FAQs

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En primer lugar, debemos diferenciar entre la tributación de los anticipos a efectos de IVA y a efectos de impuesto de sociedades o de IRPF.

a) Por lo que se refiere al IVA, el cobro anticipado de una parte o la totalidad de una venta o prestación de servicio origina la obligación de emitir factura en la fecha del cobro, e ingresar el IVA correspondiente al cobro , en el período de liquidación que corresponda a la fecha de emisión de esta factura. Cuando se entregue la mercancía o se preste el servicio, sólo se tendrá que declarar IVA por la parte del importe que quede por cobrar.

b) En cambio, a efectos del impuesto de sociedades y del IRPF, el cobro anticipado no determina el momento en el que se debe declarar el ingreso fiscal, pues éste se produce, como regla general, cuando se devenga la entrega de la mercancía o la prestación del servicio.

En primer lugar, los rendimientos obtenidos por el arrendamiento de bienes inmuebles no afectos a ninguna actividad económica tributan en la base general del IRPF, como rendimientos del capital inmobiliario. En segundo lugar, la operación no tributa por IVA.

En el caso de alquiler por semanas (turístico), el contribuyente podrá deducir fiscalmente, de sus ingresos, los gastos periódicos de la vivienda (contribución, seguro, etc) en proporción al tiempo que haya tenido el inmueble alquilado.

No obstante, el propietario no podrá disfrutar de la reducción del 60% del rendimiento neto, prevista para el arrendamiento de viviendas, al no destinarse este alquiler a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, ya que se trata de un alquiler vacacional.

Cualquier persona física residente fiscal en España que tenga en el extranjero cuentas corrientes, valores o inmuebles, y que el valor total de alguna de estas categorías de bienes o derechos supere los 50.000 euros, deberá presentar a Hacienda, de forma telemática , una declaración informativa sobre los mismos (Modelo 720).

No obstante, si a pesar de superar los 50.000 euros a final de año, en un ejercicio no se han producido variaciones superiores a los 20.000 euros en cada una de las categorías anteriores, no será necesario volver declarar estos bienes o derechos hasta que esta circunstancia se produzca .

Hay que recordar que también deben presentar esta declaración aquellas personas que, sin ser titulares de las mismas, figuren como autorizadas a cuentas corrientes abiertas en el extranjero, con los límites ya indicados.

Esta declaración informativa se presentará entre el 1 y el 31 de marzo del ejercicio posterior al que hace referencia. En caso de incumplimiento, o de consignación de datos erróneos, el obligado enfrenta a sanciones muy elevadas, así como la no prescriptibilitat los capitales no declarados.

En la coyuntura actual de incertidumbre y crisis de mercado, es imprescindible realizar un continuo análisis de los posibles riesgos del patrimonio del empresario, la optimización de su estructura societaria y el diagnóstico de su salud financiera para alcanzar los objetivos marcados.

Es necesario reorganizar, ordenar y planificar el conjunto del patrimonio del empresario (empresarial, inmobiliario, mobiliario y financiero), la protección del mismo, implementar el ahorro, la optimización de impuestos y delimitar los posibles riesgos.

 

 

Due diligence es un término utilizado en el ámbito de las adquisiciones empresariales, para referirse al proceso de búsqueda de información sobre una empresa. Incluye aspectos como: su área de actividad; las posibilidades y perspectivas de futuro del negocio; y el estado de su activo y de su pasivo. En definitiva, busca obtener toda la información necesaria para valorar y fijar de forma objetiva; el precio final de una operación de adquisición de empresas; la forma de estructurar la transacción; y la exigencia de garantías o, en su caso, la conveniencia de dar marcha atrás a la compra por la detección de riesgos o por la aparición de nuevas informaciones.

Se diferencias en dos tipos de análisis:

  • Análisis económico-financiero: consiste en una auditoría de compra rigurosa y pormenorizada que afecta tanto a los estados financieros, como a la valoración de activos materiales e inmateriales (inmuebles, marcas, cuota de mercado, etc).
  • Análisis legal: que se basa en la revisión y estudio de los contratos, la revisión de los temas societarios y el estudio de los posibles litigios. También incluye la revisión fiscal y laboral. Su importancia estriba en evitar que se encuentren ocultos compromisos o acuerdos que podrían poner en peligro la operación.

La valoración de una empresa sirve de ayuda para la consecución de un fin específico, bien sea un asesoramiento en una posible operación de compraventa, a efectos de control interno, para la solicitud de préstamos, etc. En unos y otros casos para un mejor conocimiento del rendimiento de su empresa es necesario tener un conocimiento exacto de su valor, lo cual servirá también para una toma de decisiones ágil y con conocimiento de causa.

Para realizar la valoración de una empresa deben tenerse en consideración  las características de la  misma, la actividad que realiza y el sector en que opera.

Los métodos utilizados con mayor frecuencia para determinar el valor de una empresa son el Valor neto contable ajustado, Valor según múltiplos del Cash Flow, Valor en función de los Resultados futuros esperados, Valor según operaciones similares realizadas en el mercado.

La empresa que recibe un requerimiento de un organismo por el embargo de un salario de un trabajador, debe tener presente que a éste se le tiene que aplicar a la nomina y que solo le resultará embargable aquel importe que exceda del salario Mínimo Interprofesional, excepto de los casos de pensiones por alimentos a los hijos, impuesta por sentencia judicial ya que es el juez quien decide el importe a embargar, indiferentemente de los ingresos del trabajador.

Todo el salario que este por encima del salario mínimo interprofesional, será embargable en base a unos porcentajes que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es un pacto entre la empresa y el trabajador que se formaliza en el contrato durante el cual, cualquiera de las partes puede poner fin a la relación laboral sin necesidad que exista una causa que lo justifique, sin preaviso y sin que corresponda ninguna indemnización.

El convenio colectivo vigente en la relación laboral delimitará la duración del periodo de prueba.

El permiso de maternidad tiene una duración de 16 semanas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo, a partir del segundo.

El permiso de paternidad tiene una duración de un mes a cargo de la seguridad social. Se debe tener presente, que por convenio colectivo aplicable a la relación laboral con el trabajador, le corresponden adicionalmente unos días que estipula el mismo convenio a cargo de la empresa.

El permiso de paternidad y maternidad implica para la empresa, la interrupción de la prestación laboral. La remuneración del trabajador es a cargo de la seguridad social por la cotización es a cargo de la empresa.

La seguridad social, así como otros organismos, obligan a las empresas y a las personas físicas a obtener un certificado digital para poder operar a través de sus páginas web. De esta manera, se permite autentificar y garantizar la confidencialidad de las comunicaciones entre los ciudadanos, empresas o otras instituciones y la seguridad social.

Estos certificados, a nivel operativo, permiten obtener información de las empresas o de los particulares y, al mismo tiempo, permite apoderar a terceros para las comunicaciones con la seguridad social.

El porcentaje de jornada que se trabaje no influye en los días de vacaciones del trabajador. El número de días de vacaciones anuales es legalmente de días naturales o 22 laborables (excepto que por convenio se regule un nombre de días diferente) y se usan en proporción al número de días trabajados al año, independientemente que los días trabajados sean a jornada completa o a tiempo parcial.

La ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, asegura el uso correcto que hacen las empresas y las entidades de los datos de carácter personal de las personas físicas.

La ley recoge una serie de Derechos Fundamentales de los ciudadanos (Acceso, Rectificación,Cancelación y Oposición – A.R.C.O.) que las empresas han de asegurar que se cumplen en todo momento. A tal efecto, la “Agencia Española de Protección de Datos” ( www.agpd.es ) establece una normativa que toda entidad que disponga de datos de carácter personal debe cumplir para garantizar dichos derechos. Se trata de una normativa más o menos estricta en función de la naturaleza que tengan los datos y las características propias de cada empresas o ámbito de negocio. Es muy aconsejable encargar a un profesional el estudio y asesoramiento de las medidas a adoptar en cada caso.

Según el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital, en el supuesto de auditorías obligatorias, el nombramiento lo tiene que hacer la Junta General de Socios, antes de finalizar el ejercicio que se tiene que auditar.

Respecto a las auditorías voluntarias, el nombramiento lo puede hacer tanto la Junta General de socios como el Órgano de Administración. No existe un plazo establecido, pero es aconsejable hacerlo antes de finalizar el ejercicio por a auditar.

Están obligados a auditar sus cuentas anuales todas aquellas empresas que durante dos ejercicios consecutivos (la obligación deviene el segundo año), superen dos de los tres requisitos siguientes:

  • Total del Activo: 2.850.000€
  • Importe neto de la cifra de negocios: 5.700.000€
  • Número de trabajadores:  50

También estarán obligadas todas aquellas empresas o entidades que reciben subvenciones o ayudas del Estado y de otros Organismos Públicos dentro de los límites establecidos reglamentariamente, mediante Real Decreto, por el Gobierno. El límite establecido en 600.000€, se extiende para ejercicio en que se reciben subvenciones y  a los siguientes en los que se desarrollen las operaciones o se ejecuten las inversiones.

El coste de una auditoría depende de diversos factores y en consecuencia, no se pueden calcular sin antes haber realizado un estudio previo del caso. Este estudio es costumbre realizarlo en el contexto de una o diversas reuniones con la entidad a auditar. A partir de la información obtenida, el auditor evaluará las horas que necesitará para realizar el encargo, siendo el número de hora la base para determinar sus honorarios.

Una auditoría sirve fundamentalmente, para dotar de credibilidad las cuentas anuales de una entidad y por lo tanto, para que terceras personas puedan depositar su confianza para tomar las decisiones necesarias.

Una auditoria es un examen de cuentas anuales de una entidad, realizado por un auditor reconocido oficialmente. Este examen se realiza aplicando una serie de técnicas y procedimientos de análisis, siguiendo escrupulosamente un conjunto de normas técnicas de auditoría que son de obligado cumplimiento por el auditor.

La ventaja de contratar un seguro a través de un corredor reside en el hecho que, al tratarse de un profesional independiente, está capacitado para asesorar de forma objetiva a los clientes en cuanto a sus necesidades de aseguramiento, realizando una oferta más amplia y prestando su ayuda para la resolución de dudas y tramitación de siniestros.

La cobertura de pólizas de PIME que contratamos habitualmente incluye cobertura en la Unión Europea. En caso que se necesite una cobertura más amplia, se puede solicitar su inclusión.

Si como consecuencia de cualquiera de los riesgos cubiertos de la póliza y los riesgos amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros (riesgos extraordinarios) se produce el cierre del negocio, con la cobertura de pérdida de beneficios encontrará una indemnización diaria, dentro de los términos pactados, por cada día laborable.

Si tiene problemas para cobrar el alquiler de su piso debe contratar un seguro de protección jurídica  Con este seguro contará con un abogado que le asesorará y le dará cobertura por reclamación de daños extracontractuales o defensa penal, entre otros.

Puede contratar un plan de pensiones cualquier persona física sin límite de edad. Es aconsejable que tenga rendimientos de trabajo y/o actividades económicas para que se pueda deducir las aportaciones que realice.

Como autónomo que desarrolla una actividad profesional, debe contratar un seguro que cubra la responsabilidad Civil, por los posibles daños que puedan ocasionarse en el desarrollo de la misma.

Se debe dar de alta a un hijo recién nacido desde la fecha del nacimiento, con un plazo máximo de 10 días, ya que así evitaremos posibles carencias en algunos servicios y tener que hacer el cuestionario de estado de salud.

 Sí, se debe contratar otro seguro con la comunidad porqué como propietario de una vivienda integrada a una Comunidad no está totalmente protegido con un seguro de Hogar. Por lo tanto, es necesario cubrir determinados riesgos, que afectan a elementos de la Comunidad donde usted es copropietario.

Puede conducir el coche cualquier conductor que disponga del carné de conducir tipo B en vigor salvo que sea menor de 25 años que tiene que declararse en la póliza. Es muy importante comunicarlo a la compañía durante la contratación del seguro.

 

 

Para dar de alta un Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se necesitan los siguientes datos:

  • La identificación del interesado.
  • La dirección de la actividad.
  • Los M2 donde se va a desarrollar la actividad.
  • Los elementos tributarios de la actividades si son necesarios.

Para solicitar la inscripción al Registro de Empresas Acreditadas (REA) es necesario:

  • Tener una actividad relacionada con la construcción.
  • Tener trabajadores asalariados.
  • Disponer de un sistema de prevención de riesgos laborales.
  • Acreditar que los trabajadores y al personal directivo han realizado la formación en riesgos laborales.
  • Liquidación de la tasa administrativa correspondiente.

Para solicitar el el Número de identificacion de Extrangeros (NIE) es necesario:

  • La primera página del pasaporte y Documento de Identidad del interesado, si es comunitario. Si no es comunitario, pasaporte completo. Se pueden presentar fotocopias legitimadas por notario.
  • Una acreditación del motivo para solicitar el NIE (adquisición de vivienda, constitución de una sociedad….)
  • La liquidación de la tasa administrativa correspondiente.

Para obtener una tarjeta de transporte de servicio privado se necesita:

  • Disponer de uno o más vehículos con peso superior a 3.500 Kg de PMA.
  • Facturas que acrediten la actividad de la empresa.
  • Estar al día de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
  • Liquidación de la tasa administrativa correspondiente.

La documentación que se necesita para realizar una transferencia de vehículos es la siguiente:

  • Documentos de identidad de los intervinientes.
  • Documentación del vehículo (permiso de circulación y ficha técnica).
  • Contrato o factura de compraventa.
  • Autorizaciones firmadas por adquirente y transmitente.
  • Liquidación de la tasa administrativa correspondiente.
  • Presentar anualmente el modelo 347, Declaración de operaciones con terceros, para aquellas operaciones con terceras personas que, durante el ejercicio económico, hayan superado los 3.005,06€(pagos a proveedores, subvenciones recibidas, etc.).
  • Trimestralmente, la declaración de IVA modelo 303 en el caso de que alquilen locales propios o una azotea para anuncios de terceros, antenas de telefonía móvil, etc.
  • Como consecuencia, deberán presentar anualmente el modelo 184 de atribución de rentas siempre y cuando el importe supere los 3.000€.

Ante el  impago de una factura de un cliente, es posible recuperar la cuota de IVA , aunque se debe diferenciar en dos casos concretos:

  • Si el deudor se encuentra en una situación de concurso de acreedores, por lo que disponemos de tres meses desde la declaración del concurso para realizar el procedimiento.
  • Si ha transcurrido un determinado plazo (entre seis meses y un año, dependiendo de tamaño de la empresa) desde la emisión de la factura impagada.

Dependiendo de los productos o servicios que entregue o preste la empresa, habrá de aplicar un tipo u otro de IVA (IVA general, reducido y súper-reducido). Solamente en algunos casos excepcionales, la normativa reconoce exenciones. Fuera de dichas exenciones reconocidas por la ley, el resto se debe facturar con IVA.

 

Sí, siempre que se haga un contrato de préstamo entre la sociedad y la persona, y se satisfagan intereses a precio de mercado por el dinero prestado.

En el modelo 347 se deben incluir las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios, sujetas y no exentas en el IVA, así como las no sujetas o exentas de este impuesto, siempre que se esté obligado a emitir factura por dichas operaciones.

Con carácter general, puedo dotar la morosidad de un cliente cuando hayan transcurrido 6 meses desde el vencimiento de la obligación. También serán deducibles las pérdidas por deterioro de créditos cuando el deudor esté declarado en situación de concurso, procesado por delito de alzamiento de bienes, o en el caso que las deudas se hayan reclamado judicialmente, sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

Se pueden aplazar todas las cuotas tributarias, excepto las retenciones y tributos pagados mediante efectos timbrados. En función de los importes a prorrogar, la Administración marca un máximo de plazos a solicitar. Dependiendo del importe a aplazar, la Administración puede exigir la constitución de garantías, como el aval bancario o hipoteca.

Presentar el pago del Impuesto sobre Sociedades no siempre es obligatorio, pueden darse diversos casos:

  • Volumen de negocio: Estarán obligados en todo caso, las empresas cuyo volumen de negocio del ejercicio anterior, haya superado los 6 millones de euros y por lo tanto, estén obligadas a presentar mensualmente sus impuestos.
  • Opción escogida: Para las empresas con facturación inferior a los 6 millones de euros, Hacienda permite el cálculo en base a la cuota del último impuesto de sociedades presentado o en base a los resultados del año en curso. Si del resultado de los cálculos se desprende una cuota cero, no habrá obligación de presentar el pago a cuenta.

La forma jurídica a escoger dependerá de la naturaleza de la actividad, pues la sociedad mercantil limita, por norma general, la responsabilidad de los socios a su aportación, mientras que el empresario individual responde a las deudas de la empresa con todo su patrimonio presente y futuro.

No obstante, los costes de gestión y administración de la sociedad son superiores, ya que conlleva su constitución ante notario, la obligación de llevar la contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio y depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

En general, el régimen de módulos se aplica solamente a empresarios y profesionales que cumplan los siguientes requisitos:

  • Que cada una de sus actividades esté autorizada para incluirse en este régimen.
  • Que no supere determinados límites como por ejemplo, de ventas (125.000 o 250.000€ anuales, IVA excluido), de compras (150.000€ anuales, IVA excluido) o de personal asalariado (variable según actividad).

No, porqué las clases no las desarrolla de forma habitual y mediante una ordenación de materiales propios, con lo cual no la podemos calificar de actividad profesional.

Por tanto, se trataría de un rendimiento de trabajo por el cual, no debería de emitirse ningún tipo de factura, sino simplemente firmar un recibo que la escuela presentaría y con una retención a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

La escuela por su parte deberá de ingresar dicha retención como rendimiento del trabajo y no como rendimiento de actividad económica.

Los gastos derivados del uso del vehículo, tales como amortización anual, impuestos, seguro, o gastos de reparación, conservación y combustible, tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles siempre y cuando, se cumplan las condiciones legalmente establecidas en términos de inscripción contable, devengo, correlación de ingresos y gastos y justificación documental.

El importe de la deducción, será por la parte proporcional en que dicho vehículo sea empleado por el empresario o profesional exclusivamente en el desarrollo de su actividad.

Hasta ahora la normativa del impuesto permitía solamente la deducción de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, como pueden ser amortizaciones, IBI, la tasa de las basuras o los gastos de la comunidad de propietarios, siempre que parte de la vivienda estuvira afecta al desarrollo de la actividad.

Los gastos se prorrateaban en función de los metros cuadrados que ocupaba la parte afecta a la actividad en relación a los m2 de la totalidad de la finca. Este criterio no era admitido para los suministros (luz, agua, teléfono…) de modo que la Administración Tributaria, exigía la exclusividad de los mismos a la actividad económica. Pero recientemente una resolución del TEAC ha contradicho este criterio y permite la deducción de los mismos de forma prorrateada. Queda pendiente de aclaración por parte de la Dirección General de Tributos, cómo y en qué medida deberemos prorratear dichos gastos: en función de los m2, en función de los días de actividad o en función de las horas de afectación.

Las retenciones derivadas de los rendimientos de actividades profesionales son del 15% con carácter general. Para aquellos profesionales que empiezan por primera vez la actividad en el régimen de autónomos, el tipo será del 7%.

IRPF: Con carácter general, están obligados a hacer la declaración de renta todos los contribuyentes, personas físicas residentes en España, que hayan obtenido rentas sujetas al Impuesto. No obstante, no existe obligación de declarar cuando se perciben:

  • Rendimientos del trabajo de 22.000€ y especialmente de 12.000€ en circunstancias especiales (por ejemplo, más de un pagador.)
  • Rendimientos de capital mobiliario o ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a cuenta cuando las percepciones sean inferiores a 1.600€.
  • Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujeto a retención derivados de letras del Tesoro y subvención para la adquisición de viviendas de protección oficial o precio tasado con el límite conjunto de 1.000€.

También están obligados a declarar, los contribuyentes que quieran aplicar determinadas deducciones, reducciones, o obtener determinadas devoluciones (como por ejemplo, la deducción por maternidad).

En todo caso, están obligados a presentar declaración en modelo ordinario:

  1. Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas (empresarios, profesionales, agricultores, ganaderos, etc.).
  2. Los que perciban determinados rendimientos no sujetos a retención.

El plazo para la presentación de la declaración se inicia a principios de abril y acaba el 30 de junio del año posterior al que se refiere la declaración.

A nivel fiscal, se deberá conservar durante cuatro años. Si existen pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, durante el año en curso y los diez anteriores.

Las facturas de bienes de inversión, se deben guardar como mínimo hasta 5 años después de su baja en la empresa (por venta, obsolescencia, etc.).

A nivel mercantil, la documentación contable se deberá conservar durante 6 años.

A partir del ejercicio 2016, las sociedades civiles con objeto mercantil, pasan a tributar por el impuesto de sociedades, lo cual comporta presentar anualmente la liquidación de este impuesto. Como consecuencia, deberán llevar la contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio. Los rendimientos de la actividad ya no se imputaran a la declaración de la renta de los socios, sino que estos percibirán su retribución vía nomina o dividendos.

Las facturas tienen que tener un número en forma de serie. La numeración dentro de cada serie, tiene que ser correlativa en fecha y número. El Reglamento de facturación no comenta en ningún caso, de iniciar una nueva numeración para cada ejercicio, aunque está muy extendida la numeración por ejercicios, por ejemplo 001/2016 que correspondería a la primera factura del ejercicio 2016.

El empresario dispone, dentro de sus facultades de dirección, la potestad de modificar unilateralmente las condiciones de los trabajadores.

Se debe matizar que la ley establece, en el artículo 41 del Estatuto de Trabajadores, una limitación a esta potestad y que se produce cuando implica una modificación sustancial de las condiciones. Afecta a los siguientes materias: jornada laboral, horario y distribución del tiempo de trabajo y régimen de trabajo por turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo, rendimiento y funciones, cuando se excedan de los límites para la movilidad funcional establecidos en el Estatuto de Trabajadores, es decir, cuando el cambio sea para realizar las funciones que correspondan a otros grupos o categorías profesionales no equivalentes a la actual.

La movilidad geografía, es decir, el traslado del trabajador al centro de trabajo diferente al que habitualmente desarrollaba sus tareas y que implique cambio de residencia, también es una modificación sustancial.

Estas modificaciones sustanciales tan solo se pueden realizar cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Las modificaciones sustanciales pueden afectar a un trabajador o pueden ser colectivas.

 

El empresario, dentro de su poder de dirección, tiene la facultad de sancionar a un trabajador que incurra en alguna infracción que establezca la Ley, por disposición reglamentaria o por convenio colectivo.

Normalmente, el convenio colectivo aplicable a la relación laboral entre empresario y trabajador que establece cuales son las faltas sancionables, clasificadas entre leves, graves y muy graves, y las sanciones aplicables a cada una de ellas.

Hay que tener presente que las sanciones tienen un plazo de prescripción y de acumulación.

El Estatuto de Trabajadores establece que las infracciones de los trabajadores prescriben: las faltas leves a los 10 días, las graves a los 20 y las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de que se produjeron o en todo caso, a los 6 meses de haberse producido. En todo caso, se debe tener en cuenta que la mayoría de convenios colectivos también delimitan el tiempo de prescripción.

Las sanciones se deben comunicar por escrito al trabajador y en caso que este no quiera firmarlas, se recomienda que se envíen vía burofax a su domicilio familiar.

Las sanciones correctamente comunicadas y que se puedan acumular en el tiempo, siempre que no prescriban, pueden ayudar a una desvinculación del empleado en la empresa sin que suponga inicialmente un coste económico.

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de resolver en cualquier caso. No obstante, la Ley prevé que cuando no se ha resuelto en el plazo establecido (entre dos y seis meses normalmente) intervenga el denominado silencio administrativo.

Por medio de este mecanismo, se podrán entender estimadas o desestimadas nuestras pretensiones, pudiéndose solicitar el correspondiente certificado en caso de silencio positivo, y pudiéndose impugnar contra las desestimaciones producidas como a consecuencia del silencio negativo.

Si el inquilino no paga el alquiler se puede realizar una reclamación extrajudicial vía burofax.

Si el requerimiento no es atendido, la vía judicial permite acumular las acciones de desahucio y de reclamación de cantidades. De manera que, con un solo procedimiento podemos echar al arrendatario que no está cumpliendo con sus obligaciones e intentar cobrar la deuda que mantiene con nosotros.

Para constituir una sociedad mercantil, se tiene que obtener la denominación social del Registro Mercantil Central, dotarla de un capital social (mínimo 3.000€ en la SL y 60.000€ en la SA), redactar los estatutos (objeto, domicilio, transmisión de participaciones, etc.) y designar el órgano de administración.

Evidentemente, dentro del capital se pueden efectuar aportaciones dinerarias o no dinerarias (acciones o participaciones en otras sociedades, inmuebles, negocio etc.). Es aconsejable que los estatutos se redacten teniendo en cuenta la voluntad y las preocupaciones de los socios, contando con un asesoramiento adecuado.

Cualquier acuerdo o medida que conste en una sentencia de divorcio podrá ser modificada judicialmente, cuando se produzca una modificación sustancial en las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de la sentencia.

Las modificaciones sustanciales más habituales son: un incremento de los gastos de los menores, una disminución en los ingresos del progenitor, un cambio de residencia del progenitor que ostenta y guarda la custodia, etc.

La legítima es aquella parte de nuestros bienes de los cuales no podemos disponer, al estar reservada a determinados herederos o legatarios, denominados legitimarios.

Tienen derecho a la legítima, en primer lugar, los hijos y descendientes y en caso de no haberlos, serán legitimarios los padres.

La cuantía de la legítima corresponde a una cuarta parte de la herencia que se deberá distribuir entre la totalidad de legitimarios del causante, a partes iguales.

La Ley prevé que para la presentación de la petición inicial de un procedimiento monitorio no es necesaria la intervención de un procurador y un abogado.

No obstante, hay que precisar que en caso de oposición del deudor, si la deuda es superior a 2.000€, será necesaria la intervención de estos profesionales en el juicio verbal u ordinario (si la reclamación excede a 6.000€). De la misma forma, en el supuesto de que el deudor no se oponga y se deba ejecutar el Decreto que pone fin al procedimiento monitorio, también será necesaria su intervención.

Ante la existencia de una deuda que llegado a su vencimiento resulta impagada, es aconsejable iniciar su reclamación, ya sea judicial o extrajudicialmente.

Para una reclamación extrajudicial recomendamos el envío de un burforax, puesto que es en el caso de que se llegue a la reclamación judicial, sirve para la acreditación de la reclamación previa.

En cuanto a la vía judicial, existen diferentes procedimientos (monitorio, verbal, ordinario, etc.); debiéndose en cada caso, valorar el más adecuado.

No obstante, es imprescindible disponer de toda la documentación acreditativa de la deuda.

Los administradores responderán, no solo delante de los acreedores, sino también delante de la sociedad y de sus socios, cuando hayan causado algún daño por actuaciones o omisiones contrarias a la ley, a los Estatutos o a los deberes inherentes a su cargo.

Es decir, en aquellos casos en los que el administrador no haya actuado de manera diligente y cumpliendo sus deberes inherentes a su cargo y se pueda acreditar, se le podrá derivar la responsabilidad de la sociedad.