Ayer se publicaron en el DOGC las bases de la nueva ayuda dirigida al comercio obligado a cerrar con motivo de las últimas restricciones derivadas de la crisis sanitaria en Cataluña, que debían extenderse hasta el 24 de enero, pero que finalmente se prorrogarán durante dos semanas más.
Ahora que hemos terminado el ejercicio 2020, tal vez nos planteemos si las pérdidas que han sufrido las empresas —en muchos casos ocasionados por la crisis del Covid-19— pueden tener repercusión en las obligaciones del administrador societario de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad.
La existencia de una discapacidad conlleva, en no pocas ocasiones, dificultades en el día a día que incrementan el coste de la vida de quienes la padecen y pueden disminuir su capacidad para obtener ingresos. Es por ello que el legislador ha previsto variados mecanismos en forma de incentivos para ayudar a aquellas personas que acrediten, mediante el correspondiente certificado oficial emitido por la Generalitat de Cataluña, cierto grado de discapacidad, que generalmente deberá ser igual o superior al 33%, para poder acogerse a dichos incentivos
La Tesorería General de la Seguridad Social nos ha comunicado el cierre, a partir de enero de 2021, de las cuentas bancarias de las Unidades de Recaudación Ejecutiva en las cuales hasta ahora se tenían que realizar los ingresos de las deudas en materia de Seguridad Social que hayan contraído las empresas y autónomos, que se encuentren en vía ejecutiva, así como cualquier otro en cumplimiento de una actuación ejecutiva.
Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, siempre que se encuentren al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar la moratoria en el pago de las cuotas con la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta que se devenguen:
El próximo 31 de diciembre finalizará el plazo transitorio previsto en el acuerdo del BREXIT, durante el cual se prolongaba para el año 2020 el tratamiento de las operaciones con el Reino Unido como si fueran realizadas con cualquier estado miembro de la UE.
El principal escollo para la plena efectividad del régimen de la segunda oportunidad en España siempre ha sido que, a diferencia de otros países de nuestro entorno, la exoneración de las deudas no alcanzaba siempre la deuda pública (principalmente créditos tributarios y de la Seguridad Social). Sólo los deudores que podían satisfacer la deuda privilegiada y contra la masa, podían acceder a la exoneración directa de las deudas con Hacienda y Seguridad Social. En cambio, los que no podían satisfacer el crédito privilegiado y contra la masa en el curso del procedimiento, debían someterse a un plan de pagos durante 5 años y, al finalizar este plazo, accedían a la exoneración del resto de pasivo insatisfecho, pero sin que afectara esta exoneración a la deuda pública, que el deudor seguía obligado a pagar.
El pasado 12 de noviembre el Tribunal Supremo dio a conocer el texto íntegro de su decisión sobre cinco recursos de casación relativos a la cláusula de referencia al IRPH en los préstamos hipotecarios a interés variable, tras la sentencia dictada por el TJUE el 3 de marzo, en la que declaraba que estas cláusulas quedaban sujetas al control de transparencia y abusividad.
El pasado 3 de diciembre se publicó en el DOCG la convocatoria de subvenciones directas para la rehabilitación energética de edificios existentes, a fin de promover la reducción del consumo final de energía y el cumplimiento de los objetivos de energía y clima y, al mismo tiempo, promover la actividad económica, con fondos procedentes del fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Una de las modificaciones fiscales más comentadas que incorporará la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 es la que corresponde al tratamiento de los dividendos y plusvalías derivados de la transmisión de sociedades participadas (filiales).
