establecer un sistema propio con consulta de los representantes de los trabajadores.

 

A partir del 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre está abierto el plazo para presentar el modelo 540 referente a este nuevo impuesto para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Es exigible en todo el territorio de Cataluña.

Este impuesto grava básicamente la propiedad de bienes inmuebles, vehículos de motor de más de 200 caballos de potencia, embarcaciones de recreo, aeronaves, objetos de arte y antigüedades con valor superior al que establece la Ley del patrimonio histórico, y joyas, todos situados en Cataluña y que tengan la consideración de no productivos.

Los sujetos pasivos del impuesto son la personas jurídicas.

El tipo de gravamen está comprendido entre el 0,21% y el 2,75% sobre la base imponible, en función del valor de los bienes.

Esta descripción del impuesto es general y sintética, habiendo algunos matices.

Si tienen dudas referentes a si están obligados a liquidar este tributo, pueden dirigirse a nuestro despacho.

A partir del 2019 la cantidad exenta de los premios de loterías y apuestas es de 20.000 euros y a partir de 1 de enero de 2020 la cantidad exenta será de 40.000 euros. Los premios superiores a estas cuantías tributan solo por el tramo excedido.

Si el premio hubiera sido comprado por varias personas, la parte exenta se prorrateará entre los participantes.

La base imponible del gravamen estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta. El porcentaje de retención será el 20 por ciento, sin que sea necesario incluirlo posteriormente en la declaración de renta

El registro de la jornada lo tienen que hacer todos los trabajadores, de todos los sectores de actividad y de todas las empresas, siempre que presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de una empresa sea persona física o jurídica.

Son notificaciones de actos administrativos entre los organismos o entidades de la Seguridad Social y las empresas y ciudadanos.

Actos relacionados con el procedimiento recaudatorio, el de apremio, el de aplazamiento de cuotas y de devolución de ingresos indebidos. Como también, entre otros, actos sobre impugnaciones, actos de liquidación e imposición de sanciones, y resoluciones de prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Las comunicaciones sirven para poner en conocimiento del interesado informaciones, hechos o circunstancias que, a diferencia de lo que sucede con las notificaciones, por su simple acceso no despliegan efectos jurídicos.

Los interesados en acceder a las notificaciones y a las comunicaciones deben identificarse necesariamente mediante certificado electrónico.

Fuente: https://sede.seg-social.gob.es/

 

Sí. En los contratos de arrendamiento, tanto de vivienda como de local, el arrendador debe exigir al arrendatario el abono de la fianza y éste debe prestarla. El arrendador entonces debe depositar su importe en el Institut Català del Sòl (INCASÒL) dentro de los dos meses siguientes a la formalización del contrato.

La falta de depósito de la fianza puede conllevar para el arrendador multas de hasta el 75% del importe no ingresado, más los intereses de demora desde que se le requiere de pago. Asimismo, en caso de retraso en el depósito, se aplicará un recargo de hasta el 25%, más los intereses de demora desde el final del plazo de ingreso de la fianza.

Te convierte en gran empresa, y por tanto, debes de empezar a liquidar los impuestos (modelo 303, modelo 111, modelo 115) con una periodicidad mensual en lugar de trimestral. A su vez, estás obligado a realizar los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades según el resultado del ejercicio (computado desde el primer día del ejercicio hasta el último día del mes inmediato anterior al que estamos liquidando).

Y finalmente, estarás incluido en el S.I.I. ( Suministro Inmediato de Información). Consiste en el envío de forma prácticamente simultánea a la Administración, de nuestros registros de facturas.

 

Los países con convenio de canje son los siguientes:  República Argelina Democrática y Popular, República Argentina, República de Bolivia, República de Chile, República de Colombia, República de Ecuador, Reino de Marruecos, República de Nicaragua, República de Perú, República Dominicana, República de Panamá, República de Paraguay, República de Uruguay, República Bolivariana de Venezuela, República Federativa de Brasil, República de El Salvador, República de Filipinas, República de Guatemala, República de Serbia, República de Turquía, Túnez, Ucrania y Macedonia.

No se canjean los permisos obtenidos con fecha posterior a la firma del Convenio respectivo, cuando su titular hubiera obtenido el permiso siendo residente legal en España.

 

Tributarán de forma individualizada por cada renta obtenida de forma parcial o total que esté sometida a gravamen, sin poder efectuar compensaciones entre las mismas.

La exigibilidad del pago del impuesto se efectuará en gran medida mediante el ingreso de la retención correspondiente.

En las transmisiones de inmuebles, retención y declaración tienen su régimen especifico.

 

La Ley establece que los funcionarios actuantes extenderán diligencia de cada actuación que realicen y que no se impondrán obligaciones a las empresas para adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para realizar estas diligencias.

Cada ejemplar de la diligencia se deberá conservar a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social durante un plazo de 5 años.

 

Están obligados a liquidar el Impuesto de Actividades Económicas únicamente las sociedades que superen el millón de euros de Facturación, teniendo en cuenta:

– Por inicio de una nueva actividad están exentas los dos primeros años

– Las sociedades que superen el millón de euros de Facturación e inicien una nueva actividad distinta de la que realizan habitualmente, también están exentas de la liquidación del IAE.

Después de los dos primeros años de exención del IAE, y en el caso de que las empresa hayan superado la cifra del millón de euros de Facturación en el último impuesto de sociedades presentado, comunicarán este hecho a la agencia Tributaria para liquidar IAE al ejercicio siguiente.

De igual manera, las empresas que no hayan superado el millón de euros de Facturación, y anteriormente el superaban, lo comunicarán a la Agencia Tributaria, para no pagar el IAE en el ejercicio siguiente ..

Esta comunicación se realizará en el mes de diciembre anterior al ejercicio de que se trate

Las personas trabajadoras, con la condición de electores, que el día de las elecciones no disfruten del descanso semanal, tienen derecho a un permiso de como máximo 4 horas dentro de la jornada laboral para ejercer su derecho de voto.

No hay que conceder el permiso si el horario no coincide ni totalmente ni parcialmente con el de los colegios electorales. El permiso será de una duración inferior si el horario coincide parcialmente con el horario de apertura de los mencionados colegios.

 

Tiempo de coincidencia Horas de permiso
de 0 a 2 horas 0 horas
Más de 2 y menos de 4 horas 2 horas
4 horas o más 4 horas

Se tiene que reducir proporcionalmente la duración del permiso a las personas trabajadoras que el día de la votación hagan una jornada inferior al habitual, legal o convenida.

El empresario será quien determine, dentro del horario establecido por el colegio electoral, el momento de utilización de las horas y tiene derecho a solicitar a las personas trabajadoras la exhibición del justificante acreditativo de haber votado, expedido por la mesa electoral.

También, las que hagan funciones lejos de su domicilio habitual o en otras condiciones de las cuales se deriven dificultades para ejercer del derecho de sufragio el día de las elecciones, tienen derecho a un permiso de 4 horas para que puedan formular personalmente la solicitud de certificación necesaria para poder emitir el voto por correo.

Todos estos permisos tienen carácter de no recuperable y se retribuyen como si el trabajador hubiera prestado sus servicios normalmente.

 

Si no queremos que nuestros hijos o alguno de ellos reciban la legítima a nuestra muerte, debemos manifestarlo así, de forma expresa, en nuestro testamento, expresando la causa y el nombre del desheredado. El desheredamiento no puede ser parcial ni condicionado a que el desheredado haga o no alguna cosa antes o después de nuestro fallecimiento.

Las causas de desheredación que recoge el Codi civil de Catalunya hacen referencia, en general, a actos del desheredado contra el causante (algunos de los cuales deben ser declarados por sentencia penal firme), actos del legitimario en alteración de la sucesión del causante, o en la ausencia manifiesta y continuada de la relación entre testador y desheredado, siempre que sea por culpa exclusiva de este último.

La desheredación es eficaz mientras el desheredado no impugne el testamento, pero si lo hace, alegando la inexistencia de la causa, será el heredero del desheredante quien deba probar que efectivamente existía.

El artículo 26 de la LIS contempla unos supuestos en los que no se compensarán Bases Imponibles negativas de ejercicios anteriores.

No se produciría la compensación de Bases Imponibles negativas de ejercicios anteriores, cuando concurran las siguientes circunstancias:

 

  1. a) Cuando la mayoría del capital social o de los derechos a participar en los resultados de la entidad hayan sido adquiridos por una persona o entidad o por un conjunto de personas o entidades vinculadas, con posterioridad a la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa.

 

  1. b) Las personas o entidades a que se refiere el párrafo anterior hubieran tenido una participación inferior al 25 por ciento en el momento de la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa.

 

Pueden presentarse las siguientes posibilidades según sean las participaciones poseídas en la entidad que, a la conclusión de un período impositivo, ha obtenido bases imponibles negativas:

Antes conclusión período impositivo Después conclusión período impositivo Limitación compensación de bases negativas
Inferior 25% Inferior 25% No
Inferior 25% Superior 50%
Superior 25% Inferior 50% No
Superior 25% Superior 50% No

 

  1. c) La entidad adquirida se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
    • No viniera realizando actividad económica alguna dentro de los 3 meses anteriores a la adquisición (inactiva);
    • Realizara una actividad económica en los 2 años posteriores a la adquisición diferente o adicional a la realizada con anterioridad, que determinara, en sí misma, un importe neto de la cifra de negocios en esos años posteriores superior al 50%  del importe medio de la cifra de negocios de la entidad correspondiente a los 2 años anteriores.
    • Se trate de una entidad patrimonial.
    • La entidad haya sido dada de baja en el índice de entidades por no haber presentado la declaración por este Impuesto correspondiente a 3 períodos impositivos consecutivos.

Es un tributo que grava la titularidad, por parte de personas jurídicas y entidades, de activos no productivos.

La norma incluye en los activos que pueden ser improductivos: bienes inmuebles, vehículos de motor con una potencia igual o superior a 200 caballos, embarcaciones de recreo, aeronaves y objetos de arte y antigüedades que tengan un valor superior al establecido en la Ley del Patrimonio Histórico.

La Generalitat ha aprobado la Orden que aprueba el modelo 540 mediante el cual se liquidara el impuesto.

El tributo se liquidará anualmente durante el mes de junio siguiente a su devengo, si bien por lo que respecta a los ejercicios 2017, 2018 y 2019 y la obligación de autoliquidar estos impuestos se tendrá que realizar mediante presentación por vía telemática entre el día 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2019.

Sí. En caso de accidente laboral grave se abren diligencias penales con el fin de determinar la existencia de posibles responsabilidades penales por la muerte o las lesiones sufridas por el trabajador.

Además, el Código Peal recoge también delitos contra los derechos de los trabajadores –entre ellos los relativos a la infracción de las normas sobre prevención de riesgos laborales.

Tanto unos delitos como los otros solo pueden atribuirse a personas físicas, no a jurídicas, de modo que la responsabilidad penal en estos casos puede recaer en los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los hechos, o a quien , conociéndolos y pudiendo remediarlos, no hubiesen adoptados las medidas necesarias para hacerlo.

 

Resulta muy frecuente encontrar en las firmas de los correos electrónicos corporativos el texto conocido como “aviso de confidencialidad”, en el que se previene al destinatario del escrito de circunstancias varias como la confidencialidad del contenido, la necesidad de mantener secretas las comunicaciones, o incluso el mandato de destruir el correo si no se es destinatario del mismo.

Al respecto se debe dejar claro que ninguna persona tiene por qué someterse a obligaciones derivadas de la simple lectura de un correo electrónico si no ha existido contrato previo.

No existe ningún precepto legal que obligue a los destinatarios de los correos electrónicos a respetar la confidencialidad del contenido que reciben. Ni puede defenderse dicha conducta con otras fuentes del derecho como la costumbre o los usos del mercado.

Por tanto, lo recomendable seria deshacerse de los avisos de confidencialidad, tan extendidos, e incorporar a la firma de los correos electrónicos corporativos los avisos de privacidad referentes a la normativa de protección de datos.

Este es el caso de los alquileres de locales comerciales, incluso cuando se prestan otros servicios que tienen un mero carácter accesorio, lo cual no impide considerar que el objeto sustancial del contrato sea el propio del contrato de arrendamiento. En consecuencia, los arrendatarios deben practicar la retención sobre la renta satisfecha.

Ahora bien, si la entidad que cede el uso de los despachos presta de forma conjunta una pluralidad de servicios al cliente, además de la mera cesión del local, nos encontraríamos fuera del ámbito de supuestos de hecho sujetos a retención contemplados en el artículo 58.1.e) del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Este es el caso en que los clientes reciben una pluralidad de servicios que difícilmente pueden tener la consideración de accesorios (telecomunicaciones, servicio de telefonía y correos, muebles y equipamiento de oficina, servicio de contabilidad y facturación, etc.), circunstancia que implicaría que la actividad desarrollada por la entidad que cede el uso de los despachos quede fuera del ámbito objetivo contemplado en artículo 58.1.e) del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y, por tanto, la no sujeción a retención de los rendimientos derivados de la misma.

No, pero sí es muy recomendable.

Se recomienda para el inquilino contratar un seguro de hogar que cubra su responsabilidad civil por daños y el contenido propio del inmueble. 

El seguro de responsabilidad civil es fundamental para un inquilino, no solo para cubrir los daños que pueda ocasionar a terceros y que no estarían cubiertos por el seguro del propietario, sino también para cubrir los daños que pueda causar en la vivienda mientras la tiene alquilada.

Por otra parte, asegurar el contenido  propio es fundamental, incluso en el caso de que la vivienda se haya alquilado amueblada y el seguro del propietario ofrezca cobertura. Todos los enseres personales del inquilino quedan fuera de la cobertura del seguro contratado por el propietario, en caso de que lo tenga contratado, pero además la responsabilidad civil derivada de éste no quedaría garantizada.

 

Si se presenta con un modelo 036:

Por regla general, hasta los 30 días posteriores a la fecha de alta, baja o modificación de las obligaciones o actividad.

Aunque esta norma general, la Agencia Tributaria también acepta la presentación de los impresos con 10 días de antelación a la fecha de la obligación o actividad.

Si se presenta un modelo 840:

Siempre se presentará durante los treinta días siguientes a la fecha de alta, baja o modificación.

En este caso la Agencia Tributaria no permite la presentación del modelo fuera de este plazo.

Para que el arrendamiento de inmuebles se considere actividad económica se necesita que para la ordenación de la actividad se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral ya jornada completa.

No obstante, la doctrina y jurisprudencia vienen exigiendo que el volumen de actividad que se genere justifique razonablemente el trabajo de la persona contratada, que deberá ser de tipo administrativo.

Desde el pasado 1 de enero de 2015, ya no es necesario disponer de local afecto a la actividad.

Los requisitos para la consideración de actividad económica a efectos del IRPF no han de ser necesariamente los mismos a efectos de otros tributos.

El/la trabajador/a recibe dos copias del parte de baja, del de confirmación y del de alta: una para su constancia y otra para presentar a la empresa –el ejemplar destinado a esta– dentro del plazo de tres días, contados a partir de la fecha de expedición del comunicado.

  • Partes médicos de baja y confirmación: dentro del plazo de tres días.
  • Partes médicos de alta: dentro de las veinte-y-cuadro horas siguientes.

Los días se consideran hábiles y el cómputo se efectúa a partir del día siguiente de la expedición.

Si se ha extinguido la relación laboral, el trabajador tiene que presentar el comunicado de confirmación y/o de alta directamente ante la entidad gestora o la Mutua en el mismo plazo indicado, como si se tuviera que librar a la empresa.

En los procesos de duración muy corta (de duración inferior a cinco días naturales), el/la trabajador/a tiene que presentar a la empresa la copia del parte de baja/alta destinada a esta dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del alta.

Excepcionalmente, si el facultativo emite el primer comunicado de confirmación porque considera que el trabajador no ha recuperado la capacidad laboral, el trabajador lo tiene que presentar a la empresa dentro de las 24 horas siguientes a la expedición, junto con el parte de baja inicial.

Incumplimiento de estas obligaciones.

Se considera infracción leve el hecho de no facilitar a la entidad correspondiente o a la empresa, cuando se le requieran, los datos necesarios para la afiliación o el alta a la Seguridad Social y, si procede, las alteraciones que se produjeran, las de la situación de pluriocupación y, en general, el incumplimiento de los deberes de carácter informativo. (Ley sobre Infracciones y Sanciones de la Orden Social aprobada por Real decreto legislativo n.º 5 /2000, del 4 de agosto).

Fuente: http://www.seg-social.es/

 

 

 

 

Tras el Real Decreto de 1 de marzo de 2019, la duración mínima del alquiler de viviendas es de 5 años si el propietario es una persona física y de siete años si el propietario es una persona jurídica.

Por ello, todos los arrendamientos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor del decreto (06/03/2019), aunque se pacten por un plazo inferior, el arrendatario siempre tendrá derecho a que se prorrogue hasta los 5 o 7 años, según que el arrendador sea persona física o jurídica, respectivamente.

Los contratos celebrados antes del 06/03/2019 seguirán rigiéndose por el plazo mínimo de 3 años, sin distinción de persona física y jurídica, que establecía la legislación anterior.

Un certificado digital es un documento electrónico identificativo que sirve para identificaros en internet, garantizando vuestra identidad, y os permite firmar documentos electrónicos con validez legal.

Según el nivel de seguridad deseado hay diferentes tipos de soportes en los cuales se pueden alojar los certificados.

  1. Software: consiste en un fichero software, que no tiene apoyo físico más que el mismo ordenador o servidor donde se instala.
  2. Certificado de tarjeta: se encuentra alojado en una tarjeta (por ejemplo: el DNI electrónico).
  3. Dispositivos USB criptográficos.

 

 

 

 

El trato fiscal a efectos del impuesto sobre sociedades de las entidades que no tienen como principal objetivo de la su actividad la obtención de lucro se caracteriza por su exención parcial, y queda dividido en dos regímenes especiales:

1) las entidades que cumplen los requisitos para que les sea aplicado la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin finalidades lucrativas y de les incentivos del mecenazgo.

El régimen especial, en cuanto a su tributación para el impuesto sobre sociedades, se caracteriza por la distinción entre las rentas exentas y las no exentas. Las no exentas corresponden a las procedentes de explotaciones económicas que no gozan de exención, mientras que las exentas son las restantes. La Ley especifica cuales explotaciones económicas se consideran exentas.

En consecuencia , la base imponible estará constituida exclusivamente por las rendas derivadas de explotaciones económicas no exentas, y a partir de la base imponible se calcula la cuota íntegra mediante la aplicación de un tipo del 10%.

2) y las entidades sin ánimo de lucro a las cuales no sea aplicable el régimen mencionado y otras entidades que enumeramos en el siguiente párrafo, a las cuales es aplicable el régimen de exención parcial que regula la misma ley del impuesto.

Además de aplicarse a las entidades sin ánimo lucro a las cuales no sea aplicable el régimen expuesto en el punto anterior , este se aplica a uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, colegios profesionales , asociaciones empresariales , cámaras oficiales, sindicatos, fondos de promoción de ocupación, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la entidad Puertos del Estado y las autoridades portuarias.

Por tanta, la base imponible corresponderá a las rentas no exentas. El tipo de gravamen aplicable es el 25%.

Para aquellos contribuyentes que reciben sus notificaciones de Hacienda por vía telemática, bien porque están obligados a ello, o bien porque han optado por ello, existe la posibilidad de solicitar, a través de la web de la Agencia Tributaria, un total de 30 días al año durante los cuales Hacienda no podrá notificar nada al contribuyente. Son los llamados «días de cortesía» o «vacaciones fiscales».

Los rasgos fundamentales del sistema son los siguientes:

  • Los días solicitados no deben ser necesariamente consecutivos.
  • Los días de cortesía deben ser solicitados al menos con siete días de antelación al comienzo del plazo deseado.
  • Los días de cortesía se pueden solicitar también si tenemos apoderado a un tercero para recibir las notificaciones.
  • Se deben marcar expresamente los sábados y domingos para evitar que se practiquen notificaciones en estos días.
  • En caso de suscripción voluntaria al sistema de notificaciones electrónicas, los días de cortesía sólo serán de aplicación a los procedimientos respecto de los que el contribuyente esté suscrito a este sistema.
  • Si se cumplen los requisitos mencionados, la concesión de los días de cortesía es automática e instantánea.

Si usted es particular o autónomo, y no está suscrito al sistema de notificaciones electrónicas, no podrá solicitar estos días de cortesía, y por tanto, es posible que Hacienda intente notificarle por vía ordinaria (normalmente correo postal certificado) durante su ausencia, con todas las consecuencias desfavorables que esto puede tener para usted.

Se debe distinguir entre Servicio Privado y Servicio Público.

Para Servicio Privado, la autorización será para aquellos vehículos que superen los 3.500 Kg de peso y sin tener en cuenta la antigüedad de los vehículos.

Para Servicio Público, la autorización la deberán tener todos los vehículos a partir de 2.000 kg de peso y además deberán cumplir toda la normativa en relación a la antigüedad de los vehículos, solvencia económica de la empresa y disponer de título de transportista.

Si mientras estás cobrando la prestación de desempleo tienes derecho al permiso de baja por maternidad paternidad tienes derecho a que esta prestación te la abone el Instituto nacional de la Seguridad Social. Deberás solicitar la suspensión de la prestación de desempleo para cobrar la de maternidad / paternidad. La prestación de desempleo durante este periodo de maternidad / paternidad no se consume y cuando finalizas la maternidad / paternidad la podrás retomar.

 

Si. Aunque la Ley de Expropiación forzosa en el artículo 49 establece que el pago del precio está exento de toda clase de gastos, impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado, provincia o municipio, la Administración entiende que la Ley se refiere exclusivamente a los impuestos que pudieran gravar el pago del justiprecio, no siendo extensible a la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de los elementos expropiados. Por lo tanto, a producirse la expropiación, deberé incluir en mi declaración del IRPF, la ganancia o pérdida patrimonial, que es la diferencia del valor de adquisición y el de transmisión (el justiprecio recibido) de la finca expropiada.

En base a lo que se establece en el Reglamento, el consentimiento debe realizarse claro y afirmativo, siempre tiene que manifestar una voluntad libre, informada, inequívoca y específica de quien firma.

El consentimiento según establece el RGPD debe cumplir los siguientes requisitos:

– Libre: La persona interesada es consciente sobre todas aquellas cuestiones de las que manifiesta su acuerdo con el tratamiento de datos. Además, afirma no estar condicionado por terceros de la decisión y sobre todo, debe ser informado y consiente del derecho al olvido, es decir, a pedir que se retire su consentimiento en cualquier momento.

– Específico: Se deben relacionar explícitamente cada uno de los tratamientos que se van a realizar con esos datos y la persona que firma, debe declarar el consentimiento individualizado para cada uno de ellos de manera voluntaria y explícita.

Informado: Antes del consentimiento se debe informar expresamente de las actividades de tratamiento de datos previstas por la empresa.

– Inequívoco: El consentimiento debe ser claro y a través de una firma clara, que no de lugar a dudas.

A diferencia de otras declaraciones, la del Impuesto sobre Sociedades no tiene un plazo único para su presentación, puesto que depende de la fecha de finalización del ejercicio fiscal de cada empresa.

La presentación se debe llevar a cabo durante los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal. Por tanto en condiciones normales, una sociedad que cierra el ejercicio el día 31 de Diciembre de 2018 podrá presentar su declaración del Impuesto sobre Sociedades entre el 1 y el 25 de Julio de 2019 (26 de Julio para las empresas ubicadas en localidades en las que el día 25 sea festivo)

Si tenías un contrato indefinido y has hecho baja voluntaria en una empresa para incorporarte en una nueva y no superas el periodo de prueba y no han pasado tres meses de la finalización de la primera relación laboral no tendrás derecho a cobrar una prestación de paro.

 

Si eres persona residente en España y quieres montar un negocio como autónomo y quieres capitalizar tu paro pero tu último trabajo ha sido en el extranjero dentro de la comunidad económica europea debes saber que no podrás optar a la capitalización del paro si cuando vuelves a España no  tienes un contrato temporal de al menos 30 días de duración.

 

 

 

Aunque realicen operaciones exentas tales como las entregas de bienes destinados a la exportación o asimiladas, o a otro Estado miembro de la Comunidad, que en el régimen general del Impuesto dan derecho a deducción, los comerciantes minoristas en régimen especial del recargo de equivalencia no pueden deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones o importaciones de bienes de cualquier naturaleza o por los servicios que les hayan sido prestados, en la medida en que dichos bienes y servicios se utilicen en la realización de las actividades a las que afecta el régimen especial (artículo 154.Dos de la Ley del Impuesto)

Esta limitación pone de manifiesto que el régimen del recargo de equivalencia no está pensada para comerciantes minoristas que efectúen entregas de bienes destinados a la exportación, ya que en estas operaciones el comerciante no repercute el Impuesto pero sin embargo soporta el mismo (y el recargo de equivalencia) en sus adquisiciones y no lo puede deducir ni recuperar, salvo en el caso del Régimen de Viajeros.

En España pueden trabajar los siguientes extranjeros:

–          Los ciudadanos comunitarios que tengan el Certificado de Residente Comunitario (para los que tengan contrato de menos de dos meses, basta con el NIE).

–          Los que dispongan de tarjeta de Familiar de Residente Comunitario.

–          Los que dispongan de Permiso de Residencia y Trabajo.

–          Los que tengan Permiso de Residencia por Circunstancias Excepcionales (arraigo laboral o social).

–          Los familiares reagrupados,  cónyuge o hijos, de los residentes con Permiso de Trabajo y Residencia en activo.

–          Los que tienen Permiso de Estudiante, si han pedido una autorización para trabajar.

–          Los que tienen Permiso de Residencia Permanente o de larga duración.

 

La suspensión del contrato -más conocida por “permiso”- por maternidad y paternidad ha pasado a llamarse suspensión por nacimiento, y las prestaciones de maternidad y paternidad, resultantes de estas situaciones, ahora se denominan “prestación económica por nacimiento y cuidado de menor”.

La maternidad (ahora suspensión del contrato de la madre biológica) tiene una duración de 16 semanas, ampliables, en el supuesto de parto múltiple, en 2 semanas más por cada hijo a partir del segundo.

La paternidad (ahora suspensión del contrato del progenitor distinto  de la madre biológica) tiene una duración de 12 semanas, a contar des del día del nacimiento. En 2021 se equipara con el de la madre, hasta las 16 semanas.

Esta situación de suspensión por nacimiento de hijo (antes maternidad y paternidad) implica para la empresa, principalmente, la interrupción de la prestación laboral. La remuneración del trabajador va a cargo de la Seguridad Social, pero la cotización es de cuenta de la empresa.

Se pueden promover elecciones a) a partir de los 6 meses de inicio de las actividades en un centro de trabajo, b) cuando haya terminado el mandato de los representantes de los trabajadores, c) cuando se declare la nulidad del proceso electoral por el procedimiento arbitral o por el órgano jurisdiccional competente, d) cuando se revoque el mandato electoral de todos los representantes de una empresa o centro de trabajo, e) cuando se hayan producido variaciones de plantilla.

Los contribuyentes que superen las siguientes magnitudes quedaran excluidos de tributar en el Método de Estimación Objetiva de IRPF y en el Régimen Simplificado de IVA:

  • Volumen de ingresos superiores a 250.000€, para el conjunto de sus actividades. Las operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea un empresario, no podrán superar los 125.000 €.
  • Volumen de compras superior a 250.000€, quedando excluidas de estos límites las adquisiciones de inmovilizado.

Si el local no es de nueva construcción, en general estará exento de IVA, si bien entre empresarios podrán renunciar a la exención y tributar al 21% de IVA, a fin de poderlo desgravar, y evitar así la tributación por la modalidad de transmisiones Patrimoniales Onerosas, soportando solamente la modalidad incrementada de Actos Jurídicos Documentados (2,5%).

Si el local es de nueva construcción y comprado directamente a la promotora, la operación estará sujeta en todo caso a IVA (21%), y a la modalidad ordinaria de Actos Jurídicos Documentados (1,5%).

 

Sí. En principio, todos los gastos reflejados en la contabilidad o en los libros registro son deducibles si son necesarias objetivamente para la actividad y se pueden justificar con facturas, recibos … … Aunque este tipo de seguro pueden no ser necesarios para la actividad, la ley especifica que un autónomo se las puede deducir por sí mismo, por su conjugue y por sus hijos menores de 25 años con los que conviva con un límite de 500 euros anuales por persona (1500 € si es discapacitada ).

 

Sí. Las prestaciones de la Seguridad Social por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o invalidez provisional hay que declararlas como rendimiento del trabajo.

Cuando heredamos un vehículo es obligatorio realizar una transferencia por herencia, un trámite para modificar la titularidad del vehículo de la persona fallecida al heredero.

 

Documentación necesaria:

• Solicitud en impreso oficial para cambios de titular.

• DNI, pasaporte o tarjeta de residencia en vigor del interesado.

• Liquidación del Impuesto de Sucesiones (varía por comunidades autónomas).

• Escritura de herencia en la que figure el vehículo y el beneficiario.

 

¿Puedo circular con él ?

Si , está permitido circular con un vehículo heredado durante el período de tramitación de la transferencia, siempre que toda su documentación esté en regla (itv-seguro del vehículo).

¿Y puedo venderlo?

Si , para vender un vehículo heredado, primero hay cambiar la titularidad a la del heredero y después tramitar la venta. Es decir, se han de realizar dos transferencias.

En el caso de contribuyentes muertos durante 2018, el impuesto se meritará en el momento de la muerte y el período impositivo resultará inferior al año natural.

La declaración del muerto deberá presentarse en modalidad individual.

En caso de resultar a devolver, para tramitar la devolución se deberá de aportar la siguiente documentación:

  • Para importes inferiores o iguales a 2000 €:
    • Certificado de defunción.
    • Libro de Familia completo.
    • Certificado del Registro de últimas voluntades.
    • Testamento (solo si figura en el certificado de últimas voluntades).
    • En el caso de que haya diversos herederos y se quiera que el importe de la devolución sea abonado a uno de ellos, autorización escrita i firmada con fotocopia del DNI de todos ellos.
    • Certificado bancario de titularidad de la cuenta a nombre de las personas que cobraran la devolución.
  • Para importes superiores a 2000 € además de lo anterior:

Tendremos que tener  en cuenta  el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD). Hay casos particulares, como por ejemplo el local de nueva construcción y comprado directamente a la promotora,  en este caso la operación podría estar sujeta al porcentaje del 21% de iva.

Pueden promover elecciones a delegados de personal o miembros del comité de empresa a) las organizaciones sindicales más representativas, b) las que cuenten con un mínimo del 10% de representantes a la empresa y c) los trabajadores del centro de trabajo por acuerdo mayoritario, que se acredita mediante acta de la reunión celebrada al efecto.

Para poder dar de alta a un empleado de hogar, es necesario que el titular del hogar familiar, esté inscrito como tal en la Seguridad social. Una vez tengamos asignada una cuenta de cotización se puede proceder a tramitar el alta del trabajador en la web de la Seguridad social. Para ambos trámites, es necesario que el titular del hogar familiar tanga firma electrónica o bien usuario + contraseña o Cl@ve.

 

Sí. El artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos i el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores legitiman al empresario a adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana.

No obstante, para cumplir con la normativa de protección de datos, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores y en su caso a sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos de GPS.

Para ser considerado como autónomo económicamente dependiente es necesario que hagas una actividad económica o profesional como persona física, de forma habitual, que se ejecute directa y principalmente para una persona física o jurídica denominada cliente, y que dependa económicamente de este cliente porque perciba de él, como mínimo, un 75% de sus ingresos por rendimientos del trabajo y de actividades económicas o profesionales.

 

 

 

No, solo las personas integradas en una unidad familiar (si fueran matrimonio y no pareja de hecho) pueden optar, si así lo desean, a hacer la declaración de manera conjunta, por lo tanto en este caso tendrán que tributar de manera individual.

Cuando hablamos de parejas de hecho con hijos, solo uno de sus miembros puede formar unidad familiar con los hijos y optar por la tributación conjunta, el otro miembro deberá hacerla individualmente.

 

Si. Por una parte, existe la opción de aplazar el pago de la Declaración de la Renta, pero no en su totalidad: mientras el 60% del importe deberá pagarse en el momento en que se presenta la declaración (límite el 01/07/2019), el 40% restante se podrá ingresar en un plazo que ronda los 5 meses (hasta el 05/11/2019). Para esto, se debe de indicar la opción de pago fraccionado. Recordar que para optar a esta modalidad de pago, la Declaración de la Renta se tiene que presentar dentro de plazo y no se puede aplicar en los casos de declaraciones complementarias.

Otra alternativa es el aplazamiento del pago en su totalidad. En este caso, se tiene que hacer la solicitud a la Agencia Tributaria indicando el importe que se quiere aplazar, en cuanto tiempo y en que plazos se quieren hacer los pagos, el motivo por el cual se pide el aplazamiento y un numero de cuenta bancaria para que nos hagan el cargo del aplazamiento solicitado. Una vez presentada la solicitud de aplazamiento, la Agencia Tributaria nos enviará una notificación para darnos respuesta.

 

DNI/NIE/ Pasaporte del comprador y del vendedor. CIF en caso de Sociedad. Contrato de compra/venta o factura del vehículo que se transmite.

Original del permiso de circulación y fotocopia de la ficha técnica. Recibo pagado de ITVM.

La documentación que se necesita es:

  • Documentación original del vehículo ( la del país de origen )
  • Fotocopia del DNI del propietario
  • Mandato firmado ( lo proporciona GESTIÓ GIRONA )
  • En el supuesto que el vehículo proceda de una compra entre particulares , si el vehículo tiene menos de 10 años se tendrá que pagar impuesto de transmisiones , en caso que la compra sea a una empresa y con factura con IVA , estará exento de este impuesto
  • Ficha técnica española del vehículo ( se tiene que pasa una itv previa a la matriculación)
  • Impuesto municipal pagado(del municipio donde tendrá la residencia)
  • Impuesto de matriculación (este impuesto se calcula según el modelo y el año del vehículo o la factura o contrato de adquisición )

El coste de la matriculación será de 194.60€ de honorarios mas tasas fijas. A estos honorarios y tasas , se tendrá que añadir el impuesto de matriculación y el impuesto de transmisiones si es el caso.

Las declaraciones de renta de 2018 se pueden presentar por Internet desde el 2 de abril hasta el 1 de julio de 2019.

En caso de que salga a pagar y esté domiciliado por el banco, el plazo acaba el 26 de junio de 2019.

En cuanto a la declaración de patrimonio, los plazos son los mismos que para la declaración de la renta.

Si soy mayor de 65 años, no. Si no he cumplido los 65 años tributaré por la ganancia patrimonial que haya obtenido (diferencia entre el valor de venta y el valor de compra). Como excepción, no tributaré, total o parcialmente, si reinvierto (total o parcialmente) la cantidad obtenida de la venta en un nuevo inmueble que deberá convertirse en mi vivienda habitual en un plazo no superior a 2 años.

En primer lugar, debemos diferenciar entre la tributación de los anticipos a efectos de IVA y a efectos de impuesto de sociedades o de IRPF.

a) Por lo que se refiere al IVA, el cobro anticipado de una parte o la totalidad de una venta o prestación de servicio origina la obligación de emitir factura en la fecha del cobro, e ingresar el IVA correspondiente al cobro , en el período de liquidación que corresponda a la fecha de emisión de esta factura. Cuando se entregue la mercancía o se preste el servicio, sólo se tendrá que declarar IVA por la parte del importe que quede por cobrar.

b) En cambio, a efectos del impuesto de sociedades y del IRPF, el cobro anticipado no determina el momento en el que se debe declarar el ingreso fiscal, pues éste se produce, como regla general, cuando se devenga la entrega de la mercancía o la prestación del servicio.

En primer lugar, los rendimientos obtenidos por el arrendamiento de bienes inmuebles no afectos a ninguna actividad económica tributan en la base general del IRPF, como rendimientos del capital inmobiliario. En segundo lugar, la operación no tributa por IVA.

En el caso de alquiler por semanas (turístico), el contribuyente podrá deducir fiscalmente, de sus ingresos, los gastos periódicos de la vivienda (contribución, seguro, etc) en proporción al tiempo que haya tenido el inmueble alquilado.

No obstante, el propietario no podrá disfrutar de la reducción del 60% del rendimiento neto, prevista para el arrendamiento de viviendas, al no destinarse este alquiler a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, ya que se trata de un alquiler vacacional.

Cualquier persona física residente fiscal en España que tenga en el extranjero cuentas corrientes, valores o inmuebles, y que el valor total de alguna de estas categorías de bienes o derechos supere los 50.000 euros, deberá presentar a Hacienda, de forma telemática , una declaración informativa sobre los mismos (Modelo 720).

No obstante, si a pesar de superar los 50.000 euros a final de año, en un ejercicio no se han producido variaciones superiores a los 20.000 euros en cada una de las categorías anteriores, no será necesario volver declarar estos bienes o derechos hasta que esta circunstancia se produzca .

Hay que recordar que también deben presentar esta declaración aquellas personas que, sin ser titulares de las mismas, figuren como autorizadas a cuentas corrientes abiertas en el extranjero, con los límites ya indicados.

Esta declaración informativa se presentará entre el 1 y el 31 de marzo del ejercicio posterior al que hace referencia. En caso de incumplimiento, o de consignación de datos erróneos, el obligado enfrenta a sanciones muy elevadas, así como la no prescriptibilitat los capitales no declarados.

En la coyuntura actual de incertidumbre y crisis de mercado, es imprescindible realizar un continuo análisis de los posibles riesgos del patrimonio del empresario, la optimización de su estructura societaria y el diagnóstico de su salud financiera para alcanzar los objetivos marcados.

Es necesario reorganizar, ordenar y planificar el conjunto del patrimonio del empresario (empresarial, inmobiliario, mobiliario y financiero), la protección del mismo, implementar el ahorro, la optimización de impuestos y delimitar los posibles riesgos.

 

 

Due diligence es un término utilizado en el ámbito de las adquisiciones empresariales, para referirse al proceso de búsqueda de información sobre una empresa. Incluye aspectos como: su área de actividad; las posibilidades y perspectivas de futuro del negocio; y el estado de su activo y de su pasivo. En definitiva, busca obtener toda la información necesaria para valorar y fijar de forma objetiva; el precio final de una operación de adquisición de empresas; la forma de estructurar la transacción; y la exigencia de garantías o, en su caso, la conveniencia de dar marcha atrás a la compra por la detección de riesgos o por la aparición de nuevas informaciones.

Se diferencias en dos tipos de análisis:

  • Análisis económico-financiero: consiste en una auditoría de compra rigurosa y pormenorizada que afecta tanto a los estados financieros, como a la valoración de activos materiales e inmateriales (inmuebles, marcas, cuota de mercado, etc).
  • Análisis legal: que se basa en la revisión y estudio de los contratos, la revisión de los temas societarios y el estudio de los posibles litigios. También incluye la revisión fiscal y laboral. Su importancia estriba en evitar que se encuentren ocultos compromisos o acuerdos que podrían poner en peligro la operación.

La valoración de una empresa sirve de ayuda para la consecución de un fin específico, bien sea un asesoramiento en una posible operación de compraventa, a efectos de control interno, para la solicitud de préstamos, etc. En unos y otros casos para un mejor conocimiento del rendimiento de su empresa es necesario tener un conocimiento exacto de su valor, lo cual servirá también para una toma de decisiones ágil y con conocimiento de causa.

Para realizar la valoración de una empresa deben tenerse en consideración  las características de la  misma, la actividad que realiza y el sector en que opera.

Los métodos utilizados con mayor frecuencia para determinar el valor de una empresa son el Valor neto contable ajustado, Valor según múltiplos del Cash Flow, Valor en función de los Resultados futuros esperados, Valor según operaciones similares realizadas en el mercado.

La empresa que recibe un requerimiento de un organismo por el embargo de un salario de un trabajador, debe tener presente que a éste se le tiene que aplicar a la nomina y que solo le resultará embargable aquel importe que exceda del salario Mínimo Interprofesional, excepto de los casos de pensiones por alimentos a los hijos, impuesta por sentencia judicial ya que es el juez quien decide el importe a embargar, indiferentemente de los ingresos del trabajador.

Todo el salario que este por encima del salario mínimo interprofesional, será embargable en base a unos porcentajes que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es un pacto entre la empresa y el trabajador que se formaliza en el contrato durante el cual, cualquiera de las partes puede poner fin a la relación laboral sin necesidad que exista una causa que lo justifique, sin preaviso y sin que corresponda ninguna indemnización.

El convenio colectivo vigente en la relación laboral delimitará la duración del periodo de prueba.

La seguridad social, así como otros organismos, obligan a las empresas y a las personas físicas a obtener un certificado digital para poder operar a través de sus páginas web. De esta manera, se permite autentificar y garantizar la confidencialidad de las comunicaciones entre los ciudadanos, empresas o otras instituciones y la seguridad social.

Estos certificados, a nivel operativo, permiten obtener información de las empresas o de los particulares y, al mismo tiempo, permite apoderar a terceros para las comunicaciones con la seguridad social.

El porcentaje de jornada que se trabaje no influye en los días de vacaciones del trabajador. El número de días de vacaciones anuales es legalmente de días naturales o 22 laborables (excepto que por convenio se regule un nombre de días diferente) y se usan en proporción al número de días trabajados al año, independientemente que los días trabajados sean a jornada completa o a tiempo parcial.

La ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, asegura el uso correcto que hacen las empresas y las entidades de los datos de carácter personal de las personas físicas.

La ley recoge una serie de Derechos Fundamentales de los ciudadanos (Acceso, Rectificación,Cancelación y Oposición – A.R.C.O.) que las empresas han de asegurar que se cumplen en todo momento. A tal efecto, la “Agencia Española de Protección de Datos” ( www.agpd.es ) establece una normativa que toda entidad que disponga de datos de carácter personal debe cumplir para garantizar dichos derechos. Se trata de una normativa más o menos estricta en función de la naturaleza que tengan los datos y las características propias de cada empresas o ámbito de negocio. Es muy aconsejable encargar a un profesional el estudio y asesoramiento de las medidas a adoptar en cada caso.

Según el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital, en el supuesto de auditorías obligatorias, el nombramiento lo tiene que hacer la Junta General de Socios, antes de finalizar el ejercicio que se tiene que auditar.

Respecto a las auditorías voluntarias, el nombramiento lo puede hacer tanto la Junta General de socios como el Órgano de Administración. No existe un plazo establecido, pero es aconsejable hacerlo antes de finalizar el ejercicio por a auditar.

Están obligados a auditar sus cuentas anuales todas aquellas empresas que durante dos ejercicios consecutivos (la obligación deviene el segundo año), superen dos de los tres requisitos siguientes:

  • Total del Activo: 2.850.000€
  • Importe neto de la cifra de negocios: 5.700.000€
  • Número de trabajadores:  50

También estarán obligadas todas aquellas empresas o entidades que reciben subvenciones o ayudas del Estado y de otros Organismos Públicos dentro de los límites establecidos reglamentariamente, mediante Real Decreto, por el Gobierno. El límite establecido en 600.000€, se extiende para ejercicio en que se reciben subvenciones y  a los siguientes en los que se desarrollen las operaciones o se ejecuten las inversiones.

El coste de una auditoría depende de diversos factores y en consecuencia, no se pueden calcular sin antes haber realizado un estudio previo del caso. Este estudio es costumbre realizarlo en el contexto de una o diversas reuniones con la entidad a auditar. A partir de la información obtenida, el auditor evaluará las horas que necesitará para realizar el encargo, siendo el número de hora la base para determinar sus honorarios.

Una auditoría sirve fundamentalmente, para dotar de credibilidad las cuentas anuales de una entidad y por lo tanto, para que terceras personas puedan depositar su confianza para tomar las decisiones necesarias.

Una auditoria es un examen de cuentas anuales de una entidad, realizado por un auditor reconocido oficialmente. Este examen se realiza aplicando una serie de técnicas y procedimientos de análisis, siguiendo escrupulosamente un conjunto de normas técnicas de auditoría que son de obligado cumplimiento por el auditor.

La ventaja de contratar un seguro a través de un corredor reside en el hecho que, al tratarse de un profesional independiente, está capacitado para asesorar de forma objetiva a los clientes en cuanto a sus necesidades de aseguramiento, realizando una oferta más amplia y prestando su ayuda para la resolución de dudas y tramitación de siniestros.

La cobertura de pólizas de PIME que contratamos habitualmente incluye cobertura en la Unión Europea. En caso que se necesite una cobertura más amplia, se puede solicitar su inclusión.

Si como consecuencia de cualquiera de los riesgos cubiertos de la póliza y los riesgos amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros (riesgos extraordinarios) se produce el cierre del negocio, con la cobertura de pérdida de beneficios encontrará una indemnización diaria, dentro de los términos pactados, por cada día laborable.

Si tiene problemas para cobrar el alquiler de su piso debe contratar un seguro de protección jurídica  Con este seguro contará con un abogado que le asesorará y le dará cobertura por reclamación de daños extracontractuales o defensa penal, entre otros.

Puede contratar un plan de pensiones cualquier persona física sin límite de edad. Es aconsejable que tenga rendimientos de trabajo y/o actividades económicas para que se pueda deducir las aportaciones que realice.

Como autónomo que desarrolla una actividad profesional, debe contratar un seguro que cubra la responsabilidad Civil, por los posibles daños que puedan ocasionarse en el desarrollo de la misma.

Se debe dar de alta a un hijo recién nacido desde la fecha del nacimiento, con un plazo máximo de 10 días, ya que así evitaremos posibles carencias en algunos servicios y tener que hacer el cuestionario de estado de salud.

 Sí, se debe contratar otro seguro con la comunidad porqué como propietario de una vivienda integrada a una Comunidad no está totalmente protegido con un seguro de Hogar. Por lo tanto, es necesario cubrir determinados riesgos, que afectan a elementos de la Comunidad donde usted es copropietario.

Puede conducir el coche cualquier conductor que disponga del carné de conducir tipo B en vigor salvo que sea menor de 25 años que tiene que declararse en la póliza. Es muy importante comunicarlo a la compañía durante la contratación del seguro.

 

 

Para dar de alta un Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se necesitan los siguientes datos:

  • La identificación del interesado.
  • La dirección de la actividad.
  • Los M2 donde se va a desarrollar la actividad.
  • Los elementos tributarios de la actividades si son necesarios.

Para solicitar la inscripción al Registro de Empresas Acreditadas (REA) es necesario:

  • Tener una actividad relacionada con la construcción.
  • Tener trabajadores asalariados.
  • Disponer de un sistema de prevención de riesgos laborales.
  • Acreditar que los trabajadores y al personal directivo han realizado la formación en riesgos laborales.
  • Liquidación de la tasa administrativa correspondiente.

Para solicitar el el Número de identificacion de Extrangeros (NIE) es necesario:

  • La primera página del pasaporte y Documento de Identidad del interesado, si es comunitario. Si no es comunitario, pasaporte completo. Se pueden presentar fotocopias legitimadas por notario.
  • Una acreditación del motivo para solicitar el NIE (adquisición de vivienda, constitución de una sociedad….)
  • La liquidación de la tasa administrativa correspondiente.

Para obtener una tarjeta de transporte de servicio privado se necesita:

  • Disponer de uno o más vehículos con peso superior a 3.500 Kg de PMA.
  • Facturas que acrediten la actividad de la empresa.
  • Estar al día de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
  • Liquidación de la tasa administrativa correspondiente.

La documentación que se necesita para realizar una transferencia de vehículos es la siguiente:

  • Documentos de identidad de los intervinientes.
  • Documentación del vehículo (permiso de circulación y ficha técnica).
  • Contrato o factura de compraventa.
  • Autorizaciones firmadas por adquirente y transmitente.
  • Liquidación de la tasa administrativa correspondiente.
  • Presentar anualmente el modelo 347, Declaración de operaciones con terceros, para aquellas operaciones con terceras personas que, durante el ejercicio económico, hayan superado los 3.005,06€(pagos a proveedores, subvenciones recibidas, etc.).
  • Trimestralmente, la declaración de IVA modelo 303 en el caso de que alquilen locales propios o una azotea para anuncios de terceros, antenas de telefonía móvil, etc.
  • Como consecuencia, deberán presentar anualmente el modelo 184 de atribución de rentas siempre y cuando el importe supere los 3.000€.

Ante el  impago de una factura de un cliente, es posible recuperar la cuota de IVA , aunque se debe diferenciar en dos casos concretos:

  • Si el deudor se encuentra en una situación de concurso de acreedores, por lo que disponemos de tres meses desde la declaración del concurso para realizar el procedimiento.
  • Si ha transcurrido un determinado plazo (entre seis meses y un año, dependiendo de tamaño de la empresa) desde la emisión de la factura impagada.

Dependiendo de los productos o servicios que entregue o preste la empresa, habrá de aplicar un tipo u otro de IVA (IVA general, reducido y súper-reducido). Solamente en algunos casos excepcionales, la normativa reconoce exenciones. Fuera de dichas exenciones reconocidas por la ley, el resto se debe facturar con IVA.

 

Sí, siempre que se haga un contrato de préstamo entre la sociedad y la persona, y se satisfagan intereses a precio de mercado por el dinero prestado.

En el modelo 347 se deben incluir las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios, sujetas y no exentas en el IVA, así como las no sujetas o exentas de este impuesto, siempre que se esté obligado a emitir factura por dichas operaciones.

Con carácter general, puedo dotar la morosidad de un cliente cuando hayan transcurrido 6 meses desde el vencimiento de la obligación. También serán deducibles las pérdidas por deterioro de créditos cuando el deudor esté declarado en situación de concurso, procesado por delito de alzamiento de bienes, o en el caso que las deudas se hayan reclamado judicialmente, sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

Se pueden aplazar todas las cuotas tributarias, excepto las retenciones y tributos pagados mediante efectos timbrados. En función de los importes a prorrogar, la Administración marca un máximo de plazos a solicitar. Dependiendo del importe a aplazar, la Administración puede exigir la constitución de garantías, como el aval bancario o hipoteca.

Presentar el pago del Impuesto sobre Sociedades no siempre es obligatorio, pueden darse diversos casos:

  • Volumen de negocio: Estarán obligados en todo caso, las empresas cuyo volumen de negocio del ejercicio anterior, haya superado los 6 millones de euros y por lo tanto, estén obligadas a presentar mensualmente sus impuestos.
  • Opción escogida: Para las empresas con facturación inferior a los 6 millones de euros, Hacienda permite el cálculo en base a la cuota del último impuesto de sociedades presentado o en base a los resultados del año en curso. Si del resultado de los cálculos se desprende una cuota cero, no habrá obligación de presentar el pago a cuenta.

La forma jurídica a escoger dependerá de la naturaleza de la actividad, pues la sociedad mercantil limita, por norma general, la responsabilidad de los socios a su aportación, mientras que el empresario individual responde a las deudas de la empresa con todo su patrimonio presente y futuro.

No obstante, los costes de gestión y administración de la sociedad son superiores, ya que conlleva su constitución ante notario, la obligación de llevar la contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio y depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

En general, el régimen de módulos se aplica solamente a empresarios y profesionales que cumplan los siguientes requisitos:

  • Que cada una de sus actividades esté autorizada para incluirse en este régimen.
  • Que no supere determinados límites como por ejemplo, de ventas (125.000 o 250.000€ anuales, IVA excluido), de compras (150.000€ anuales, IVA excluido) o de personal asalariado (variable según actividad).

No, porqué las clases no las desarrolla de forma habitual y mediante una ordenación de materiales propios, con lo cual no la podemos calificar de actividad profesional.

Por tanto, se trataría de un rendimiento de trabajo por el cual, no debería de emitirse ningún tipo de factura, sino simplemente firmar un recibo que la escuela presentaría y con una retención a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

La escuela por su parte deberá de ingresar dicha retención como rendimiento del trabajo y no como rendimiento de actividad económica.

Los gastos derivados del uso del vehículo, tales como amortización anual, impuestos, seguro, o gastos de reparación, conservación y combustible, tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles siempre y cuando, se cumplan las condiciones legalmente establecidas en términos de inscripción contable, devengo, correlación de ingresos y gastos y justificación documental.

El importe de la deducción, será por la parte proporcional en que dicho vehículo sea empleado por el empresario o profesional exclusivamente en el desarrollo de su actividad.

Tradicionalmente, la normativa del IRPF sólo permitía la deducción de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, como pueden ser las amortizaciones, IBI, la tasa de basuras o los gastos de la comunidad de propietario, siempre que la parte de la vivienda estuviera afectada al desarrollo de la actividad.

Los gastos se prorrateaban en función de los metros cuadrados que ocupaba la parte afectada a la actividad en relación a los m2 de la totalidad de la finca. Este criterio no era admitido para los suministros (luz, agua y teléfono etc.) de forma que, la Administración Tributaria exigía la exclusividad de los mismos a la actividad económica. No obstante, y a raíz una resolución del TEAC, se ha producido un cambio normativo que establece un criterio claro y objetivo para determinar esta deducibilidad, y consiste en un 30% del consumo de suministros de agua, gas, telefonía e Internet, prorrateado por la superficie destinada a la actividad.

Las retenciones derivadas de los rendimientos de actividades profesionales son del 15% con carácter general. Para aquellos profesionales que empiezan por primera vez la actividad en el régimen de autónomos, el tipo será del 7%.

IRPF: Con carácter general, están obligados a hacer la declaración de renta todos los contribuyentes, personas físicas residentes en España, que hayan obtenido rentas sujetas al Impuesto. No obstante, no existe obligación de declarar cuando se perciben:

  • Rendimientos del trabajo de 22.000€ y especialmente de 12.000€ en circunstancias especiales (por ejemplo, más de un pagador.)
  • Rendimientos de capital mobiliario o ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a cuenta cuando las percepciones sean inferiores a 1.600€.
  • Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujeto a retención derivados de letras del Tesoro y subvención para la adquisición de viviendas de protección oficial o precio tasado con el límite conjunto de 1.000€.

También están obligados a declarar, los contribuyentes que quieran aplicar determinadas deducciones, reducciones, o obtener determinadas devoluciones (como por ejemplo, la deducción por maternidad).

En todo caso, están obligados a presentar declaración en modelo ordinario:

  1. Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas (empresarios, profesionales, agricultores, ganaderos, etc.).
  2. Los que perciban determinados rendimientos no sujetos a retención.

El plazo para la presentación de la declaración se inicia a principios de abril y acaba el 30 de junio del año posterior al que se refiere la declaración.

A nivel fiscal, se deberá conservar durante cuatro años. Si existen pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, durante el año en curso y los diez anteriores.

Las facturas de bienes de inversión, se deben guardar como mínimo hasta 5 años después de su baja en la empresa (por venta, obsolescencia, etc.).

A nivel mercantil, la documentación contable se deberá conservar durante 6 años.

A partir del ejercicio 2016, las sociedades civiles con objeto mercantil, pasan a tributar por el impuesto de sociedades, lo cual comporta presentar anualmente la liquidación de este impuesto. Como consecuencia, deberán llevar la contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio. Los rendimientos de la actividad ya no se imputaran a la declaración de la renta de los socios, sino que estos percibirán su retribución vía nomina o dividendos.

Las facturas tienen que tener un número en forma de serie. La numeración dentro de cada serie, tiene que ser correlativa en fecha y número. El Reglamento de facturación no comenta en ningún caso, de iniciar una nueva numeración para cada ejercicio, aunque está muy extendida la numeración por ejercicios, por ejemplo 001/2016 que correspondería a la primera factura del ejercicio 2016.

El empresario dispone, dentro de sus facultades de dirección, la potestad de modificar unilateralmente las condiciones de los trabajadores.

Se debe matizar que la ley establece, en el artículo 41 del Estatuto de Trabajadores, una limitación a esta potestad y que se produce cuando implica una modificación sustancial de las condiciones. Afecta a los siguientes materias: jornada laboral, horario y distribución del tiempo de trabajo y régimen de trabajo por turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo, rendimiento y funciones, cuando se excedan de los límites para la movilidad funcional establecidos en el Estatuto de Trabajadores, es decir, cuando el cambio sea para realizar las funciones que correspondan a otros grupos o categorías profesionales no equivalentes a la actual.

La movilidad geografía, es decir, el traslado del trabajador al centro de trabajo diferente al que habitualmente desarrollaba sus tareas y que implique cambio de residencia, también es una modificación sustancial.

Estas modificaciones sustanciales tan solo se pueden realizar cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Las modificaciones sustanciales pueden afectar a un trabajador o pueden ser colectivas.

 

El empresario, dentro de su poder de dirección, tiene la facultad de sancionar a un trabajador que incurra en alguna infracción que establezca la Ley, por disposición reglamentaria o por convenio colectivo.

Normalmente, el convenio colectivo aplicable a la relación laboral entre empresario y trabajador que establece cuales son las faltas sancionables, clasificadas entre leves, graves y muy graves, y las sanciones aplicables a cada una de ellas.

Hay que tener presente que las sanciones tienen un plazo de prescripción y de acumulación.

El Estatuto de Trabajadores establece que las infracciones de los trabajadores prescriben: las faltas leves a los 10 días, las graves a los 20 y las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de que se produjeron o en todo caso, a los 6 meses de haberse producido. En todo caso, se debe tener en cuenta que la mayoría de convenios colectivos también delimitan el tiempo de prescripción.

Las sanciones se deben comunicar por escrito al trabajador y en caso que este no quiera firmarlas, se recomienda que se envíen vía burofax a su domicilio familiar.

Las sanciones correctamente comunicadas y que se puedan acumular en el tiempo, siempre que no prescriban, pueden ayudar a una desvinculación del empleado en la empresa sin que suponga inicialmente un coste económico.

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de resolver en cualquier caso. No obstante, la Ley prevé que cuando no se ha resuelto en el plazo establecido (entre dos y seis meses normalmente) intervenga el denominado silencio administrativo.

Por medio de este mecanismo, se podrán entender estimadas o desestimadas nuestras pretensiones, pudiéndose solicitar el correspondiente certificado en caso de silencio positivo, y pudiéndose impugnar contra las desestimaciones producidas como a consecuencia del silencio negativo.

Si el inquilino no paga el alquiler se puede realizar una reclamación extrajudicial vía burofax.

Si el requerimiento no es atendido, la vía judicial permite acumular las acciones de desahucio y de reclamación de cantidades. De manera que, con un solo procedimiento podemos echar al arrendatario que no está cumpliendo con sus obligaciones e intentar cobrar la deuda que mantiene con nosotros.

Para constituir una sociedad mercantil, se tiene que obtener la denominación social del Registro Mercantil Central, dotarla de un capital social (mínimo 3.000€ en la SL y 60.000€ en la SA), redactar los estatutos (objeto, domicilio, transmisión de participaciones, etc.) y designar el órgano de administración.

Evidentemente, dentro del capital se pueden efectuar aportaciones dinerarias o no dinerarias (acciones o participaciones en otras sociedades, inmuebles, negocio etc.). Es aconsejable que los estatutos se redacten teniendo en cuenta la voluntad y las preocupaciones de los socios, contando con un asesoramiento adecuado.

Cualquier acuerdo o medida que conste en una sentencia de divorcio podrá ser modificada judicialmente, cuando se produzca una modificación sustancial en las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de la sentencia.

Las modificaciones sustanciales más habituales son: un incremento de los gastos de los menores, una disminución en los ingresos del progenitor, un cambio de residencia del progenitor que ostenta y guarda la custodia, etc.

La legítima es aquella parte de nuestros bienes de los cuales no podemos disponer, al estar reservada a determinados herederos o legatarios, denominados legitimarios.

Tienen derecho a la legítima, en primer lugar, los hijos y descendientes y en caso de no haberlos, serán legitimarios los padres.

La cuantía de la legítima corresponde a una cuarta parte de la herencia que se deberá distribuir entre la totalidad de legitimarios del causante, a partes iguales.

La Ley prevé que para la presentación de la petición inicial de un procedimiento monitorio no es necesaria la intervención de un procurador y un abogado.

No obstante, hay que precisar que en caso de oposición del deudor, si la deuda es superior a 2.000€, será necesaria la intervención de estos profesionales en el juicio verbal u ordinario (si la reclamación excede a 6.000€). De la misma forma, en el supuesto de que el deudor no se oponga y se deba ejecutar el Decreto que pone fin al procedimiento monitorio, también será necesaria su intervención.

Ante la existencia de una deuda que llegado a su vencimiento resulta impagada, es aconsejable iniciar su reclamación, ya sea judicial o extrajudicialmente.

Para una reclamación extrajudicial recomendamos el envío de un burforax, puesto que es en el caso de que se llegue a la reclamación judicial, sirve para la acreditación de la reclamación previa.

En cuanto a la vía judicial, existen diferentes procedimientos (monitorio, verbal, ordinario, etc.); debiéndose en cada caso, valorar el más adecuado.

No obstante, es imprescindible disponer de toda la documentación acreditativa de la deuda.

Los administradores responderán, no solo delante de los acreedores, sino también delante de la sociedad y de sus socios, cuando hayan causado algún daño por actuaciones o omisiones contrarias a la ley, a los Estatutos o a los deberes inherentes a su cargo.

Es decir, en aquellos casos en los que el administrador no haya actuado de manera diligente y cumpliendo sus deberes inherentes a su cargo y se pueda acreditar, se le podrá derivar la responsabilidad de la sociedad.