Como explicamos en su momento, el pasado 1 de mayo de 2020 entraron en vigor las medidas fiscales derivadas de la aprobación de los presupuestos generales para dicho año, entre las que había varias modificaciones respecto del Impuesto sobre Sucesiones.
Como cada año, por estas fechas, el BOE recoge las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, que constituyen las líneas maestras de la actuación de la administración tributaria en materia de prevención del fraude fiscal.
Las instrucciones publicadas el 29 de enero nos concretan, entre otros puntos, la manera de proceder para conceder el permiso general de hasta cuatro horas a que tienen derecho las personas trabajadoras para ejercer su derecho a voto.
El nuevo Real Decreto-Ley 2/2021 contempla la prórroga de todos los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) basados en causas relacionadas con la COVID-19 hasta el 31 de mayo de 2021.
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19, paralelamente con las medidas adoptadas por las diferentes administraciones, ha afectado en mayor o menor medida a los niveles de producción y venta. Por este motivo, si nos dedicamos al comercio o a la producción de determinados productos, nuestra empresa deberá valorar si la situación generada ha repercutido en la valoración de sus materias primas o productos terminados, debido a múltiples causas, tales como:
Ayer se publicaron en el DOGC las bases de la nueva ayuda dirigida al comercio obligado a cerrar con motivo de las últimas restricciones derivadas de la crisis sanitaria en Cataluña, que debían extenderse hasta el 24 de enero, pero que finalmente se prorrogarán durante dos semanas más.
Ahora que hemos terminado el ejercicio 2020, tal vez nos planteemos si las pérdidas que han sufrido las empresas —en muchos casos ocasionados por la crisis del Covid-19— pueden tener repercusión en las obligaciones del administrador societario de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad.
La existencia de una discapacidad conlleva, en no pocas ocasiones, dificultades en el día a día que incrementan el coste de la vida de quienes la padecen y pueden disminuir su capacidad para obtener ingresos. Es por ello que el legislador ha previsto variados mecanismos en forma de incentivos para ayudar a aquellas personas que acrediten, mediante el correspondiente certificado oficial emitido por la Generalitat de Cataluña, cierto grado de discapacidad, que generalmente deberá ser igual o superior al 33%, para poder acogerse a dichos incentivos
La Tesorería General de la Seguridad Social nos ha comunicado el cierre, a partir de enero de 2021, de las cuentas bancarias de las Unidades de Recaudación Ejecutiva en las cuales hasta ahora se tenían que realizar los ingresos de las deudas en materia de Seguridad Social que hayan contraído las empresas y autónomos, que se encuentren en vía ejecutiva, así como cualquier otro en cumplimiento de una actuación ejecutiva.
Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, siempre que se encuentren al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar la moratoria en el pago de las cuotas con la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta que se devenguen:
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